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Editorial: Un mensaje equivocado

La hora de cambiar llegó hace rato, así el Fiscal pretendan vender la idea de que quedan años.

09 de mayo 2015 , 10:33 p.m.

Como nunca antes, la justicia en Colombia atraviesa por un momento crítico. Dudas sobre la honestidad de magistrados, decisiones polémicas, muchas de las cuales han terminado en condenas penales, escándalos de tráfico de influencias y paros y gabelas injustificados componen un crítico cuadro que explica por qué hoy 8 de cada 10 colombianos, según todas las encuestas, no confían en su justicia o tienen una imagen desfavorable de ella.

Esa es la tozuda realidad que desconoce la sorpresiva posición que esta semana plantearon los presidentes de la Corte Suprema y los Consejos de Estado y Judicatura y el fiscal Eduardo Montealegre en su empeño por hundir la reforma de equilibrio de poderes. Cuando esa iniciativa, que en efecto tiene puntos polémicos pero que sin duda aporta en la solución de varios problemas críticos de la justicia, está a punto de lograr su aprobación en el Congreso, las cabezas de la Rama Judicial no solo piden que se hunda, sino que han planteado también la peligrosa tesis de que la depuración y los ajustes que son urgentes en el cerrado círculo de las altas dignidades de la justicia solo pueden realizarse a través de una asamblea constituyente.

Tan sorpresiva y polémica resultó esa salida que en las mismas cortes, donde es fuerte la oposición a la reforma que entra a séptimo debate en la Cámara, ya hay desautorizaciones públicas a sus presidentes sobre los alcances del pronunciamiento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Claramente, la propuesta de la constituyente implica un mensaje desinstitucionalizador, porque parte de la base de que el Congreso no tiene la legitimidad para reformar la justicia. Esa posición desconoce las facultades entregadas al Poder Legislativo por la Carta del 91 y acaba, paradójicamente, dándoles vuelo a sectores que, pensando más en sus propios intereses que en los del país, han propuesto incluso la revocatoria de todas las cortes frente a los escándalos de los últimos meses. En momentos en que el país negocia con una guerrilla que durante más de 50 años ha desconocido sus instituciones, no parece consecuente que sean el Fiscal General y los dignatarios de tres altas cortes los que terminen alimentando el arsenal político de las Farc en contra de la legitimidad del Estado.

Pero también se equivocan los jerarcas de la justicia, y en ello sí los acompaña la mayoría de sus colegas, al pretender dilatar aún más las soluciones de fondo que se requieren frente a muchos de los males que los aquejan hace años y que han contribuido al relajamiento moral y a la pérdida del respeto que por décadas hizo del Poder Judicial la reserva moral de todos los colombianos. El proyecto de equilibrio de poderes elimina la impunidad, que es sello de la Comisión de Acusación, y establece, por fin, un mecanismo de control que garantiza que los altos magistrados y el Fiscal General tendrán quién los ronde. Así mismo, impone condiciones más estrictas para llegar a las magistraturas, punto cuya importancia se pone en evidencia al comparar la distancia intelectual y moral que hay entre hombres como Alfonso Reyes Echandía y el recientemente fallecido Carlos Gaviria y algunos de los que llegaron a ocupar sus sillas en el Palacio de Justicia en la última década. De la misma manera, sorprende que las razones que se exponen en contra de la eliminación del desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura y la subsiguiente creación de un nuevo cuerpo que administre la Rama tengan más que ver con la pérdida de cuotas de poder sobre la burocracia de la justicia que con argumentos de peso que en realidad contribuyan a lograr un mejor uso de los recursos, siempre escasos, de la administración de justicia.

Por supuesto, los reparos de las cortes y el Fiscal frente al recurso deben ser oídos. La excesiva concentración de poder en el Ejecutivo es una preocupación que no solo el Poder Judicial ha expresado frente a la actual reforma. De igual forma, es fundamental que, como lo ha hecho valientemente en los casos de la narcopolítica y la ‘parapolítica’, se garantice que la Corte Suprema de Justicia siga teniendo todas las garantías para defender la democracia colombiana de la infiltración de poderosos criminales.

Hay dos debates aún pendientes y lo que procede es asistir a la Cámara a ayudar a construir un mejor acto legislativo. Pero atravesarse como mula muerta –como por cierto ha pasado frente a cada intento de reforma en la última década– en el camino de ajustes que no solo están sobrediagnosticados, sino que el país exige para volver a confiar en sus jueces y fiscales, suena más a defensa cerrada de privilegios, prácticas y blindajes indebidos que no solo no protegen, sino que van en contravía de los intereses más altos de la Nación. La hora de cambiar llegó hace rato, así el fiscal Montealegre y sus compañeros de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial pretendan vender la idea de que quedan años para hacerlo.

EDITORIAL

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