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Jubiz Hazbún, el químico preso injustamente por crimen de Galán

Por privación injusta de la libertad y daño a buen nombre, condenan a la Nación.

27 de febrero 2014 , 01:53 p.m.

Alberto Jubiz Hazbún, un químico farmacéutico de Barranquilla que murió en 1998, cinco años después de recuperar la libertad, estuvo preso desde 1989 hasta el 93 por un crimen que no cometió. Hoy, 16 años después, el Consejo de Estado condenó a la Nación por su privación injusta de su libertad, así como por el daño a su buen nombre y los de Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, sindicados de haber participado en el homicidio del dirigente político, Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca. (Condenan a la Nación a pagar 3 mil millones a sindicados en caso Galán).

Decenas de testigos hablaron ante la justicia de la inocencia de esos detenidos y no fueron escuchados. El testimonio más contundente fue el del exministro y excongresista Carlos Enrique Obando Velasco, quien reiteradamente afirmó que Jubiz Hazbún estaba en la tarde del 18 de agosto de 1998 con él en una oficina de Bogotá, en la que también estaban dos asesores tributarios del general Maza. Obando, que fue embajador en París y gobernador del Cauca, incluso escribió un libro en el que narró cómo estuvo a punto de ser asesinado porque se negó a cambiar su versión.

"Muchos fueron los testigos que bajo la gravedad del juramento desmentían las acusaciones realizadas por la Policía Nacional y por los testigos arrimados por el DAS y la Dijín", dice la Fiscalía.

Y agrega que el DAS consiguió un falso testigo que habló de un supuesto plan del narcotráfico para asesinar a Hubiz y "callar" la verdad del crimen de Galán. En ese montaje cayó preso un contador, Norberto Hernández Romero, a quien el falso informante señaló como el enlace de Jubiz Hazbún y también era inocente.

En febrero de 1990, cuando Obando dio su versión en favor de Jubiz Hazbún en el juzgado, lo esperó un supuesto miembro del DAS que le dijo que cambiara su declaración porque perjudicaba su institución, a lo que él se negó.

Días después, un hombre que se identificó como el teniente Paredes, de la Dijín, lo citó para confrontar versiones. Varios hombres lo buscaron en su apartamento y lo invitaron a acercarse a un taxi. Minutos después le hicieron cuatro disparos, uno de los cuales le dio en la cara. El taxi de los sicarios, según confirmaron varios testigos, iba escoltado por una moto de la Policía. La denuncia y los casquillos del atentado desaparecieron de los despachos judiciales. (Lea: El Estado paga 1,2 billones de pesos por demandas).

La Fiscalía coincidió con la Procuraduría en señalar que con el montaje para desviar el proceso de Galán "nacieron los falsos positivos y los carteles de testigos": "Esta desviación de la investigación evitó que la acción de los funcionarios judiciales se dirigiera de manera oportuna a indagar por la alianza de los miembros del Estado, los políticos, el paramilitarismo y el narcotráfico para perpetrar el crimen".

REDACCIÓN JUSTICIA