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Editorial: Inclusión: falta trecho

25 de febrero 2014 , 08:14 p.m.

Siempre es bueno hacer una pausa y revisar, cifras en mano, cómo va el país en materia de inclusión de las minorías, terreno en el que Colombia ha registrado avances sensibles en las últimas décadas, al punto de que su legislación en la materia es tomada con frecuencia como referente.

Los resultados del estudio del Centro Nacional de Consultoría, elaborados para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y publicados ayer por este diario, muestran un panorama que, sin llegar a ser crítico, bien podría ser mucho mejor. Así mismo, y esto es lo más importante, del debate que se ha generado ha surgido una hoja de ruta que tiene que ser prioridad.

Aunque la indagación se limita al sector empresarial, aun así alcanza a ser un reflejo de la situación en esta materia en otros campos. Llama la atención, en particular, el dato según el cual del total de personas que laboran en las 98 empresas de siete ciudades capitales que participaron en el sondeo solo el 8 por ciento pertenezca a minorías. Baja cifra, sobre todo cuando el porcentaje de la población del país correspondiente a estos grupos étnicos ronda el 15 por ciento. Es un déficit que no puede ignorarse. Cuando se trata de cargos gerenciales, la situación es, igualmente, poco halagadora: aquí la cuota se reduce a un 3 por ciento de afrocolombianos y 3 por ciento de mulatos.

Lo anterior pone de presente la importancia de actuar para que sean más sólidos los pasos en la senda de la inclusión. Para tal propósito, es necesario emprender acciones estructurales y otras puntuales.

Sobre lo primero, todo parte del hecho que pone de manifiesto Ray Charrupi, director de la ONG Chao Racismo: subdesarrollo y exclusión van de la mano. En esa medida, entre más se avance en educación, pero también en otros indicadores, más factible será que mejore la situación. Y es que aquí confluyen dos imperativos. Uno, el de la obligación ética que tiene la sociedad de garantizar que la igualdad de la que habla la Constitución no sea letra muerta; dos, el de darles prioridad a unos sectores de su población –las minorías en cuestión–, que además de padecer en carne propia el drama de ver que se les cierran las puertas por factores que no deberían nunca incidir, están en una situación desfavorable en términos de acceso a oportunidades, bienes y servicios, situación en la que algo influye, de nuevo, su origen étnico.

Es un círculo vicioso que hay que cortar. Al respecto sabe de qué habla Alexánder Micolta, presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, cuando sostiene, basado en su historia de vida, que la mejor estrategia contra la discriminación es el acceso a la educación.

Acerca de lo segundo, hay que tomar nota de las recomendaciones de esta misma entidad sobre la importancia de que la inclusión sea una estrategia de desarrollo y crecimiento, una apuesta ‘gana-gana’ que les permita a las empresas mejor desempeño, al tiempo que se genera un impacto positivo en la sociedad. Pero lo anterior solo será posible si por medio de la pedagogía se muestran los beneficios de tomar este camino, terreno en el que deberían verse más avances. En este sentido, es válida y debe tener eco otra de las propuestas de la ONG en el sentido de certificar a las entidades que se la jueguen por la inclusión.

Pero lo más importante es acelerar el cambio cultural que permita que sean cada vez más los que entiendan la importancia de que la diversidad, en todas sus dimensiones, en todas sus expresiones, sea valor fundante de esta sociedad.

EDITORIAL