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Corte Suprema negó tutela en caso Petro

A la Sala Penal también llegó el debate por la sanción impuesta al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

25 de febrero 2014 , 02:11 p.m.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió en segunda instancia una tutela que en primera negó el Tribunal Superior de Bogotá.

Un ciudadano, que se identificó como William Rosas, interpuso una acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá pidiendo el amparo a sus derechos en una tutela contra la Procuraduría General porque, dijo, no respondió un derecho de petición en el cual abogó por el mandato del mandatario local.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá respondió que había carencia de objeto, pues el derecho de petición había sido resuelto el 5 de septiembre de 2013.

Al revisar el caso, la Corte confirmó el fallo impugnado que negó el amparo por carencia de objeto. Agregó que sobre la mención de la sanción disciplinaria al Alcalde de Bogotá, "ese asunto no hace parte del derecho fundamental de petición, que considera conculcado y por el cual acudió a la extraordinaria vía constitucional".

"Tampoco está legitimado acudir a la vía de tutela a favor del burgomaestre de esta ciudad y escapan de la esfera del presente proceso constitucional", agregó la Sala Penal de la Corte.

Según Rosas, la Procuraduría le está violando el debido proceso y se le ha desconocido el artículo 40 de la Constitución porque él fue elegido por más de 700 mil votos.

De acuerdo con el demandante, el Ministerio Público no podía dictar la medida disciplinaria hasta cuando no se haga la revocatoria y pedía "abstenerse de proferir esa medida exagerada y de exabrupto jurídico".​

Niegan primeras 4 tutelas por cambio de fecha de revocatoria

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la Registraduría no ha vulnerado el derecho constitucional al control político al modificar la fecha de la consulta con fines de revocatoria.

Los ciudadanos que presentaron los recursos consideraron que sus derechos constitucionales y el control político estaban siendo vulnerados por el Ministerio de Hacienda y la Registraduría Nacional al no destinar los recursos para adelantar la consulta el 2 de marzo. La jornada electoral se llevará a cabo el próximo 6 de abril.

En la decisión el tribunal señaló que “la Registraduría Nacional del Estado Civil explicó debidamente las razones que le impidieron llevar a cabo los trámites requeridos para que la revocatoria se hiciera el 2 de marzo, las cuales se encuentran íntimamente relacionadas con la inexistencia de la partida presupuestal requerida para todos los procesos de contratación estatal ”.

Se señala además en las decisiones que “la revocatoria se celebrará de todos modos y en un plazo corto frente a la fecha inicial”.

REDACCIÓN JUSTICIA