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Fiscalía halla cinco correos 'hackeados' desde Buggly Hacker

Jefe de Inteligencia militar relevado dice que "en la sala Andrómeda no se podía interceptar".

24 de febrero 2014 , 08:31 p.m.

El general Jorge Zuluaga, exjefe de Inteligencia Técnica del Ejército, aseguró que desde la sala de inteligencia Andrómeda, que funcionaba en un café internet en el barrio Galerías, de Bogotá, no se podían interceptar correos electrónicos.

El oficial le dijo a 'W Radio' que el Ejército no tiene equipos para interceptar teléfonos y, por consiguiente, nunca se realizaron interceptaciones ilegales a los negociadores del Gobierno en La Habana, como lo denunció en su página de internet la revista 'Semana'.

Zuluaga agregó que tampoco hubo destrucción del material que se encontraba en la sala Andrómeda.

“En el allanamiento del CTI se incautaron 10 discos duros, seis equipos portátiles, dos memorias USB, un reproductor mp3, un DVR, dos cámaras de seguridad, una agenda y un cuaderno”, dijo el oficial, quien aclaró que dicho procedimiento se dio “luego de una llamada anónima a la Fiscalía en la que se informaba de una persona que manifestaba que en el local se hacían interceptaciones electrónicas”.

Ante el escándalo por el presunto espionaje militar, el pasado 4 de febrero el Ministerio de Defensa relevó del cargo al general Jorge Zuluaga y al general Mauricio Ricardo Zúñiga Campo, jefe de Inteligencia del Ejército.

El exjefe de Inteligencia militar añadió que en la fachada se hizo “todo legal y con transparencia” y que todos sus subalternos pasaron por el polígrafo.

“Nunca hallarán (en esos computadores) un nombre con una actividad ilícita”, aseguró el general Zuluaga, quien insistió en que “no era misión de Andrómeda interceptar”.

El general aseguró que uno de los propósitos de crear esa fachada fue “acercarnos a la comunidad de hackers, conocerla, conocer de ella, aprender y traer conocimiento”.

Y ante la polémica por la confirmación de que la cuenta de correo del presidente Juan Manuel Santos fue ‘chuzada’, el alto oficial insistió en que desde la sala Andrómeda “no se podían interceptar correos electrónicos”.

“Estamos para proteger al Estado, y más al comandante en jefe de las Fuerzas Militares (...)”, aseguró.

Mientras avanza la investigación, el general Jorge Zuluaga fue desginado comandante de la oficina de Desarrollo Humano. Este oficial fue uno de los cerebros de la operación Jaque, en la que fueron rescatados Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y 10 militares y policías.

Fiscalía halla cinco correos ‘hackeados’ desde fachada militar

Cinco correos electrónicos ‘hackeados’ encontró la Fiscalía en el primero de los computadores abierto y procesado por peritos del CTI que investigan las presuntas irregularidades en la fachada militar del café internet Buggly Hacker.

Fuentes oficiales señalaron que los correos corresponden a mujeres jóvenes que no tienen nada que ver con actividades políticas o públicas.

La Fiscalía citará a entrevista a estas personas para preguntarles si ellas autorizaron un ‘hackeo’ ‘ético’ de sus correos para establecer qué nivel de seguridad tenían, o si por el contrario no sabían que sus cuentas habían sido penetradas.

Pero si ellas no autorizaron el ‘hackeo’, según voceros de la Fiscalía, ya se configuraría un delito que podría poner a responder ante los jueces a los encargados de la fachada. Cerca de 40 investigadores trabajan en turnos dobles para acceder a la información de los computadores antes de mes y medio. Cada PC tenía claves de seguridad complejas y los peritos del CTI han tardado hasta cinco horas para superar cada acceso restringido.

Dos de los equipos no se han podido abrir y, por sospechas de que contienen información de seguridad nacional, se examina si se compra la tecnología para acceder a ellos.

De otro lado, la Fiscalía ordenó que un equipo de investigadores se traslade a México para entrevistar al pintor Fernando Botero y a su hijo, el exministro Fernando Botero, y establecer cómo fueron interceptados los mensajes que este último intercambió con el presidente Santos.

Igualmente, se verifica si esos seguimientos tienen alguna relación con la investigación a Buggly Hacker. Los investigadores también examinan la suplantación de la que fue víctima María Antonia Santos, hija del Presidente, a quien le llegó una factura de una empresa de telefonía por 114.000, cuando ella no firmó ningún contrato.

REDACCIÓN JUSTICIA