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Corte hará audiencia pública sobre Autopista para la Prosperidad

En esta diligencia se escuchará a las partes del proceso de licitación

24 de febrero 2014 , 07:07 p.m.

 

Antes de que la Corte Constitucional tome una decisión de fondo frente al tema de la licitación de la llamada Autopista para la Prosperidad, se realizará a mediados de marzo una audiencia pública en la que serán escuchadas las partes de este proceso.

La licitación, que supera los 400.000 millones de pesos y que tiene al gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, en juicio disciplinario, fue suspendida por una sala de revisión de la Corte Constitucional, luego de que el millonario contrato le fue adjudicado al consorcio Ribera Este.

Este lunes, en la Procuraduría fue escuchada la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, quien rindió su testimonio en el proceso que el ente disciplinario sigue contra el Gobernador del Magdalena. En su declaración, la ministra fue enfática en decir que Cotes no atendió ni respondió como ameritaba a las recomendaciones sobre los recursos entregados para este proyecto.

El Invias, el Ministerio de Transporte y el mismo presidente Juan Manuel Santos le pidieron al gobernador Cotes no adjudicar dicha licitación ante los indicios de supuestas irregularidades que se habrían cometido en la adjudicación de esta millonaria obra. Sin embargo, las recomendaciones no fueron tenidas en cuenta.

En pocos casos, la Corte ha ordenado medidas cautelares y ha citado a audiencias en este tipo de licitaciones públicas.

​El proceso contra Cotes

En el pliego de cargos, la Procuraduría determinó que al adjudicar dicha licitación al Consorcio Ribera Este, el gobernador del Magdalena actuó con "desconocimiento del principio de responsabilidad" al saber que el Invías había terminado con el convenio que financiaba el proyecto.

Además, el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales (Ideha), de la Universidad del Norte, había advertido sobre los efectos negativos que podría causar esta carretera en Barranquilla y algunos municipios ribereños del Atlántico con las crecientes del río Magdalena.

La Procuraduría encontró serias irregularidades en el proceso de licitación, porque en los cargos imputados al funcionario advierte que su condición de gobernador actuó con desconocimiento del principio de responsabilidad que vigila la actividad contractual del Estado, porque adjudicó la licitación sin hacer de forma adecuada el proceso de selección.

El Ministerio Público dice que el proceder del Gobernador “al parecer afectó y contravino los principios contractuales”, lo cual es considerado “una falta disciplinaria gravísima” cometida a título de dolo.

También indica en el auto que adjudicó la licitación sin los anexos y requerimientos técnicos que el pliego de condiciones amerita.

“Con este comportamiento (el gobernador) participó en la etapa precontractual, al parecer, con los desconocimiento de los principios de transparencia y responsabilidad que regulan la contratación estatal, y publicidad de la función administrativa”, agrega el documento de la Procuraduría.

 

REDACCIÓN JUSTICIA