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Educación y calidad

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23 de febrero 2014 , 08:27 p.m.

Los recientes anuncios del Gobierno, sobre la problemática educativa nacional, deben traducirse en decisiones para resolver de una vez por todas todo lo que al respecto se requiere para hacer de la educación la locomotora singular del desarrollo nacional.

Los pésimos indicadores de calidad de la educación y la desastrosa posición en el escalafón internacional demuestran que el problema es estructural en todo el sistema educativo nacional. Es de cobertura, de calidad, de inversión pública, de control y supervisión estatal, de responsabilidad política y social.

La meta de alta calidad en educación exige reestructurar y redefinir todo el sistema educativo, desde el prekínder hasta la universidad.

Toda decisión al respecto debe soportarse en diagnósticos concretos sobre la realidad de la educacional nacional. Debe escudriñar y reconocer las causas fundamentales del rezago y de la precariedad. Demanda, además, evaluación ponderada de metodologías y proyectos por desarrollar, para revertir y superar los factores adversos. Mayor cobertura demanda mayor inversión en infraestructura, dotación, innovación.

Durante la vigencia de la Constitución del 91, la financiación pública en valor constante se redujo ostensiblemente. El crecimiento de la planta física no corresponde al crecimiento de la demanda. Se duplicaron los cupos en el período, pero se redujo el número de horas diarias de clase, factor que quedó demostrado como contrario para la mejoría de calidad.

Invertir en educación de calidad es el mejor negocio que puede hacer un país, dijo en una oportunidad la actual ministra. Entonces, en la reforma integral, que parece, ahora sí, decidido a desarrollar el Gobierno, debe quedar plasmado ese criterio. Es inaplazable.

Debe tenerse en cuenta que los países que han logrado altos niveles de desarrollo y reducido significativamente la pobreza son los que mayor porcentaje de su PIB destinan a educación e investigación, tienen la mayor permanencia de estudiantes en clase, y mejor remunerados y valorados los docentes.

Mejor calidad demanda, además de más inversión, políticas concretas sobre formación académica, definición de condiciones únicas para la vinculación y ascensos, régimen salarial y de estímulos, para la permanencia y actualización de docentes.

Alcanzar altos niveles de calidad no obedece solo a la disponibilidad de dinero. Exige políticas públicas de vigilancia y control rigurosas.

La autonomía no puede confundirse con anarquía, laxitud y complicidad. La comunidad académica, la sociedad y el Gobierno deben ser conscientes de que la autonomía universitaria no se debe confundir con libertinaje e irresponsabilidad en la dirección y administración de las instituciones educativas, ni confundir la vigilancia y control con intromisión autoritaria indebida. La reforma debe precisar y reglamentar estos aspectos. Sin orden administrativo ni rigor académico es imposible alcanzar niveles aceptables de calidad. Esto debe estar claro.

Los gobiernos son ampliamente responsables de la mala calidad de la educación. Ha habido y hay demasiada tolerancia con los bajos resultados de la formación académica y el manejo de los recursos públicos, en particular en las universidades públicas regionales y con las denominadas ‘universidades de garaje’.

Deben establecerse plazos precisos para la acreditación de programas y prohibirse el desarrollo de programas de posgrado si no se dispone de la acreditación de todos los programas de pregrado que se desarrollan. Actualmente, de 1.000 programas de maestría, solo 16 disponen de acreditación. Deben definirse condiciones mínimas de puntaje en la prueba Saber Pro para otorgar los títulos correspondientes, pues estos son otorgados en nombre del Estado.

Una restructuración integral del sistema educativo nacional no debe ser un simple formalismo legal. Debe ser exigida rigurosamente a toda institución de educación, pública o privada. Debe disponer previsiones y reglamentación, capaces de solucionar cada uno de los problemas de la educación, diagnosticados y reconocidos, y satisfacer las expectativas y objetivos de calidad y cobertura. Además, debe establecer obligatoriedad de evaluación a docentes y recertificación profesional periódica.

Alcanzar niveles aceptables de calidad no se logra de la noche a la mañana. Exige financiación adecuada y oportuna, honestidad y rigor académico, continuidad en control y vigilancia estatales, en todos los aspectos, tanto en instituciones públicas como privadas.

Marcos Silva Martínez