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Desfalco en recompensas, otro frente de escándalo en Ejército

Según comunicaciones interceptadas, el Estado pagó más de un millón de pesos por cada fusil.

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22 de febrero 2014 , 09:35 p.m.

En las escandalosas conversaciones interceptadas al coronel Róbinson González del Río hay un nuevo frente de investigación: el presunto cobro de millonarias recompensas por cuenta de ‘falsos positivos’ relacionados con la entrega de armas.

El 19 de noviembre del 2012, el coronel González, investigado por ‘falsos positivos’, dice en una de esas comunicaciones interceptadas que el Estado paga más de un millón de pesos por cada fusil, y menciona unas armas que “están nuevas, que las guardaron sin usar”.

En la grabación –que hace parte de las evidencias entregadas por la Fiscalía a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en el proceso al magistrado Henry Villarraga– su interlocutor habla de coordinar un informante “con gente de afuera”.

La hipótesis que manejan los investigadores en este capítulo es que el coronel González del Río, que es protagonista central de uno de los mayores escándalos del Ejército en los últimos años, planeaba sacarle provecho a los programas de recompensas, que incluyen bonos a los reinsertados que se entregan con armamento. Por ejemplo, por un fusil reciben 1,5 millones de pesos. Otra grabación, del primero de marzo del 2013, refuerza la hipótesis. Ese día habló con un hombre identificado como el ‘Mono’, quien le dice que tiene “doce largos” y que “averigüe a cómo los pueden pagar”.

Mientras la Fiscalía avanza en esa investigación, EL TIEMPO conoció que la comisión interinstitucional convocada por el Gobierno para revisar la contratación ya tiene reparos sobre algunos de los negocios mencionados en las conversaciones del coronel, que fueron reveladas por la revista Semana. En efecto el Ejército compró, a través del Batallón de Ingenieros, cerca de 60 mil unidades de ‘gafas antifragmentación’ por las que se pagaron 5.666 millones de pesos. En la revisión se ha encontrado que una primera adjudicación se revocó, por una aparente falsedad documental. Se indaga si el valor pagado por cada unidad, unos 95 mil pesos, corresponde a la realidad del mercado. Se sabe también que algunas unidades resultaron con imperfectos.

Un segundo negocio genera dudas más concretas: hasta ahora nadie ha explicado por qué se contrató con plata de gastos reservados (y por lo tanto sin todos los requisitos de contratación) la adquisición de una especie de reatas utilizadas para la inserción y extracción de personal en zonas de operaciones. Esos contratos, que valieron casi 10 mil millones de pesos, no tienen relación alguna con las labores de inteligencia, pago de informantes y protección de testigos, que es para lo que normalmente se usan los gastos reservados.

Otra duda es por qué hubo dos contratos sobre el mismo objeto con dos uniones temporales diferentes que, tras una primera indagación, se encontró que estaban conformadas por las mismas empresas.

Las investigaciones se abrirán al manejo de recursos para temas logísticos en varias unidades. En la Serranía de La Macarena, donde hay fuerte presencia de cultivos y laboratorios del narcotráfico, están embolatados centenares de galones de combustible. Hay preocupación por el destino de la gasolina, que se usa para procesar la pasta de coca.

En 10 meses, el coronel González del Río registró 35 salidas de su cárcel

Las conversaciones interceptadas al coronel Róbinson González del Río dan cuenta de que se movía sin restricción a pesar de su condición de preso. Las autoridades tienen reportes de que entre septiembre del 2012 a junio del 2013 salió 35 veces del Centro de Reclusión Militar de la PM-13, sin justificación aparente.

Casi a diario, el coronel rastreaba las sesiones del Consejo Superior de la Judicatura en las que se definiría si su caso pasaba de la justicia ordinaria a la militar. El 5 de marzo del 2013 habló por un minuto con un hombre identificado como Carlos y le preguntó si conocía a alguien en el Partido Conservador, pues aparentemente un funcionario judicial allegado a ese partido estaba “poniendo peros” a su caso.

Ocho días después, el oficial habló con el abogado José Joaquín Cristancho, quien afirmó que estuvo en la Judicatura y que por lo que escuchó “ya estaba todo listo y sale bien”.

Sin embargo, el 8 de mayo la Judicatura negó la ponencia del entonces magistrado Henry Villarraga que favorecía al oficial y que había sido presentada por la abogada y exjueza Carmen Johana Rodríguez, quien asesoraba a investigados por ‘falsos positivos’ y es recordada porque fue la jueza que tumbó la orden de captura del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.

En las grabaciones, González habla con sus subalternos, habla de giros de plata y muestra su preocupación de que alguno pueda hablar con la Fiscalía. “¿Será que ese man ha dicho algo en una declaración?”, dice en una interceptación de marzo 20 de 2013. Su interlocutor le responde que “ese man está como arisco, pero que por ahora no ha dicho nada”.

REDACCIÓN JUSTICIA