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Medidas de CIDH a favor de Petro costarían billones al país: Ordóñez

Procuraduría advierte que más de mil funcionarios electos que han sido destituidos podrían demandar.

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19 de febrero 2014 , 09:03 p.m.

Dos billones cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos veintisiete millones cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento sesenta y ocho pesos ($2.469.327.447.168).

Ese es el monto que el Estado colombiano se vería obligado a pagar en caso de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decida conceder medidas cautelares en favor del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro con el fin de evitar su destitución.

La cifra hace parte de un informe que presentó la Procuraduría General de la Nación a la CIDH ayer miércoles y que fue obtenidos por EL TIEMPO.

El informe está dirigido al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, y es una especie de memoria de los argumentos que utilizó el Procurador Alejandro Ordóñez, durante su reunión en Washington la semana pasada con Álvarez.

En este, Ordóñez le advierte al Secretario que al menos 1076 funcionarios de elección popular que han sido destituidos por la Procuraduría desde 1991 podrían demandar al Estado amparándose en las medidas cautelares de Petro, ocasionando un grave perjuicio la patrimonio público.

Según el informe, en su solicitud a la CIDH el Alcalde alega que las autoridades administrativas no son competentes para restringir los derechos políticos de las personas, en la medida en que según el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos solo lo podría hacer un juez penal mediante una sentencia condenatoria.

Para el Procurador, si la CIDH valora este razonamiento, y las concede, estos 1076 funcionarios podrían alegar que la decisión de la CIDH -de acogerse por el Estado- representa un cambio de interpretación constitucional y legal de las funciones de la procuraduría respecto de la función disciplinaria de los elegidos popularmente y exigir una reparación.

El documento incluye soportes estadísticos en donde se suman, uno por uno, los salarios no pagados de estos funcionarios al igual que las indemnizaciones a las que tendrían derecho.

La suma podría ser aún mayor si se incluyen a los servidores públicos de elección popular que no se les ha destituido o inhabilitado pero se les ha impuesto sanción de suspensión, multas o amonestaciones escritas.

Así mismo, dice el Procurador, la medida cautelar dejaría sin efecto cientos de procesos administrativos y judiciales que hacen parte del sistema jurídico colombiano.

Entre ellos 531 casos de medidas de aseguramiento que impliquen privación de la libertad de funcionarios elegidos popularmente, 92 casos por acciones de pérdidas de investidura contra concejales, diputados y congresistas y muchos otros de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General.

Además, los electos por voto popular podrían negarse de ahora en adelante, invocando el derecho humano a la igualdad, a ser investigados o sancionados por cualquier autoridad administrativa.

En resumen, dice Ordóñez al concluir su informe: “Una eventual medida cautelar en el caso del señor Gustavo Petro Urrego ocasionaría una grave afectación a la institucionalidad colombiana, a la seguridad jurídica, al patrimonio del Estado, a la búsqueda de la eficacia de la gestión pública y al esfuerzo por combatir eficazmente la corrupción”.

Petro radicó su solicitud de medida cautelar el 28 de octubre y desde entonces se espera una decisión de este órgano hemisférico. En sus últimas declaraciones públicas, el Secretario Álvarez indicó que la CIDH sigue de cerca el caso y está pendiente de la resolución de las acciones de tutela y otros recursos que de momento han frenado la destitución decretada por la Procuraduría.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON