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¿Publicidad o compra del voto? Los peligros de un regalo en elecciones

¿Cómo determinar frontera entre el delito y la promoción de candidaturas? Responden expertos.

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19 de febrero 2014 , 01:42 a.m.

En tiempos de elecciones, es común ver a algunos candidatos en varias regiones del país dedicados a promover entre sus votantes el famoso TLC: Tamal, Lechona y Cerveza. Pero el tema no es sólo alimenticio o etílico. No son pocas las denuncias que, desde ya, se escuchan sobre aspirantes repartiendo electrodomésticos, mercados y 'kits' escolares, entre otro tipo de elementos.

La Misión de Observación Electoral, en su página 'Pilas con el voto', se ha encargado de hacer una meticulosa recopilación de todas las denuncias de posibles delitos electorales. Y hasta la fecha, los reportes de irregularidades ya pasan de 300, la mayoría de ellos dados a conocer entre enero y febrero de este año.

Pero además, en las redes sociales, se han desatado varios escándalos. El más reciente de ellos tiene que ver con el candidato 'Jocho' García, señalado de cambiar votos por casas gratis y a quien la superintendencia ya le abrió pliego de cargos por recopilación ilegal de datos.

Pero también circulan fotos. Por ejemplo, la del candidato José Caicedo, candidato a la Cámara por La U en Cundinamarca, y quien usa un 'kit' escolar para promover su campaña, basada -dice- en la defensa de la educación. Y la 'pizza con Paloma', iniciativa en la que la aspirante al Senado por Centro Democrático, Paloma Méndez invita a sus seguidores a compartir una pizza mientras discute sus políticas.

Eso sin contar que cada aspirante imprime, para repartir en los días previos a los comicios, cientos de camisetas, gorras, esferos, botones, llaveros y otros muchos elementos publicitarios. Y la pregunta que surge es: ¿Hasta dónde es justificable entregar regalos o recordatorios a nombre de una campaña política? ¿Cuándo este tipo de 'obsequios' dejan de ser inocentes para convertirse en una presión al votante para favorecer a un candidato?

En el Código Penal Colombiano están consignadas las 11 acciones que atentan contra el libre ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Son los llamados delitos electorales. Y uno de ellos tiene que ver, precisamente, con este punto.

Se trata del artículo 390 del Código, en el que se establece el delito de 'Corrupción al sufragante'. Allí se señala que en este delito incurre la persona que "prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto a favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco o se abstenga de hacerlo".

Ese delito, según la norma, le da al culpable entre 48 y 90 meses de cárcel. Sin embargo, tal como lo señalaron expertos consultados por EL TIEMPO, la dificultad radica en que la norma es muy general. Es decir, no deja claro cuándo un cuaderno deja de ser publicidad para convertirse en un elemento para corromper a un eventual votante.

En palabras de un ex asesor del Consejo Nacional Electoral , quien pidió no ser identificado, lo mejor para evitar inconvenientes es evitar cualquier tipo de regalo sin importar de qué tipo sea. "Todo lo que vaya encaminado a alterar la conciencia del elector, para que vote a cambio de dinero o algún elemento material, es un delito", dijo.

En su concepto, son los jueces y los fiscales quienes deben determinar cuándo se rompe la frontera entre la simple publicidad política y la corrupción al elector. "Pero en general una dádiva a cambo del voto constituye corrupción electoral", dijo.

Por eso, el consejo de este jurista es claro. Mejor no entregar nada, ningún elemento que pueda generar sospechas y convertirse en una posible investigación por corrupción al elector. "El candidato debe andar con propuestas, con ideas, con lo que va a hacer. Y el verdadero regalo, al momento de ser elegidos, es obrar correctamente".

De otra opinión es Camilo Mancera, de la Misión de Observación Electoral (MOE). En su concepto, si bien la frontera entre el delito y la publicidad es demasiado difusa, está marcada por un elemento clave: la necesidad básica de un candidato de dar a conocer su nombre en medio de la contienda.

"Hay medios para lograrlo, como cachuchas, esferos, sombrillas y llaves que llevan el logo del partido, el nombre y el número en el tarjetón. Este tipo de regalos los usa el candidato para presentarse, para que quede claro quién es y posicionarse ante el elector. También valen las iniciativas para divulgar el programa", dijo Mancera.

Otra cosa es cuando se trata de un beneficio adicional que nada tiene que ver ni con el programa ni con la simple intención de darse a conocer. "Son esas situaciones en las que se ofrecen becas, baterías sanitarias, abanicos, bultos de cemento y hasta 50 mil pesos por voto. Ahí ya se puede ver una clara intención de cambiar la voluntad del elector", dijo el especialista.

Esos casos por lo general quedan en evidencia durante la misma jornada electoral o un par de días antes. "Muchos candidatos, con la cédula en su poder, verifican si en efecto sus personas votaron o no por ellos o si hay una lista de convocados a votar. Ahí se empieza a pagar. El día de elecciones es cuando realmente se ve dinero circular": aseguró Mancera.

Un delito complicado de descubrir

Pero más allá de la frontera, es muy complicado descubrir este tipo de prácticas para poderlas judicializar. La corrupción al elector es un delito silencioso que se maneja, en gran parte, con la complacencia de unas comunidades que le dan poco valor al sufragio y ven como prácticas normales las rifas, los regalos y se los tamales.

"El problema es que es una transacción donde ambos 'ganan'. Ninguno aceptará que hace parte del negocio y no hay rastro de lo entregado en los libros de contabilidad. Entonces, a menos que sea grabado el hecho o que alguien de la campaña filtre información, es muy difícil que prospere una investigación", consideró José Vicente Sánchez abogado especializado en derecho Electoral y Penal de la Universidad del Rosario.

Pero las consecuencias no son pequeñas. En concepto de Sánchez, vender el voto, además de llevar al poder a un corrupto, le quita al elector el derecho a reclamar si no cumple sus promesas. En pocas palabras, se desdibuja la democracia representativa y el ciudadano pierde la posibilidad de controlar de forma efectiva a quien llevó a las urnas. "¿Cómo reclamar si se sabe que le van a sacar en cara el dinero o la dádiva que le otorgaron?", remató el abogado.

RAFAEL QUINTERO CERÓN
ELTIEMPO.COM
@TheFugazi