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Editorial: Tras la tormenta

18 de febrero 2014 , 08:25 p.m.

Una vez se revelaron las comprometedoras grabaciones del coronel Róbinson González, muchos pronosticaron cambios en la cúpula militar. Tal augurio se cumplió ayer cuando cinco generales fueron llamados a calificar servicios por razones que van desde no haber actuado pese a conocer irregularidades y poseer mayor antigüedad que quienes ascienden, hasta el alto costo de unas declaraciones desobligantes.

Este último fue el motivo que ocasionó la salida de quien venía ocupando el cargo de comandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero. A este grupo se suma el general Javier Rey, quien había renunciado el lunes y era jefe del Estado Mayor Conjunto.

Más calmadas las aguas, hay que recoger las lecciones que dejó esta crisis. Queda claro que la manera como se está llevando a cabo la contratación en el Ejército necesita un revolcón o cuando menos una reingeniería. Que se acuda con tanta frecuencia a la contratación directa y que sea tan amplia la autonomía de cada fuerza a la hora de disponer de sus recursos son dos factores, entre varios, que generan sombras y dan la impresión de que un campo que –con las excepciones que involucran asuntos de seguridad nacional– debería ser abierto y referente de buenas prácticas tiene más bien rasgos de cofradía de acceso restringido. Depurar procesos, darles un perfil más elevado a los civiles en la toma de decisiones, así como involucrar una visión más técnica que jerárquica en el manejo de las finanzas de las diferentes fuerzas son pasos que ojalá pronto podamos celebrar.

Y es que si una enseñanza queda de este episodio es que la reserva que, insistimos, por supuesto debe existir sobre ciertos aspectos del gasto militar no puede ser interpretada como una suerte de patente de corso a la hora de disponer del presupuesto. La comprensible discreción, así como la prisa que a veces caracteriza el gasto en este terreno, no son de ninguna manera incompatibles con una óptima gestión. Esta última es necesaria, no solo porque se trata de cuantiosos recursos públicos –el sector de seguridad y defensa es el que se lleva la mayor parte del presupuesto nacional–, sino porque es prerrequisito fundamental si se quieren lograr triunfos en el campo de batalla.

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