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Proceso de paz, en suspenso por elecciones de Congreso / Análisis

Con dos acuerdos y avances en cultivos ilícitos, espera composición legislativa.

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15 de febrero 2014 , 10:31 p.m.

A tres semanas de la elección del nuevo Congreso, el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc ha entrado en expectativa.

La incertidumbre, que hace un año era del país frente a los diálogos en La Habana, ahora es de la mesa de conversaciones frente a los resultados de la jornada electoral del 9 de marzo.

Será al nuevo Congreso al que le toque legislar sobre los eventuales acuerdos con la guerrilla –por ahora con las Farc y quizás más adelante con el Eln–, y la manera como quede integrado puede cambiar la marcha del proceso de paz.

El 3 de marzo del 2013, cuando una comisión del Legislativo visitó a los delegados de las Farc en La Habana, con la urgencia de acuerdos antes de agosto de ese año para garantizar que este Congreso, afín al proceso de paz, alcanzara a tramitar las leyes que lo hicieran viable, habían pasado apenas tres meses de negociaciones y no había un solo acuerdo.

Un año después, hay uno sobre acceso y uso de la tierra –origen del conflicto con las Farc–, otro sobre las garantías políticas para los movimientos que surjan tras un eventual acuerdo de paz, y avances en el primer subpunto sobre cultivos ilícitos y narcotráfico.

Es decir, acuerdos sobre 9 de 21 subpuntos de negociación (son 27 en la agenda, pero 6 se refieren a la mecánica de funcionamiento de la mesa). Algo así como en el 43 por ciento de la agenda, si la medida –que por supuesto no debe ser porque todo está dado por la complejidad de los temas– fuera la cantidad de subpuntos superados.

El hecho es que ahí se va a quedar el proceso de paz, a pesar de la ronda de diálogos que habrá entre el 24 de febrero y el 6 de marzo. Así será por lo menos hasta que pasen las elecciones para Congreso.

Y así lo asumen ya los negociadores del Gobierno, aunque su meta a comienzos de año era que hubiera acuerdo sobre cultivos ilícitos y narcotráfico antes del 9 de marzo.

La expectativa sobre el número de legisladores que tendrán los críticos del actual proceso de paz lo mantendrá en stand by. Ahí cuentan los del Centro Democrático –partido del expresidente Álvaro Uribe– y los de la facción conservadora que representa la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez.

Si bien no todos los acuerdos con las Farc deben pasar por el Congreso, pues para algunos será suficiente el mecanismo de refrendación popular que se defina en la mesa de paz, otros fundamentales, como el modelo de justicia transicional, sí.

Será, por ejemplo, mediante una ley estatutaria –que tiene control constitucional previo– que se establecerán los delitos conexos al delito político. En últimas, esto es lo que determina si algunos jefes de las Farc pueden participar en política.

También debe pasar por el Congreso lo acordado entre el Gobierno y la guerrilla para que los partidos que no alcancen el umbral –número mínimo de votos según el potencial electoral– no pierdan la personería jurídica. Esto busca mantener en el juego político a los movimientos que surjan a partir de los acuerdos de paz, mientras se dan a conocer.

Como este punto, también requiere de una ley del Congreso el acuerdo que busca potencializar la extinción de dominio sobre predios que no tienen un uso adecuado y que, eventualmente, se requieran para el fondo de tierras.

Serían suficientes 30 senadores opositores del actual proceso de paz, entre uribistas y conservadores, para obstruir, o por lo menos frenar o forzar cambios en leyes necesarias para hacer viables los acuerdos de paz.

Un escenario como este alentaría la insistencia de las Farc en una asamblea constituyente. Y el tema sigue sin acogida dentro del Gobierno, entre otras cosas, porque haría mucho más largo el camino para cerrar el conflicto.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
En Twitter:@MarisolGmezG