Archivo

Gobernador de Córdoba siente miedo de abogados

No les pago $400 millones del sonado caso de corrupción en el sector educativo.

15 de febrero 2014 , 02:31 p.m.

El temor del gobernador Alejandro Lyons Muskus, se debe a que frenó el pago de 400 millones de pesos que, por concepto de honorarios, pretendían cobrar los abogados y hermanos Heliodoro y Jaime Agámez Pineda, inmersos en un sonado caso de corrupción en el sector educativo y por el cual están prófugos de la justicia.

Lyons, quien destapó el más grande desfalco que se pretendía hacer a la Gobernación de Córdoba por 280 mil millones de pesos a través de falsas denuncias de profesores que aparecen otorgando poder a los abogados Agámez, reconoció que la decisión administrativa podría traerle consecuencias lamentables a él o su familia.

“Un cartel es una organización y esto es muy similar a la mafia lo que tenían montado los hermanos Agámez Pineda, por eso se siente algún temor por las retaliaciones que son apenas naturales y lógicas frente al servidor, pero también por la familia”, reconoció Lyons.

Sin embargo, dijo confiar en las autoridades que lo resguardan. “Confiamos en Dios y en las instituciones y yo se que la fuerza pública nos va a proteger, no sólo en mi condición de servidor público, sino a mi familia, que es lo que más preocupa”, agregó el mandatario.

Agregó que aunque sí serán reconocidos los derechos de los profesores que instauraron las denuncias verdaderas y justificadas, el desembolso se hará directamente a los afectados.

“La Gobernación no estima conveniente girarle estos recursos a los señores Agámez por concepto de honorarios, teniendo en cuenta que sobre ellos pesan órdenes de captura vigentes o están prófugos de la justicia, por irregularidades que hemos denunciado y que radican en el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, en consecuencia el cien por ciento de estos dineros serán girados a las cuentas de los docentes y de los funcionarios administrativos”, dijo Lyons.

La historia

El escándalo por el cobro irregular de pensiones del magisterio se conoció a mediados del año 2012, cuando un maestro de la nómina departamental denunció que su nombre había sido utilizado para cobrar 500 millones de pesos en una falsa demanda instaurada por él.

Los beneficiarios en el giro de esos dineros fueron los hermanos Heliodoro y Jaime Agámez Pineda, quienes aparecen en los documentos como los abogados apoderados del supuesto demandante.

Desde entonces, el gobernador Alejandro Lyons, denunció el caso ante la Fiscalía y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que iniciaron una revisión de las múltiples demandas instauradas.

Las demandas se relacionaban con supuestos despidos injustificados, mala liquidación de las prestaciones sociales, pagos atrasados de derechos adquiridos por antigüedad, entre otros.

Con la complicidad de funcionarios de la secretaría de educación departamental de Córdoba y algunos jueces en Lorica, Chinú, Sahagún y Planeta Rica en ese departamento, los abogados Agámez Pineda lograron el desembolso de al menos 20 mil millones de pesos, los cuales no llegaban a los bolsillos de los supuestos denunciantes.

Tras la comprobación de las irregularidades, la Fiscalía ordenó la captura de los hermanos Pineda y otras 12 personas que habrían colaborado desde sus cargos en la Secretaría de Educación y en los despachos judiciales para tramitar y hacer prosperar las demandas.

Sin embargo, la mayoría de los capturados lograron recuperar su libertad, entre ellos los hermanos Pineda, a quienes la Fiscalía les perdió el rastro y hoy están en la clandestinidad.

Gudilfredo Avendaño Méndez
Especial para EL TIEMPO
Montería