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Ejército no halló rastro de actos ilegales en operación 'Andrómeda'

Sin embargo, se reconocieron errores, Seis militares serán separados mientras se investiga.

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14 de febrero 2014 , 04:43 p.m.

La investigación interna del Ejército no encontró indicios de actividades ilegales en la fachada de inteligencia militar que funcionó hasta hace algunas semanas en el negocio Buggly Hacker y que terminó allanada por la Fiscalía.

Esa es la principal conclusión de la Inspección de esa fuerza, que el viernes entregó el informe que le ordenó el presidente Juan Manuel Santos la semana pasada y que deja en manos de la Fiscalía y la Procuraduría la misión de establecer, de fondo, si en ese sitio se llevaron a cabo interceptaciones de comunicaciones sobre ‘blancos de inteligencia’ no permitidos.

El general Ernesto Maldonado, inspector general del Ejército, aseguró que se revisaron las órdenes de operaciones sobre las actividades de los años 2012, 2013 y 2014, y que se encontró que todas estaban “debidamente soportadas”. De la misma manera, los gastos reservados fueron auditados y no se encontró rastro de irregularidades. (Lea acá el comunicado completo del Ejército)

“La creación de la fachada Buggly Hacker fue legal, con fundamento en la Constitución Política de Colombia, directivas, reglamentos y el ‘Manual de manejo de redes e informantes’ ”, dijo el general Maldonado.

La Inspección realizó 10 entrevistas y 22 pruebas de polígrafo. Lo que dijeron los que participaron en la operación de esa estación, conocida como Andrómeda, fue que “en ningún momento adelantaron interceptaciones de comunicaciones” y que “no realizaron actividades ilícitas”.

El Ejército reconoce que “se presentaron errores de procedimiento y de contrainteligencia en el manejo de la fachada para proteger el secreto de la operación”, que terminó no solo descubierta por la Fiscalía sino en la mira de toda la opinión pública nacional.

Según dijo Maldonado, es claro que “personas ajenas al proceso tuvieron conocimiento del funcionamiento de la fachada” y que hubo “fallas de control y supervisión”. Seis militares –entre ellos el mayor que montó Buggly Hacker– que intervinieron en la operación fueron separados de sus cargos mientras se adelanta otra investigación interna.

El informe recomienda realizar supervisiones periódicas sobre otras operaciones, para garantizar que están cumpliendo los estándares de la nueva Ley de Inteligencia y Contrainteligencia.

Mientras la Fiscalía sigue con sus investigaciones, la Procuraduría asumió la disciplinaria, en uso del poder preferente.

Las dudas por ‘hackeo’ no paran

El director del Partido Liberal, Simón Gaviria, le dijo a EL TIEMPO que una fuente de alta credibilidad reveló que “hay 400 ‘whatsapps’ y 500 pines de Blackberry y decenas de correos electrónicos interceptados” por la inteligencia militar.

Según Gaviria, entre las personas espiadas habría periodistas, políticos y empresarios, y la mayoría fueron ‘blancos de inteligencia’ sin que mediara una orden judicial. “Dicen que había una carpeta del Partido Liberal y otra del Polo Democrático”, aseguró.

El presidente Juan Manuel Santos, que el viernes temprano recibió el informe de la Inspección del Ejército, había pedido desde el jueves que la Procuraduría hiciera uso del poder preferente para asumir la investigación disciplinaria.

Además de los seis suspendidos el viernes y de los dos generales de la semana pasada, está en vilo el comandante del Batallón de Inteligencia n.° 13, que también tenía mando sobre lo que pasaba en Buggly Hacker. La Fiscalía 56 de Bogotá realiza la investigación penal.

REDACCIÓN JUSTICIA