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En duda la interventoría a los colegios de calidad de Medellín

El mantenimiento técnico para contrarrestar defectos de fábrica consume presupuesto para estudiantes

13 de febrero 2014 , 10:38 a.m.

Cuando Sergio Fajardo propuso, como alcalde de Medellín, la construcción de los colegios de calidad habló de ‘equipamientos sociales’.

Presentó un proyecto con el que, además de aumentar la cobertura educativa en zonas en las que era muy baja, transformaría el panorama y la vida de los barrios en los que sería erigido y de las personas que de él se beneficiarían.

Un monto cercano a los 232.000 millones de pesos fue la inversión estimada para la puesta en marcha de 10 instituciones educativas, las cuales fueron concebidas como espacios abiertos, de cara a la comunidad e integradas al territorio.

Esto marcó, desde el principio, una directriz en cuanto a cómo debía ser el diseño arquitectónico.

El municipio suscribió entonces un convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) para que fuera esta, precisamente, la encargada de sacar adelante el plan acorde con las necesidades que previamente habían sido identificadas.

En algunos casos, la entidad constructora sugirió diseños a través de contratación directa -con su personal de arquitectos o su taller de diseño-, y en otros, recurrió a terceros.

De esta forma, para la fase de ejecución, se llevaron a cabo licitaciones de contratación abierta donde hubo participación de un sinnúmero de firmas que debían estar capacitadas para este tipo de obras, es decir, debían tener experiencia y disposición financiera y logística.

Sin embargo, de manera directa o indirecta, fue responsabilidad de la EDU presentar al operador, a la Secretaría de Educación en este caso, lo que se haría en términos de ejecución presupuestal, técnicos y operativos. Y esta última dependencia fue la encargada de aprobarlos.

Con materiales y procedimientos constructivos ya definidos y aprobados, y de acuerdo con la disponibilidad de recursos, los colegios de calidad fueron construidos a varias manos.

La EDU licitó también la interventoría de estas obras. En unos colegios se encargaron personas naturales, en otros, personas jurídicas.

Finalmente, la Secretaría de Educación fue quien aceptó y recibió las obras finalizadas. Y a este mismo despacho la EDU socializó la forma en la que debía mantener cada una de las instalaciones del equipamiento para tener una durabilidad en el tiempo.

Sin embargo, tanto para el operador, como para el ejecutor de estos colegios, las pésimas condiciones de infraestructura en las que muchos se encuentran, “son producto del vandalismo de los estudiantes”.

Con lo que quieren decir que pisos no impermeabilizados, espacios a la intemperie sin pintura anticorrosiva, espacios sin ventilación, grietas, cocinas sin trampa de grasas, obstrucciones sanitarias, cielos falsos rotos, material bibliográfico desechado por hongos a raíz de la humedad, salones de transición inundados, inestabilidad de la estructura en sí, ventanas que se caen con el viento y más, “hacen parte de equipamientos sociales que los alumnos no saben cuidar”.

La EDU se ocupa de las pólizas vigentes

EL TIEMPO habló con Jorge Montoya, subgerente de proyectos de la EDU, sobre la responsabilidad que tiene con el estado actual en el que se encuentran algunos colegios de calidad.

Al respecto comentó que estas obras públicas se hacen bajo procesos en los que los contratistas se suscriben a una póliza de estabilidad con la que se acuerda que durante un periodo de cinco años cualquier contingencia que tenga que ver con procesos constructivos, tipo de materiales y observaciones desde el punto de vista de la garantía, se cubren en el proceso posterior a la entrega de la obra y siempre y cuando se puedan verificar.

En este momento tienen un equipo que se encarga de la atención en este tema y que acude a los contratistas de las obras a las cuales no se les ha vencido su póliza de estabilidad.

Montoya aseguró también que es importante tener en cuenta que durante estos cinco años el equipamiento está en servicio, operación y uso, por lo que la Secretaría de Educación es la encargada de salvaguardar que se realice el mantenimiento y evitar un mal uso que conlleve al deterioro.

Del mismo modo advirtió que antes de emprender un proyecto constructivo, la EDU realiza con la comunidad un ‘taller de diseño’ en el que se tienen en cuenta los deseos de quienes viven en el territorio en el cual se ha de intervenir.

Estuvo de acuerdo con que los espacios deben ser dignificantes y aclaró que estos colegios fueron ejecutados hace ya varios años, por lo que no es prudente emitir juicios. Por último, aclaró que la EDU no construye para estratos, sino para seres humanos.

Secretaría de Educación admite la responsabilidad que tiene

La Secretaría de Educación destina un presupuesto anual para el mantenimiento de los colegios de calidad.

Uno de ellos, por ejemplo, se hizo bajo el modelo arquitectónico torque o torsión mecánica que implica, con los demás cuidados, más de 40 millones de pesos que deben ser invertidos en un intervalo de tiempo no muy largo.

El rector debe sacar del presupuesto, que podría emplear en dotación para la biblioteca, para un laboratorio o para una sala de informática, y preocuparse porque esa estructura metálica no se venga cuesta abajo.

No obstante, esta institución va a recibir 400 millones de pesos, según lo afirmó Juan Diego Barajas, subsecretario Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación. Esta cifra hace parte de un total de 1.900 millones de pesos que serán repartidos en diferentes instituciones educativas debido a las denuncias que constantemente se han hecho sobre el deterioro en cuanto a infraestructura.

El funcionario afirma que muchas veces se trata de un abuso por parte de la comunidad educativa y que en ese sentido vale la pena hacer un llamado a una adecuada apropiación, respeto y cuidado de los espacios.

En cuanto a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, o conocidos como el giro de gratuidad, aclara que deben tener dos connotaciones: por un lado, asegura que si bien no son pocos, saben que muchas veces no resultan suficientes debido a las problemáticas que se han presentado.

Pero, por otro, afirma que es de ahí de donde los rectores deben sacar el presupuesto para el mantenimiento preventivo.

Lo que quiere decir que el mantenimiento técnico y arquitectónico de estas obras públicas, para contrarrestar defectos de fábrica, consume presupuesto que podría ser destinado para estudiantes.

MANUELA SALDARRIAGA H.
Para EL TIEMPO
Medellín