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Tensiones carcelarias y praxis de la justicia

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12 de febrero 2014 , 06:15 p.m.

Cuando ocurrió la tragedia de la cárcel de Barranquilla se advirtió que era explosión accidental del fenómeno común de la sobrepoblación y el hacinamiento de las cárceles colombianas, pero no se pensó que episodio igual o semejante pudiera suceder pronto en otras. Sin embargo, ahora mismo se vuelve a contemplar la expresión de esta crisis carcelaria en el área metropolitana de Bucaramanga, con cierres preventivos de la sobrecargada Modelo, ubicada en su perímetro urbano, y de la de Palo Gordo, en Girón. Los múltiples casos de tuberculosis dispararon las señales de alerta.

El amontonamiento en el primero de tales establecimientos penitenciarios de 2.906 reclusos, donde solamente caben 1.350, demuestra a las claras la situación explosivamente inhumana de la mayoría de las cárceles colombianas. ¿Por qué el problema se agrandó y precipitó en tan corto tiempo? Conforme se ha observado desde varios ángulos, la praxis del sistema judicial multiplicó y generalizó la detención preventiva. No menos que la inmoderada duración de los juicios, perturbados y mancillados por la tendencia a comprar o alquilar testigos como si se tratara de bestias de carga.

El exceso de celo del sistema acusatorio ha llevado a mantener encarceladas por meses y aun por años a personas sin el menor indicio de peligrosidad o de querer evadir la acción investigativa. Comprobado está que ha sido uno de los motivos de la sobrepoblación y el hacinamiento penitenciarios. Mientras la corrupción y la codicia rondan por los recintos en los cuales se administra justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

A la severa majestad de esta sagrada función se la ha tiznado con indelicadezas y aun con actos reprobables. No por casualidad se ha recomendado suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y exonerar a los magistrados de las altas cortes del compromiso de elegir funcionarios de otras instituciones.

Infortunadamente, se frustró la reforma que sobre la materia propuso e impulsó el actual gobierno. Se le atravesó tal número de trampas en su articulado que fue menester hundirla para evitar mayores perjuicios. Pero este fiasco no debiera inducir a aplazar indefinidamente la decisión de hacerla. Ciertamente, se está procurando revivirla sobre moldes nuevos, pero las discrepancias entre los funcionarios de alta categoría parecen haber demorado su articulación. Por supuesto, la concertación de criterios y la voz cantante de la iniciativa, incluso en vísperas electorales, debiera estar bajo la responsabilidad del ministro del ramo, a quien correspondería impulsarla en el Congreso.

Obviamente, la proximidad de la elección de jefe del Estado y de cámaras legislativas impondrá una pausa mientras estos certámenes absorbentes se cumplen. Pero nada impide adelantar los trabajos preparatorios y aun concretar en proyectos tentativos ideas que flotan en el ambiente. A su vez, la reforma del estatuto de la salud se ha estancado en la mitad del camino y, por tanto, convendría escrutar en qué se coincide y en qué radican las discrepancias, las reservas o los recelos.

No es que el país se haya desentendido de los problemas carcelarios, sino que, como queda dicho, factores nuevos los han acrecido y planteado aspectos nuevos. Ni que se haya prescindido de más edificaciones especializadas, igualmente apremiantes. Así hay que entenderlo, sin subestimar su dependencia de las decisiones de la administración de Justicia. Al fin y al cabo, los establecimientos penitenciarios reflejan y materializan sus sentencias. No obstante, su función no puede limitarse a acatarlas y ponerlas en ejecución hacinando a seres humanos como si fueran bultos.

Abdón Espinosa Valderrama

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