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Editorial: La verdad del despojo

11 de febrero 2014 , 08:01 p.m.

Si algo genera consenso hoy sobre el anhelo de alcanzar la paz es el hecho de que esta no caerá del cielo una vez se firmen los acuerdos. Como tantas veces y desde diversas tribunas se ha insistido en los últimos tiempos, reducir los índices de violencia y crear condiciones para que reine la tranquilidad en el territorio nacional depende de lo que ocurra después de terminada la negociación.

Se trata de un objetivo que comprende múltiples frentes de trabajo: desde la infraestructura hasta la educación, pasando por el fomento del desarrollo rural. Y, entre ellos, uno que es determinante: sanar hasta donde sea posible y a través de la reparación las heridas que ha dejado el conflicto. En este renglón, una tarea es crucial, impostergable: darles una respuesta a los miles de personas que piden justicia y, de nuevo, reparación, luego de haber sido víctimas del despojo de sus tierras. Aquellos que tuvieron que huir súbitamente de un territorio en el que sus raíces eran profundas para conocer en las ciudades –o donde fuera, pero siempre a cientos cuando no a miles de kilómetros– la peor cara del desarraigo. Los mismos que una mañana tuvieron que abandonar su parcela sin derecho a mirar atrás. Los que un día vieron llegar a alguien, amenazante, con la macabra exigencia, por desgracia tantas veces repetida, de “le compro a usted o me vende la viuda”.

Con este ardid y otras tantas formas de brutal coacción, personas inescrupulosas, muchas cercanas a grupos armados ilegales o militantes de estos, les arrebataron a campesinos cerca de cuatro mil hectáreas en Córdoba y Urabá en un lapso que va de la década de los 90 a los primeros años de este siglo. Esto es lo que ha podido establecer la muy oportuna investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación y que el lunes produjo noticias con la captura en Montería de cuatro personas ligadas al Fondo Ganadero de Córdoba, entidad que habría sido la punta de lanza de una infame empresa criminal a gran escala –que, por cierto, no fue exclusiva de esta región y en la que tomaron parte activa el notario tercero de Montería, también detenido, y entidades como el antiguo Incora de Antioquia–, en la que los ‘paras’ copaban un territorio para después amedrentar a sus habitantes y obligarlos a entregar sus predios a precios irrisorios a entidades como el mencionado fondo, en ese entonces bajo el control de las Auc, según testimonio de quien era su gerente, Benito Osorio.

Dicho fondo, por cierto, hace rato se desvió de su objetivo original: apoyar, mediante créditos en especie, a los productores pecuarios, para terminar como oscuro engranaje de una empresa criminal. Valga añadir que estas entidades tampoco han cumplido su misión en otros departamentos. Todo lo contrario: más de una ha sido noticia, pero por sus malos manejos, como en el caso de Arauca. Según un informe de la Superintendencia de Sociedades del año pasado, de los quince que existían, solo nueve subsisten y todos reportan pérdidas. Razones suficientes para abrir el debate sobre su futuro.

Dicho lo anterior, hay que recalcar la importancia de ver acciones concretas de la justicia contra quienes se organizaron para expulsar a los más vulnerables de sus tierras recurriendo a los más aberrantes métodos y no han querido asumir sus culpas para resarcir voluntariamente el daño causado. Cualquier avance de la justicia en su deber de esclarecer este oscuro capítulo es un aporte decisivo, que hace más firme el terreno sobre el cual se fundarán los cimientos de una paz estable y duradera.

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