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Editorial: Trampas en el salón

10 de febrero 2014 , 08:32 p.m.

Deben ser motivo de alarma los resultados de la encuesta hecha por el centro de pensamiento Corpovisionarios entre universitarios de Bogotá, Medellín y Cartagena, que dejan en evidencia la facilidad con la que los alumnos quebrantan normas académicas amparados en un amplio repertorio de justificaciones. La laxitud que hoy se expresa en las reglas de juego en el salón, mañana bien puede salir a flote, llegado el momento en que estos mismos jóvenes, ya graduados como profesionales, afronten, por poner un ejemplo, una millonaria licitación.

Como si esto no bastara, el cuadro se hace más crítico al conocer, tal como lo reveló ayer este diario, que existen, además, complejas redes criminales dedicadas a la venta de falsos diplomas académicos. Y si estas organizaciones subsisten es porque hay ciudadanos que no tienen escrúpulos para acudir a ellas.Que esto esté ocurriendo es síntoma de descomposición social. Se trata de una infame falsificación de documentos públicos a la vista de todos, algo muy grave al que deben ponerle cuanto antes un tatequieto las autoridades, así como ciertas entidades educativas que no han ejercido los controles debidos para evitar las manzanas podridas que facilitan los ilícitos, como los que se denuncian en el informe.

Todo ello invita, una vez más, a preguntarse qué está pasando en el sistema educativo, sin menospreciar la honda inquietud que produce comprobar que la cultura del atajo tiene raíces profundas en un terreno tan sensible como el de la educación.

Y es que a nadie debe dejar tranquilo que apenas el 52 por ciento de los indagados en el mencionado estudio tenga un sentimiento favorable hacia la ley, y que supere el 50 el porcentaje de quienes consideran poco o nada graves conductas indebidas como copiar o descargar un libro completo o firmar asistencia por un compañero. Es excesivo, casi escandaloso, que el 38 por ciento piense lo mismo frente a copiarse en un examen o incluir una idea, párrafo o frase ajena sin citar a su autor. Paradójicamente, 8 de cada 10 encuestados tachan de corruptos a los políticos.

Frente a esto hay que decir con claridad que nada justifica tales comportamientos, muchos de los cuales bien pueden constituir delitos.

Pero, así como no da espera trabajar para generar un cambio cultural que acabe con la mencionada cultura del atajo, es necesario también poner sobre la mesa la cada vez más urgente obligación de revisar el tipo de educación pública y privada que se está impartiendo en Colombia.

La inaplazable mejora de la calidad que desde estos renglones hemos promovido debe comprender cambios en el modelo que permitan salirles al paso a estos comportamientos. Reformas que lleven a despertar la curiosidad de los estudiantes y que actualicen el pénsum para que esté en sintonía con la realidad que encontrarán los jóvenes en su ejercicio profesional. Lograr que ir a clase sea una aventura y no un trámite. Que el colegio active inquietudes, brinde herramientas para desarrollar las fortalezas de cada niño en lugar de limitarse a atiborrarlos de información que muchas veces no se procesa, pues tampoco se les permite desarrollar posturas críticas ni habilidades de análisis.

Son, pues, dos situaciones muy preocupantes. Que aumente la tolerancia al fraude en el salón y que se ofrezcan sin rubor diplomas también fraudulentos obliga a preguntarse si ciertos parámetros éticos básicos y no negociables comienzan a flaquear.

EDITORIAL