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Alerta por manipulación de sistemas de Rama Judicial

Judicatura comprobó que hubo alteración de bases de datos para 'direccionar' un proceso civil.

09 de febrero 2014 , 10:03 p.m.

Mientras la Fiscalía se alista para llevar a juicio a varios de los funcionarios judiciales capturados el año pasado por una supuesta red que vendía fallos en los juzgados de Paloquemao, la Procuraduría acaba de poner al descubierto un nuevo escándalo en la justicia.

Por petición de los abogados de la parte demandada en un multimillonario proceso civil, el Ministerio Público le ofició al Consejo de la Judicatura para que rastreara desde el 2010 la ruta de ese expediente. El resultado pone en evidencia la fragilidad de los sistemas informáticos que, en teoría, garantizan transparencia y el carácter aleatorio de la repartición de casos en juzgados y tribunales.

“Hubo manipulación de las bases de datos del Sistema de Administración de Reparto de la Rama Judicial (Sarj) y Bitácora (...). Situación que obligó el direccionamiento del proceso al Juzgado 26 Civil del Circuito”, dice el reporte oficial de la Judicatura. Quién tenía intereses en que el caso terminara en ese juzgado es una de las dudas que responderá la Fiscalía, que ya fue notificada de la situación.

El juez 26 resolvió remitir el expediente al noveno de descongestión de Bogotá, quien finalmente tuvo que declararse impedido cuando se demostró que el abogado de la parte demandante había sido también apoderado de ese juez en el pasado.

El caso pasó a un nuevo juez de descongestión, que falló en contra de la pretensión. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá será la segunda instancia.

Borraron el rastro

La Judicatura compulsó copias a la Fiscalía para que establezca cómo se alteró el sistema de reparto. Su investigación preliminar encontró que quien realizó la manipulación para que el caso quedara en el juzgado 26 “borró registros de la base de datos” que, en teoría, son inalterables. Esa acción, según la Judicatura, solo se pudo realizar desde adentro de la Rama Judicial: “Se borran registros de la tabla de control del reparto, siendo esta actividad únicamente posible de realizar por personal con conocimiento en el manejo de las bases de datos”.

“Hemos tenido estas situaciones con más frecuencia de lo que se podría pensar. Los funcionarios a cargo dicen que puede ser un error del sistema, pero sin duda hay un problema con el reparto de casos”, le dijo a EL TIEMPO un magistrado de la Judicatura. La auditoría también se extendió al reparto del caso en el Tribunal de Bogotá, proceso que no arrojó duda alguna.

La Fiscalía sigue los rastros de una extensa red que, como la de Paloquemao, vende ‘paquetes’ que incluyen el direccionamiento de los casos y el sentido del fallo. Hay denuncias de que el mismo fenómeno se estaría dando en varios tribunales del país y que las tutelas se han convertido en el ‘motor’ de un millonario negocio de corrupción en la justicia.

Demanda pretende pago millonario

El caso cuyo reparto, según la auditoría realizada por la Judicatura a los sistemas de la Rama Judicial, fue manipulado es la demanda del ciudadano Alejandro González Beltrán contra Corficolombiana S. A.

González reclama el pago y los rendimientos de tres CDT que, según sostiene, abrió en 1989 con Corfivalle –que años después fue absorbida por Corficolombiana– por valor de 185 millones de pesos y a una tasa de rendimiento anual superior al 30 por ciento. En valores de hoy, con rendimientos y supuestos intereses de mora, el valor de la pretensión podría llegar a los $ 250.000 millones.

Cuando el juez 9 de descongestión se declaró impedido, en el 2011, el caso pasó al 10 de Descongestión, que negó la demanda. Ahora, el Tribunal de Bogotá se apresta a fallar.

Corficolombiana sostiene que González Beltrán nunca realizó los depósitos, que ni en la contabilidad de Corfivalle ni en la del demandante figura ese negocio, que Beltrán no reportaba ante la Dian en 1989 ingresos que le permitieran realizar el negocio por 175 millones de pesos y que los recibos de Corfivalle con los que pretende demostrar la transacción de 1989 no están a su nombre ni corresponden a operaciones con CDT.

“Estamos frente a un evidente fraude civil que pretende cometerse contra Corficolombiana”, dice un documento firmado por sus apoderados.

REDACCIÓN JUSTICIA