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'Parapolíticos', a demostrar origen legal de sus bienes

Un centenar de políticos condenados por aliarse con las Auc van rumbo a extinción de dominio.

El trago amargo que pasó hace una semana el exrepresentante José Rosario Gamarra –la ocupación de sus bienes en un proceso de extinción de dominio– lo tendrán también un centenar de exalcaldes, exgobernadores y excongresistas condenados por haberse aliado con los grupos paramilitares.
Además de Gamarra –que nunca fue un dirigente reconocido en el país pero que cuenta con propiedades por más de 7.500 millones de pesos– la Fiscalía se prepara para afectar con la misma medida a otros 15 excongresistas. Ellos y los otros ‘parapolíticos’ condenados deberán demostrarle a la justicia el origen legal de sus bienes y tendrán que aportar para el Fondo de Reparación de las Víctimas de los ‘paras’.
Las autoridades ya ocuparon bienes del exgobernador del Guaviare Óscar de Jesús López, quien según expedientes judiciales selló un pacto criminal con Vicente Castaño, y de la excongresista de Sucre Muriel Benito-Rebollo, ficha de ‘Cadena’, el sangriento jefe paramilitar en ese departamento.
Transfirió bienes
Seis años después de quedar en libertad tras cumplir una condena por concierto para delinquir, a José Rosario Gamarra Sierra le tocará de nuevo dar explicaciones ante la justicia.
La investigación de la Unidad de Extinción de Domingo arrancó en 2009, tras un reporte de actividades sospechosas enviado por la Uiaf. En el 2008, aceptó cargos y fue condenado a 36 meses, de los cuales solo pagó doce en prisión. Gamarra fue una de las fichas que ‘Jorge 40’ llevó al Congreso en el 2002, como producto de una estrategia que repartió las votaciones de tres departamentos de la Costa y de la que formaron parte los también excondenados congresistas Dieb Maloof y Jorge de Jesús Castro.
Además del presunto delito de enriquecimiento, la Fiscalía acudió a la figura de administración de recursos obtenidos de grupos dedicados al narcotráfico para ordenar que el CTI y la Dijín ocuparan amplias tierras productivas de Gamarra.
El excongresista, que había pasado gran parte de sus propiedades a nombre de su esposa en un acto de separación de bienes, ahora tendrá que demostrar que compró con recursos legales un apartamento en Bogotá, una oficina en Barranquilla y varias fincas y lotes en dos municipios golpeados por la violencia ‘para’ en Magdalena: Pivijay y Sabana de San Ángel.
REDACCIÓN JUSTICIA
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