Archivo

La guerra en Acacías por el trabajo y el agua en zona petrolera

Violentos disturbios han sacudido a la zona petrolera, donde rige el toque de queda.

09 de febrero 2014 , 05:29 p.m.

“Aquí estamos en la guerra, la cosa está muy fea”.

Decía por celular una mujer de 45 años, en medio del violento enfrentamiento del sábado entre policías del Esmad y la comunidad de la zona petrolera de Acacías, que enardecida reclama derechos laborales y ambientales a Ecopetrol.

Mientras, en una de las calles empolvadas de la vereda Chichimene, epicentro del conflicto, niños, jóvenes y mujeres recogían piedras en bolsas para proveer a los encapuchados. Otros armaban peligrosas bombas molotov con botellas de cerveza, un mecho de trapo y ACPM, para ser lanzadas a los del Esmad.

Al otro lado de la vía que lleva a la vereda La Esmeralda, agentes antidisturbios disparaban hacia la turba gases lacrimógenos y pelotas de caucho que al impactar en la piel generan quemaduras.

Algunos Esmad, en medio de la tensión, entraron a una casa y rompieron los tableros, los espejos y las direccionales de tres motos de la comunidad.

Ese es el ambiente que desde la tarde del viernes se vive en las veredas Chichimene y La Esmeralda, en Acacías, lo que obligó al alcalde del municipio, Arsenio Vargas, a decretar el toque de queda en 12 veredas de la zona petrolera hasta el 25 de febrero, todos los días, de 9 de la noche a 5 de la madrugada.

En la misma región también está prohibida la circulación de motos con parrillero (hombre y mujer) las 24 horas del día. Y además rige la ley seca entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, así como la restricción al porte de armas.

Por lo menos seis personas, incluidos tres adultos mayores, resultaron afectados por los gases lacrimógenos y golpes del Esmad.

Las imágenes de la zona del conflicto se asemejan a la de una guerra civil en algún país africano.

Tres máquinas, un carrotanque y una camioneta de las petroleras emanaban humo. La tarde del viernes unos 140 hombres ingresaron al sitio Tramo 8, gritaron “vamos a quemar esta m...”, les rociaron ACPM y luego les prendieron fuego.

Dicen que fueron los mismos que intentaron prender fuego a un pozo petrolero, ubicado a tres minutos de allí. Residuos de petróleo quemado, como si se tratara de una brea, se veían humeantes y esparcidos por el sector.

Un decreto tiene zona petrolera en llamas

Líderes comunales y trabajadores del sector petrolero de la zona rural de Acacías consideran que sobre sus derechos laborales recae una amenaza que tiene nombre y número: El decreto 2852 del 6 de diciembre del 2013.

Mediante ese decreto, el presidente Juan Manuel Santos reglamentó el servicio público de empleo y el régimen de prestaciones del mecanismo de protección al cesante.

“El Gobierno nacional se llevó las regalías y solo nos dejó el trabajo, pero con ese decreto, nos quieren arrebatar las plazas del sector petrolero para compartirlas con las de otras regiones del Meta y del país”, dijo Edith Santos, presidenta de la Junta Comunal de Chichimene y de la Corporación de Juntas del Área de Influencia Directa (Cejaid), que actúa como bolsa de empleo en la zona.

La situación se tensionó más cuando en cumplimiento del decreto, el Ministerio del Trabajo le otorgó a la Caja de Compensación Familiar del Meta (Cofrem) la facultad de recibir las hojas de vida de quienes pretendan trabajar en el sector petrolero, a la espera de suministrar las plazas de las empresas.

Esa labor antes la cumplían la Cejaid, controlada por los presidentes de las juntas comunales de las 12 veredas petroleras, y la corporación ALTA, que tiene influencia sobre el empleo en la zona urbana.

Se dice que a Cejaid le deben pagar por cada hoja de vida y luego por un empleo, lo cual fue desmentido por Edith Santos.

La comunidad de las 12 veredas de la zona de influencia petrolera advierten que Cofrem le va a abrir las puertas a todo el país y que la mano de obra no calificada se puede perder.

Además, los presidentes de las juntas señalan al alcalde de Acacías, Arsenio Vargas, de hacer una supuesta alianza con Cofrem y Ecopetrol para que pobladores del área urbana accedan a esas vacantes.

El alcalde Vargas afirmó que el nuevo proceso laboral comienza en Acacías –y no en otros municipios del Meta porque Cofrem creó allí la primera agencia pública de empleo. “Como Alcalde tengo que acogerlo –el decreto– porque es una ley. A mí me toca. Lo que pasa es que hay personas que tienen intereses particulares y están mal informando”, dijo.
Advirtió que el decreto abre las puertas para que otras entidades se constituyan en agencias de empleo.

“Lo puede hacer la Alcaldía, que ya envió la petición, lo pueden hacer Cejaid, quienes en gran parte hacen la protesta, y ALTA, siempre y cuando cumplan los requisitos. El objetivo es que no haya un monopolio”, explicó Vargas.
El Alcalde señaló que Cofrem no es la que selecciona al personal que se va a emplear y tampoco debe cobrar por recepcionar las hojas de vida y desmejorar los salarios.

“Cofrem va a tener una base de datos con las hojas de vida y va a clasificar por perfiles. Cuando el aliado de Ecopetrol le diga que necesita 100 obreros, Cofrem les envía el paquete completo y es el aliado el que los va a escoger”, señaló.

A través de un comunicado, Ecopetrol rechazó los actos de violencia en Chichimene, al tiempo que anunció denuncias penales. Exhortó a la comunidad a mantener el diálogo y el respeto.

24 quedaron libres

Cristian Camilo Roncancio y Claudia Bohórquez dicen no saber por qué tuvieron que permanecer más de 24 horas privados de la libertad por parte de la Policía, que los capturó en medio de los desmanes.

El primero afirma que acababa de salir de trabajar cuando unidades del Esmad lo detuvieron y le dispararon a la cara unas pelotas de caucho. Y la mujer tomaba fotos con una tableta sobre el proceder de los antidisturbios.

Ellos hicieron parte de las 24 personas que, según la Policía, fueron capturadas y dejadas a disposición de la Fiscalía, ente que les abrió proceso por el delito de obstrucción de vías. Como el cargo no contempla medida de aseguramiento, todos recobraron la libertad el sábado con la advertencia de que si reinciden serían llevados a prisión.

Al tiempo, un fiscal antiterrorismo investiga para dar con los responsables de la quema de los vehículos.

REDACCIÓN LLANO 7 DÍAS