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Los ladrones de minas de Santurbán

Mientras definen los límites del páramo, mineros informales extraen ilegalmente oro. Crónica.

FÉLIX LEONARDO QUINTERO
“Señor, quiero darte las gracias porque me permites tener un trabajo en esta mina (...). Te pido que en mi labor te encuentre, que en mis afanes te sienta cercano y como soporte de mi vida. Te pido que no me falte tu presencia, bendición y luz cada vez que yo ingrese a esta mina”.
De esta manera, apoyado en la linterna de un viejo y raspado casco y sosteniendo una hoja de papel con sus manos inflamadas y llenas de callos, Jorge, de 30 años, lee el primero de ocho párrafos de una extensa oración en la entrada de la mina de oro que una multinacional posee en la parte alta del municipio de California (Santander), en límites con el páramo de Santurbán.
Aunque reconoce que su actividad es ilegal, pues está ingresando al yacimiento de una de las tres empresas extranjeras que adquirieron títulos en la zona, el padre de dos niños de 7 y 2 años busca una alternativa para sobrevivir en una región que en los tres últimos años pasó del boom de la inversión extranjera a una crisis por la falta de empleo.
Descendiendo a 40 metros bajo tierra y ayudado por un lazo amarrado a su arnés, Jorge dice que es uno de los 900 empleados locales que están sin trabajo después de que AUX, Eco Oro y Leyhat disminuyeron las exploraciones en la zona ante la incertidumbre que generó la lenta delimitación del páramo de Santurbán, que el Gobierno ya tiene lista pero que aún no ha revelado.
En los terrenos que queden incluidos en la delimitación no se podrá realizar ningún tipo de actividad agrícola, agropecuaria y de explotación de minerales. Ante este panorama, la Procuraduría le solicitó al Ministerio de Ambiente considerar las recomendaciones posibles por las implicaciones sociales y económicas que la medida tendrá sobre la población.
Lo único oficial que se conoce del estudio estatal es que los límites del páramo serán superiores a las 11.700 hectáreas que conforman el Parque Natural Regional de Santurbán, establecido hace un año por la CAR local y la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
El 81,2 por ciento de esas 11.700 hectáreas están situadas en áreas de 28 títulos mineros que poseen multinacionales, empresas nacionales y particulares.
“Tengo que meterme a las minas para que mi familia no muera de hambre. No podemos quedarnos cruzados de brazos, pues en manos de la gente del pueblo solo quedan ocho títulos porque la gran mayoría fueron vendidos a las empresas de afuera”, cuenta uno de los 150 ‘galafardos’ (mineros informales) que como topos se adentran en las minas hasta 12 horas consecutivas al día.
Aferrado a la cuña y una porra con la que ‘catea’ (raspa) una ‘aguja’ (veta) en búsqueda del preciado oro –por el que pagan el gramo a 70.000 pesos– el ‘galafardo’, que cuando era empleado hacía plataformas de exploración, asegura que las autoridades saben lo que está ocurriendo pero nadie actúa.
Para Víctor Arias Celis, alcalde del frío municipio situado a 57 kilómetros de Bucaramanga, la situación se generó, en parte, por la tardanza en la delimitación del páramo y la disminución de recursos de algunas multinacionales asentadas en el pueblo, donde de los trancones de busetas y camionetas cargadas de trabajadores se pasó a las calles vacías, al cierre de ocho restaurantes y a la supervivencia de dos, que preparan apenas 15 de los 700 almuerzos que se vendían a diario.
“De manejar 2.500 millones de pesos al año por impuesto de industria y comercio pasamos a 900 por la disminución de la actividad de las multinacionales. Por otro lado, estamos buscando un espacio en el contexto de la legalidad para que la minería artesanal sea aplicable. Lo de los ‘galafardos’ es un problema social, pero cómo actuamos en una situación cuando no hay soluciones a la mano”, agrega el Alcalde.
Hace un mes, un ‘galafardo’ fue herido por un vigilante de Eco Oro, a lo que la Gobernación de Santander reaccionó con varios consejos de seguridad. “Estamos tomando medidas pertinentes”, dice el gobernador, Richard Aguilar, entre las que incluye la destinación de 8.000 millones de pesos para la instalación de gas domiciliario en la zona, donde el 85 por ciento de la población vive de la minería.
La ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, dice que “las crisis se viven en todos lados” y que no son excusa para que en la zona se “caiga en vandalismo”. Y se comprometió a hablar con el Ministerio de Defensa.
Mientras comparte 10.000 pesos de pan y una gaseosa dos litros con los cinco ‘galafardos’ amigos con los que se interna en la mina, Jorge hace balances del trabajo que ejecuta desde hace tres meses cuatro días a la semana: en promedio, puede extraer entre 2 y 10 gramos de oro –entre 140.000 y 700.000 pesos– de las minas situadas en la parte alta del pueblo. “No tenemos horarios definidos. Acá (en las minas) hay gente en el día y la noche, y muy poco hablamos entre nosotros cuando estamos raspando la veta. El más afortunado ha sido un vecino que se ganó en una sola jornada 48 millones de pesos. Es un caso excepcional”, asegura.
Aunque el Gobierno anunció, en las mesas de concertación sobre la delimitación del páramo, que en los Santanderes se implementará un modelo de pago por servicios ambientales de locales que reemplacen la minería por el cuidado del páramo, Juan Carlos Alemán, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Soto, indicó que el Gobierno ha permitido un retroceso en las actividades económicas y socioculturales de California y del vecino municipio de Vetas, donde ocurre lo mismo. “Todo lo local se desdibujó y las alcaldías no saben cómo afrontar la situación. Suena duro, pero al Gobierno no le interesa resolver a fondo la crisis en una pobreza que se acentúa en medio de tanta riqueza ambiental”, insistió.
Mineras están ‘amarradas’
Desplazándose hábilmente entre un estrecho y frío corredor, donde se escucha con más fuerza su respiración, Jorge cuenta que los ‘galafardos’ locales se han opuesto a que desempleados de municipios vecinos como Suratá y Matanza lleguen hasta allí. “Imagínese si esto se nos llena de gente de afuera”.
Las directivas de las empresas mineras, que también están al tanto del problema en las minas y en los terrenos donde suspendieron la exploración, aseguran “estar amarradas”.
Hernán Linares, gerente de la multinacional Eco Oro, calificó la situación de “compleja” porque los ‘galafardos’ exponen su integridad física para extraer oro de manera ilegal.
“Elevemos el caso a las autoridades mineras porque esta circunstancia nos excede, pues no tenemos las facultades para autorizar el trabajo de los mineros informales ni tampoco los podemos reprimir, ya que no somos fuerza pública y cualquier intento de choque sería complejo”, dice Linares.
En marzo del 2011, Eco Oro, antigua Grey Star, retiró una solicitud de licencia ambiental que estaba tramitando para explotar a cielo abierto 2,3 millones de onzas de oro al año. El proyecto generó una disputa entre las mineras y los ambientalistas, que insisten en que las explotaciones pondrían en riesgo el agua que consumen más de 2 millones de personas en las áreas metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta.
En la última mesa de concertación, realizada el 27 de enero en Bucaramanga, el Gobierno pospuso por quinta oportunidad –para marzo próximo– la fecha en la que anunciará los límites de Santurbán, en un ejercicio que servirá de base para la delimitación de los 36 páramos del país.
Mientras tanto, Jorge y los otros ‘galafardos’ seguirán internándose en las minas para encaramar en sus hombros las ‘maletas’ –bultos con piedras y bloques de tierra de hasta 50 kilos y que después lavan con agua y mercurio– que pueden contener un granito de oro que los ayude a subsistir.
En concertación no se negocia la delimitación
Construir estrategias que garanticen la oferta y calidad del agua y garantizar condiciones dignas de vida de 10.000 familias son las premisas de las mesas de concertación que el Gobierno instaló desde diciembre en Santander, para socializar la delimitación del páramo de Santurbán.
La ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, fue enfática en señalar que la línea del complejo paramuno, definida por el Estado pero que se conocerá en marzo, es inmodificable y supera las 11.700 hectáreas que componen el Parque Natural Regional de Santurbán.
“No vamos a concertar lo que es la línea de páramo como tal, pues (la delimitación) es el resultado de un ejercicio técnico con criterios ambientales, sociales y económicos”, precisó.
Según los alcaldes, la nueva línea abarcaría entre 70.000 y 78.000 hectáreas de municipios de los Santanderes donde hay minería artesanal y proyectos de exploración de multinacionales.
En la próxima mesa se estudiarán el financiamiento y la sostenibilidad financiera de las comunidades que dejen sus actividades tradicionales.
FÉLIX LEONARDO QUINTERO
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FÉLIX LEONARDO QUINTERO
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