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Víctimas de Mapiripán piden 'que pare la burla'

Las 511 familias desplazadas por las masacres de Mapiripán y Puerto Alvira solicitan ser reparadas.

07 de febrero 2014 , 06:42 p.m.

Un hombre ya entrado en años, de sombrero, pasó su arrugada mano derecha por el cuello en señal de que a las víctimas de la masacre de Mapiripán las decapitaron, justo en el momento en que Luis Guillermo Pérez, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear, recordaba detalles de la forma como los paramilitares ejecutaron la masacre.

Una señora en forma disimulada pasó su ajada mano sobre el rostro para limpiar lágrimas que brotaban de sus ojos, mientras que un niño correteaba por los pasillos del auditorio de la Universidad de los Llanos (Unillanos), en Villavicencio.

Allí, este viernes se reunieron más de 200 desplazados de las matanzas de Mapiripán y Puerto Alvira a reclamarle al Gobierno nacional que les repare los daños causados a sus familias por paramilitares.

Dieciséis y 17 años después, 511 familias agrupadas en la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta y la Corporación Mi Consuelo Campesino convocaron a sus asociados y a las entidades del Estado con el objetivo de encontrarse y buscar que la Unidad para la Atención y la Reparación de las Víctimas los empiece a atender.

El padre Ernesto Díaz, uno de los desplazados de Puerto Alvira, donde ejercía como sacerdote y rector del colegio, dijo que apenas hasta ahora va a empezar el proceso de reparación.

“Esa es la realidad de nuestro país; siempre nos han tenido con mentiras, con engaños, con burlas y hay gente a la que nunca nos dieron nada y la paciencia ya se acabó”.

“Y no fuera así –agregó–, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo y mendigando por una responsabilidad que es del Estado porque no nos cuidó cuando sucedieron estos hechos de muerte, masacre, secuestro, desplazamiento forzado y despojo de tierras”.

Cecilia Lozano, de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, sostiene que ya se contabilizan 900 solicitudes de restitución de tierras en Mapiripán, y que a quienes están liderando el proceso de reparación les han enviado el mensaje amenazante desde Mapiripán y Puerto Alvira de que “los están esperando”.

Al final del encuentro, el saludo alegre de viejos amigos que entre risas discuten quién tiene el cabello más blanco, aunque en el fondo aún retumba el sonido intimidador de los fusiles que las amenazas de los ‘nuevos dueños’ de sus tierras hacen revivir.

Inician reparación

Funcionarios de la Unidad para la Atención y la Reparación de las Víctimas señalaron este viernes en Villavicencio que en la última semana de febrero se iniciará el proceso de acercamiento y socialización con las víctimas de Mapiripán.

El proceso incluye caracterización individual y colectiva, rehabilitación, restitución, satisfacción y garantía de no repetición, entre otros componentes.

La masacre de Mapiripán ocurrió entre el 14 y el 20 de julio de 1997 y la de Puerto Alvira, un caserío del mismo municipio, el 3 de mayo de 1998.

En la primera se señalaba que habrían matado a 49 personas, luego se supo que algunos de los reclamantes no habían perdido a sus familiares en aquella ocasión, como el caso de Mariela Contreras, a quien la guerrilla le mató al esposo.
En la de Puerto Alvira mataron a 19 personas.

A la pregunta ¿por qué hasta ahora se inicia el proceso?, una funcionaria respondió que algunas personas no querían regresar a Mapiripán y hasta ahora, en forma colectiva, están manifestando el deseo de ser reparadas.

Cecilia Lozano, de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta, dice que contribuirán con la caracterización en la medida que muy pocas personas han regresado a Mapiripán y otras están en Villavicencio, Guaviare, Guainía, Casanare y Bogotá.

Olga Lilia López, de la ONG Humanidad Vigilante, dijo que esperan que el compromiso que anuncia el Gobierno de cumplir la reparación no sea por la coyuntura electoral, porque nadie les va a reparar lo que ya perdieron.

Luis Guillermo Pérez, del Colectivo José Alvear Restrepo, dijo que “tras 16 y 17 años de humillaciones, que es otra vulneración de sus derechos, espera que esta vez no sea otro proceso de burla a las víctimas porque no son favores por cumplir, es un mandato constitucional”.

REDACCIÓN LLANO SIETE DÍAS