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Sin solución hacinamiento de funcionarios judiciales en Pereira

Hasta en los baños de una casa guardan expedientes de nueve juzgados.

Después de tres semanas de permanecer hacinados en una casa del barrio Maraya de Pereira, 70 funcionarios judiciales piden que los trasladen a oficinas “cómodas” y, ante todo, “dignas”.
Los funcionarios trabajan entre documentos que ocupan prácticamente todos los espacios de la vivienda. En el sótano, los pasillos, la cocina y hasta en los baños, han tenido que poner algunos de los 700 expedientes que manejan los cinco juzgados civiles del circuito y los cuatro de familia que despachan en el lugar.
Los juzgados fueron trasladados temporalmente a esta casa debido a las obras de remodelación que se están ejecutando desde finales del año pasado en el palacio de justicia.
En la vivienda cabe una familia de cinco o seis personas, pero en esta se deben acomodar diez veces más. Además, deben atender a abogados y al público.
El miércoles se realizó una reunión entre los empleados judiciales con representantes de la Asociación nacional de funcionarios y empleados de la rama judicial (Asonal), seccional Risaralda, y del Consejo Seccional de la Judicatura, para buscar una solución al problema, pero hasta ayer la totalidad de los funcionarios continuaba en la casa.
Y la situación no es solo de hacinamiento. Los funcionarios revelaron que en ocasiones deben sacar expedientes y trasladarlos al palacio de justicia, con mínimas condiciones de seguridad. Jesús Ferney Castro, vicepresidente de Asonal, afirmó: “Además de no tener condiciones dignas para prestar el servicio, no podemos ofrecer seguridad alguna para los expedientes”.
Como una manera de salvar responsabilidades, los funcionarios enviaron un comunicado a la Dirección Seccional de Administración Judicial y al Tribunal Superior de Pereira en el que advierten que no responderán por la seguridad de los expedientes que están a su cargo.
Además de lo anterior, solo un agente de policía custodia el lugar. Procesos que involucran importantes sumas de dinero, además de casos ejecutivos en contra de las EPS por parte de las entidades de salud y que se resumen a cientos de facturas, se encuentran allí.
‘No encontramos más’
Lucas Ignacio Arbeláez, director de la Rama Judicial, explicó que los funcionarios estarán en esa casa durante 45 días y que debieron trasladarlos a la misma a pesar de las incomodidades y el hecho de que no cumple con las exigencias de los despachos judiciales como adecuaciones para personas discapacitadas, redes y baños.
“La oferta inmobiliaria de la ciudad no es tan amplia. Cuando una inmobiliaria accede a rentar por poco tiempo, hay que hacer de esto una oportunidad”, aseguró Arbeláez, quien manifestó que el 90 por ciento de las inmobiliarias se negó a rentarles.
Los empleados afirman que dos abogados se han rodado por las escaleras de la casa y hay personal que ya ha sido incapacitado por dolores lumbares de tanto cargar expedientes.
Redacción Pereira
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