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Editorial: Una pesadilla que se repite

04 de febrero 2014 , 08:15 p.m.

Nunca será una buena noticia saber que un representante del Estado transita por zonas grises del Código Penal. Por desgracia, en la historia reciente del país hay más de una página en este sentido. Y si nos vamos a las que mayor consternación han producido, encontramos en lugar privilegiado la de las interceptaciones ilegales hechas desde el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, escándalo con todas las letras que llevó al cierre de esta entidad y a la justicia a requerir a quienes desde posiciones directivas avalaron este proceder.

Se creía que este episodio había dejado unas lecciones suficientemente claras sobre el costo que para la legitimidad del mismo Estado representa incurrir en procedimientos indebidos, cuyo objetivo no es salvaguardar intereses nacionales, sino escarbar en la vida privada de ciudadanos colombianos por razones ideológicas. Lo vergonzoso del hecho llevó a que se tomaran diferentes medidas, comenzando por el ya referido cierre de este cuerpo de seguridad. Se envió, entonces, un parte tranquilizante en el sentido de que las ‘chuzadas’ de teléfonos sin orden judicial habían quedado sepultadas en el pasado, y buena parte de la ciudadanía así lo creyó. Más importante incluso que estos anuncios fue el aparente consenso logrado sobre lo inaceptable de estas prácticas.

Por eso, la muy desagradable sorpresa al saber que estas persisten. A las revelaciones que publicó la revista Semana en su sitio web el lunes en la noche les siguieron ayer otras adicionales sobre miembros de la inteligencia del Ejército que en el marco de sus tareas habrían incurrido en comportamientos que la ley prohíbe cuando se llevan a cabo estas delicadas misiones.

Así, al tiempo que desempeñaban operaciones legítimas contra grupos ilegales, habrían interceptado líneas telefónicas y monitoreado comunicaciones electrónicas de integrantes del equipo negociador del Gobierno en La Habana. De igual forma, habrían puesto en la mira nuevamente a personas sin ninguna causa penal en su contra junto con miembros de otras fuerzas e incluso sus propios compañeros de armas. Revelaciones que, además, denotan la persistencia de roces entre las diferentes fuerzas, factor que también en algún momento pareció superado, sobre todo luego de los golpes más certeros a las Farc, fruto del trabajo conjunto entre los distintos organismos de seguridad.

Hay que decirlo con toda claridad: estamos ante un hecho de suma gravedad, que no admite matices. En esa medida, debe haber consecuencias de fondo. Entre ellas, bien caería ver al Gobierno acortando la rienda en lo que concierne al manejo de la inteligencia en todos sus frentes. Esto incluye poner la lupa sobre los controles internos y dar cumplimiento a todo lo previsto en la recientemente aprobada ley que regula este campo, que comprende la activación de instancias que ayudan a evitar desafueros como el que vive hoy el país.

Lo anterior no excluye, ni más faltaba, exigir que se conozcan a la mayor brevedad posible las respuestas de las obvias preguntas que surgen tras el escándalo. ¿Fue una rueda suelta? ¿A quién le rendían cuentas? ¿Hubo fuga de información? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué intereses hay detrás?

La legitimidad del Estado y sus instituciones, entre ellas las que detentan el monopolio de las armas, nace de un pacto social fundamentado en la confianza. Hechos como este lesionan gravemente esta última y no dejan más alternativa que acciones claras y contundentes que subsanen el daño causado.

EDITORIAL