Archivo

El Estado indefenso

notitle
03 de febrero 2014 , 07:43 p.m.

Como si no fuera suficiente con la corrupción de los jueces, ahora los colombianos tenemos que ver cómo se degrada el uso del que ha sido el más importante recurso para defender sus derechos: la tutela. Hace unas semanas, los defensores del alcalde Petro invitaban a una ‘tutelatón’, para definir la pelea con el Procurador; el domingo pasado se informaba que también los beneficiarios de las megapensiones venían utilizando el mismo mecanismo de tiempo atrás; y todos los días, los usuarios de los servicios de salud deben escuchar la frase “si de verdad quiere que la EPS cumpla con el tratamiento o la medicina que requiere su familiar, pues meta una tutela”.

Claro que pueden estar en discusión la violación de derechos, pero no se puede convertir la tutela en instrumento de guerra política, favorecimiento personal o de enriquecimiento empresarial. La consecuencia ha sido evidente. Por cuenta de intereses particulares, la tutela ya no es ese recurso potente que les permitía a los ciudadanos obtener una respuesta pronta y eficaz del Estado, en la defensa de sus derechos. Ahora, por gracia de las artimañas de abogados y la propia incapacidad estatal, se ha convertido en un instrumento al que se recurre para mantener privilegios injustificados, defender prerrogativas mal habidas; detener o impedir decisiones judiciales o, simplemente, para ganar tiempo político o procesal.

El caso de la salud ya viene encendiendo las alertas sobre lo que significa la pérdida del sentido jurídico de la tutela. Según la información disponible, diariamente el sistema judicial está recibiendo unas 350 tutelas de ciudadanos que exigen que se proteja su derecho a ser debidamente atendido. Según la Defensoría del Pueblo, “7 de cada 10 pacientes que tuvieron que interponer una tutela lo hicieron para exigir de la EPS la prestación de un servicio, un procedimiento o un medicamento, a los que tenían legítimo derecho y les fueron negados”. Las propias autoridades han expresado su preocupación porque las EPS han convertido la tutela en una fuente de beneficios adicionales, por ejemplo, en el cobro de los medicamentos o en los pagos que hacen por servicios a los médicos y demás profesionales del sistema.

A todo esto hay que agregar las sobrecargas que a la sociedad y al Estado les implica el que cada día más de 350 colombianos tengan que interponer una tutela para garantizar el derecho a la salud. Es decir, que hay que agregar no solo a los costos en tiempo de vida y dinero que les impone al paciente y a su familia el tener que recurrir a ese instrumento legal, sino también a la sobrecarga que debe soportar el sistema judicial, al tener que disponer del personal que necesita para dar trámite a la descarga de tutelas que recibe diariamente.

En un escenario en el que el sistema judicial está evidentemente sometido a grandes tensiones y sobrecargas, el que ahora la tutela siga perdiendo su sentido jurídico, que se privatice, al ser convertida en instrumento de acción política o como fuente de enriquecimiento ilícito, puede causar una fractura profunda en el ordenamiento jurídico e institucional. El Gobierno, que no ha sido capaz de atajar a las EPS, tiene ahora en sus manos la posibilidad de aplicar los correctivos necesarios en la reforma de la justicia que ponga a consideración del Congreso.

En materia de tutelas, el Estado está quedando tan indefenso como sus ciudadanos. Un sistema de justicia puede soportar y resolver los problemas producidos por los comportamientos indebidos de sus operadores judiciales. Pero no puede hacer lo mismo con la fractura institucional que puede producir la pérdida del sentido jurídico de los instrumentos previstos en la Constitución y la Ley. Santos tiene que actuar rápido y a fondo. No sea que gane la reelección, pero pierda el Estado.

Pedro Medellín Torres