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Las nuevas reglas que habrá en las elecciones del 2014

Se trata fundamentalmente de medidas para garantizar la transparencia del voto.

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02 de febrero 2014 , 10:36 p.m.

Las elecciones legislativas y presidenciales de este año tendrán algunas novedades electores con relación a las de hace cuatro años. La gran mayoría de ellas están destinadas a garantizar la transparencia del voto y fueron contempladas en la Ley 1475 del 2011.

Una de las medidas que más a van a notar al menos unos 10 millones de personas que acudan a las urnas está relacionada con la identificación biométrica. (Vea acá más noticias sobre las elecciones del 2014)

Esto permitirá, a través de la identificación dactilar, verificar que el ciudadano que se acerca a votar sea realmente quien dice ser.

Con esto se garantizará que no haya suplantación del elector, una de las principales denuncias de fraude en las elecciones. (Lea también: Encuentro clave de partidos que apoyan la reelección / Por las urnas).

Este sistema se ubicará en las zonas donde más denuncias sobre irregularidades se registran en el país.

Además, contribuirá para garantizar que nadie pueda votar más una vez el día de las elecciones.

Otra de las novedades está relacionada con la digitalización del formulario E-14 (acta del escrutinio en mesa). Estos resultados serán subidos a la web de la Registraduría para que los interesados puedan ver la votación en cada mesa.

Antes estos documentos se enviaban simplemente para el escrutinio.

Este año también se estrena el escrutinio inmediato, es decir que las comisiones escrutadoras comenzarán su tarea el mismo domingo y no dos días después, como era hasta hace cuatro años. Este proceso también se podrá seguir por la web.

Según la Registraduría, eso significa que el preconteo no servirá de base para el escrutinio, sino que los escrutadores tendrán que revisar los formularios E-14.

Otras modificaciones

En lo que tiene que ver con la elección de Congreso, los votantes también encontrarán este año un nuevo tarjetón. Hace cuatro años, en la parte superior de la tarjeta estaban los logos de los partidos y abajo, el número del candidato.

En el que van a encontrar este 9 de marzo, al lado izquierdo están los logos y al lado de cada uno están los números de los candidatos, con lo que se busca que haya menos votos nulos, pues si alguien solo marca el número se entenderá que votó por el partido cuyo logotipo está al frente.

“En el 2010 hubo más de 2 millones de votos nulos, esperamos que con este tarjetón, que es más simple, se puedan reducir significativamente”, dijo el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez.

En el tema de inscripciones para votar, la ley igualmente estableció que estas se extenderán por 10 meses y deberán ir hasta dos meses antes de la elección. Es por eso por lo que todavía están abiertas, hasta el 25 de marzo, las de Presidencia.

En el caso de las votaciones en el exterior, estas se realizarán durante una semana. Comenzarán el lunes anterior al día de la elección.

Otros cambios que fijó la Ley 975 se relacionan con la transparencia de los jurados de mesa.

La Registraduría dispuso de un nuevo software parar determinar quiénes serán. La idea es que el sorteo sea aleatorio, para garantizar la heterogeneidad de la filiación política.

Pero no es lo único. La Registraduría, de manera conjunta con la Procuraduría General, realiza verificaciones de las bases de datos de jurados de municipios, para reemplazar a quienes se hayan elegido de listados que probablemente hayan sido manipulados o que eventualmente provengan de empresas inexistentes.

Para el Registrador, todas esta medidas están encaminadas a “garantizar” la transparencia en las elecciones.

Más control de la plata para las campañas

La democracia tiene sus costos y buena parte de ellos se ven reflejados al momento de las elecciones.

Y en lo que tiene que ver con el tema de financiación electoral es claro señalar que la Ley 975 del 2011 también planteó nuevos puntos en la materia. Determinó las fuentes de financiación a las que pueden acudir los candidatos y las que les están prohibidas.

Por ahora los candidatos están a la espera de que esta semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) dé a conocer los topes de gastos que tendrán las campañas a la Presidencia.

Aunque en el caso de las listas a Senado el CNE aprobó la semana pasada un aumento de 30.000 a 74.000 millones de pesos, en lo que tiene que ver con las presidenciales el aumento porcentual no será tan alto.

Sin embargo, una aproximación sobre lo que serán los nuevos topes se puede calcular con base en una resolución del año pasado del Consejo Electoral, que es la base para el reajuste de este año. De acuerdo con ese documento, los candidatos a la Presidencia que se inscriban formalmente tendrán derecho a gastar hasta 19.922 millones de pesos en la primera vuelta. En el caso del Presidente-candidato, fija el monto en 13.295 millones de pesos.

El jefe de Estado recibe menos porque la Corte Constitucional, en sentencia C-1153 del 2005, estableció que el candidato no presidente podría disponer de una suma superior para la campaña, a fin de compensar las ventajas que tiene el mandatario en ejercicio.

De qué se financian

La Ley 996 del 2005, conocida como de Garantías Electorales, fijó las bases de los gastos que se pueden ejecutar en una campaña presidencial y el monto de la financiación estatal (anticipo).

Mientras no se oficialice la nueva resolución del CNE, el anticipo vigente es de $ 5.424 millones.

Esa figura no es otra cosa que la opción que les permite a los aspirantes que el Estado les pague por adelantado una parte de lo que ellos van a recuperar por la denominada reposición de votos. El resto de los recursos los deben buscar.

Es por eso por lo que la Ley 975 señala que pueden recibir los recursos que les dé el partido que los avaló, acudir a los créditos personales o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y a las donaciones en dinero o en especie que les hagan los particulares.

Pero, de todas maneras, la ley también impuso algunas restricciones.

No podrán recibir aportes de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, que vengan de actividades ilícitas, de personas o entidades a las que se les haya iniciado extinción de dominio, de contribuyentes anónimos, de personas imputadas por delitos relacionados con la financiación o pertenencia a grupos ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública y de lesa humanidad, entre otros.

Paralelamente a esto, establece que el candidato no podrá recaudar contribuciones ni donaciones individuales superiores al 10 por ciento del valor total de los gastos autorizados para la campaña.

REDACCIÓN POLÍTICA