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Legalización de autodefensas en Michoacán, 'debilidad del Gobierno'

Analistas dicen que lo que busca este esquema es no desgastar al Ejército ni a grupos policiales.

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01 de febrero 2014 , 11:26 p.m.

El gobierno mexicano comenzó esta semana el registro de milicias en el convulso estado mexicano de Michoacán (oeste) para que se conviertan oficialmente en grupos de defensa rural.

La legalización de estos grupos de autodefensa es vista por varios expertos como un signo de debilidad institucional del gobierno mexicano. Analistas consultados por EL TIEMPO señalan que lo que busca este esquema es no desgastar al Ejército ni a los grupos policiales, ya que estos no están totalmente profesionalizados, no tienen capacidades, ni infraestructura, lo que refleja una falla del sistema de seguridad pública del Estado mexicano.

Erubiel Tirado, especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana, explica: “Llevamos más de 20 años esperando a que haya resultados y, en lugar de fortalecer estas políticas de capacidades y de profesionalización, el Gobierno ha acudido a esquemas poco claros si no es que ilegales”.

Este es un tema añejo en México en los estados del centro y sur del país, donde hay una tradición de guerrilla y crimen organizado, lo que vino a acentuarse en Guerrero y Michoacán en los últimos años a raíz de la estrategia del gobierno federal de combatir el crimen organizado, iniciada por el entonces presidente Felipe Calderón.

El creciente ambiente de violencia e inseguridad en varias regiones rurales de México motivó y multiplicó la presencia de los grupos de autodefensa, ante la falta de protección y eficacia de las autoridades.

El acuerdo para oficializarlos fue pactado solo con milicianos de ocho comunidades de Michoacán, bastión del sangriento cartel ‘los Caballeros Templarios’.

El inicio del listado de milicianos –levantados en armas en el 2013 para defender a sus comunidades– se produjo luego de que el Gobierno anunció que después de días de conversaciones con líderes de algunos de los lugareños armados, se acordó “institucionalizarlas” bajo el compromiso de que el Estado reforzará la seguridad en sus localidades.

Pero Tirado asegura que con la legalización de las autodefensas se corre el riesgo de que en el mediano y largo plazo se siente un precedente negativo hacia el fortalecimiento de las capacidades del Estado en términos de seguridad pública. “Lo que hizo el gobierno federal fue instaurar un estado de sitio de facto, actuó a la mexicana y eso significa darle la vuelta a la ley o aplicarla de manera caprichosa, como lo están haciendo ahora”.

Otras reacciones en el país dejan ver la prevención frente a lo que viene ahora. El diario El Universal dice en un editorial que “el tema de las autodefensas que aceptan volverse cuerpos de defensa rurales conjura la posibilidad de que estas asuman en el futuro forma de paramilitares, por lo que es preciso que haya mecanismos de verificación del acuerdo”.

Referente colombiano

La experiencia de Colombia es un referente en México. Rosa María de la Torre, académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, destaca este factor: “Una de las hipótesis que con mayor fuerza se manejaron fue la presencia del general Óscar Naranjo en reiteradas ocasiones en Michoacán. Según esta teoría, algunos de esos grupos de autodefensa correspondían a una estrategia implícita del gobierno federal de paramilitarizar el tema. Había indicios, y uno de ellos es que justo a la salida del general Naranjo se pretendan regular estos grupos”.

Grupos de defensa rural

La figura jurídica de los grupos de defensa rural surgió en la década de 1960 con el fin de reforzar al Ejército en tareas de seguridad en el campo y auxiliar a las tropas como guías en la persecución, captura y consignación de delincuentes.

ALEJANDRA NOGUEZ
Para EL TIEMPO