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Con 'tutelatón' quieren abrirle hueco a fallo que frenó megapensiones

Van 3 tutelas de segunda instancia que ordenan pagar mesadas por encima de lo impuesto por la Corte.

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01 de febrero 2014 , 09:14 p.m.

A la histórica sentencia de la Corte Constitucional que acabó con las ‘megapensiones’ –las jubilaciones de más de 25 salarios mínimos a cargo del Estado– ya le abrieron tres boquetes jurídicos a punta de tutelas.

Dos jueces de Bogotá (el 13 y el 14 del Circuito Penal) y uno de Cali (el 9 Laboral) fallaron en segunda instancia demandas de amparo que ordenan mantenerles a dos exprocuradores regionales y al exmagistrado de la Corte Suprema Luis Javier Osorio mesadas por encima del techo que estableció la Corte el año pasado. El argumento es que la reliquidación hacia abajo, que en muchos casos superó los cinco millones de pesos, supuestamente afecta derechos adquiridos y el debido proceso.

Desde julio, cuando empezó a regir la orden de que no hubiera jubilaciones por encima de los 25 mínimos (unos 15 millones de pesos), las tres entidades oficiales encargadas de esa función han tenido que enfrentar centenares de demandas.

A Fonprecon, que les paga a los excongresistas, la entutelaron 250 de sus pensionados, pero en todos los casos se negaron los recursos porque los jueces reconocieron que la sentencia de la Corte no dejaba lugar a interpretaciones. Muchos de los que perdieron apelaron y las autoridades están pendientes de las decisiones de segunda instancia.

Colpensiones (la entidad que asumió las obligaciones del antiguo Instituto de Seguros Sociales) les puso techo a 97 mesadas y en seis meses le ahorró al Estado cerca de 2.000 millones de pesos que, por orden de la Corte, deben ir a cubrir el pago de los pensionados que menos ganan. Ya salió airosa de dos demandas contra la aplicación de la sentencia. Y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), que paga buena parte de las mesadas de los exmagistrados, ha tenido que enfrentar 21 tutelas.

Las tres de segunda instancia que retan la sentencia de la Corte fueron falladas en contra de la Unidad y una de ellas, la del exprocurador Sotero Carreño Gallo, incluso estuvo a punto de costarle un carcelazo por desacato a su directora, Gloria Inés Cortés Arango.

El Gobierno se ha negado a hacer los reajustes y ya se logró que la Corte Constitucional seleccione una de esas tutelas para revisión. “Lo que hizo la Corte el año pasado fue decidir sobre una ley: es una sentencia que rige para todos los casos y obliga a todos los colombianos, jueces y autoridades incluidos, sin lugar a interpretaciones”, advirtió un magistrado.

Cascada de demandas

Aunque se supone que la Corte ya dijo la última palabra sobre el asunto y estableció que los derechos adquiridos no prevalecen sobre el principio constitucional del equidad social, las tutelas y los derechos de petición en contra de sus mandatos siguen apareciendo.

El último argumento de los excongresistas y exmagistrados que no se resignan al recorte de su jubilación es una circular de Colpensiones que, aseguran, establece que el fallo de la Corte, de mayo del 2013, solo aplica hacia futuro. Eso es lo que sostiene el exrepresentante conservador Pablo Victoria en una carta enviada el pasado 29 de enero al Fondo de Pensiones del Congreso, en la cual pide que se rectifique el recorte de su mesada “según la recta interpretación que ha hecho Colpensiones”. Otros exparlamentarios y varios exmagistrados han seguido el mismo camino.

EL TIEMPO consultó a la entidad, que sostiene que esa lectura es errada. La circular, aseguran altos funcionarios, aclara la situación del resto de pensionados cobijados en su momento por el régimen de transición y no toca a los que reciben pensiones millonarias, en cuyo caso la Corte señaló expresamente que su orden de reliquidación sería retroactiva.

De hecho, Colpensiones y las otras encargadas de pagar a los jubilados están cumpliendo la segunda parte de la sentencia: ya revisaron la legalidad de las ‘megapensiones’ y van a demandar centenares que fueron concedidas sin cumplir los requisitos. El efecto será que muchos de los que hoy reciben mesadas de 25 salarios mínimos tendrán nuevos recortes.

El Fondo de Pensiones del Congreso ha revisado hasta ahora 631 casos de excongresistas: 472 pasaron el examen legal. En otros 27 casos se pedirá que el Consejo de Estado revise fallos de años anteriores en los que concedió jubilaciones o reliquidaciones que no correspondían a las normas vigentes.

Contra 105 exparlamentarios se iniciarán acciones de lesividad: serán demandados ante el Contencioso Administrativo por aparentes irregularidades, pues no tenían derecho al privilegiado régimen con el que fueron liquidadas sus mesadas.

Hay al menos 30 excongresistas que lograron pensionarse gracias a que acreditaron libros, supuestamente de su autoría, para sumar tiempo que les contaba para la jubilación. Aunque hubo una ley que les dio esa gabela, fijaba una serie requisitos (como que fueran libros de texto) que muchos no cumplieron.

Colpensiones ya detectó un caso de ‘abuso del derecho’, es decir una jubilación abiertamente ilegal que no solo será demandada, sino que será remitida a la Fiscalía para la respectiva investigación penal. En decenas más se encontró que, como en el Congreso, a punta de demandas muchos lograron un régimen de retiro al que no tenían derecho.

Entre tanto, en la Unidad de Gestión Pensional, que tiene casi 300 de esos pensionados, se preparan 80 demandas para tumbar ‘megajubilaciones’ dudosas. Los casos del llamado ‘carrusel de pensiones’ de la Judicatura también están bajo la lupa. Además de las demandas para tumbar esas mesadas millonarias, sus beneficiarios están en la mira de la Fiscalía.

Lo que dijo la Corte:

1. Derechos no son absolutos

“La garantía de los derechos adquiridos no es absoluta. De igual manera, esta corporación (Corte Constitucional) ha afirmado sostenidamente que ningún derecho, ni siquiera los derechos fundamentales, tienen este carácter”.

2. Equidad social es obligación

“Resultaría contrario a los propósitos del Estado Social de Derecho, los principios de igualdad y de equidad social y los del sistema de seguridad social en pensiones no someter, bajo ciertas condiciones, las mesadas (de excongresistas y magistrados) a algunas limitantes”.

3. Mantener un límite

“La garantía a los derechos adquiridos exige respetar el derecho a la pensión y la prerrogativa de acceder a esa pensión dentro de un régimen especial, siempre que no superen los 25 salarios mínimos legales mensuales”.

También demandaron ante la CIDH

Como en el caso del alcalde Gustavo Petro y su estrategia jurídica contra el fallo que lo destituyó, los que perdieron las ‘megapensiones’ no se han quedado en la táctica de interponer decenas de tutelas.

También buscan que el Sistema Interamericano de Justicia le ordene a Colombia devolverles sus mesadas. Aseguran que la aplicación retroactiva del fallo va en contravía de todos los ordenamientos jurídicos.

JORGE MELÉNDEZ Y JHON TORRES
Redactores de EL TIEMPO