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'Ni tanto que queme al santo...'

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01 de febrero 2014 , 07:39 p.m.

El país pecó durante décadas por inacción en materia de protección ambiental. Hoy sigue incurriendo en pecados por omisión, pero también ha comenzado a pecar por excesos.

Se arrasaron cientos de miles de hectáreas de bosques primarios cada año, se contaminaron nuestros principales ríos, joyas ecológicas como la Sierra Nevada de Santa Marta o la serranía de La Macarena estuvieron en manos destructoras de colonos y coqueros, y hubo depredación absoluta en grandes aéreas de pequeña y mediana minería, como el bajo Cauca.

La Constitución de 1991 y la creación del Ministerio de Ambiente comenzaron a cambiar este desolador panorama. La Carta consagró la protección ambiental como un deber del Estado y los ciudadanos y el ambiente sano, como un derecho de carácter colectivo, amparado por un eficaz instrumento de defensa: la acción popular. Me enorgullece haber sido el autor y ponente de estos artículos en la Asamblea Constituyente.

Pero aún continúan los pecados de omisión en gran parte del territorio. Pesqueras nacionales y extranjeras actúan sin control en nuestros mares y han acabado con reservas ictiológicas y especies de gran valor. Particulares cierran las bocas de las ciénagas para secarlas y construir sobre ellas, o se apropian de islas de la Nación, destruyendo manglares y construyendo a su antojo. Lo mismo sigue sucediendo en muchas áreas de bosque primario y en las zonas de minería ilegal, como ocurre en el río Dagua.

En contraste, y como si ciertos excesos pudieran compensar estas omisiones, las autoridades ambientales demoran en forma inaceptable la construcción de infraestructura pública de interés general, como sucede con las carreteras y los oleoductos, y han comenzado a incurrir en algunos costosos excesos contra la explotación de hidrocarburos y la gran minería.

La falta de guías claras y las demoras en la expedición de licencias ambientales, así como en el proceso de consultas comunitarias y en la adquisición de predios, contribuyen a mantener nuestro atraso en infraestructura vial. Aunque hay expectativas fundadas en la nueva ley de infraestructura, en este campo el proceso de licencia ambiental ha obstruido el interés público más de lo que lo ha protegido.

La explotación de gases no convencionales ha conducido a que EE. UU. deje de ser un país importador de hidrocarburos. Canadá, Inglaterra, China y muchos otros países están igualmente dedicados a desarrollar estos recursos. Pero en Colombia la Anla no aprueba las licencias, con lo cual se aumenta el riesgo de que incurramos en racionamiento de gas e importaciones de hidrocarburos en unos pocos años. ¿Acaso las técnicas usadas en el resto del mundo, con precauciones, resultan acá ambientalmente más peligrosas?

Muchos aplauden hoy la suspensión de las exportaciones de carbón de la Drummond, como una medida ‘ejemplarizante’. El Gobierno se equivocó al autorizar cargue en barcazas desde hace veinte años a varias empresas. Pero, ¿acaso se compensa esa falla paralizando ahora la segunda exportadora de carbón del país, porque la construcción en curso de su puerto de cargue directo incurrió en demora de tres meses, cuando atrasos mucho mayores en obras de infraestructura ocurren todos los días? El Ministerio de Ambiente anunció inicialmente multas considerables por día de atraso. Esa era una sanción fuerte, pero razonable. Pero luego, por motivos poco claros, decidió parar toda la operación. Esta sanción desproporcionada castiga también a la Nación, al departamento y a los municipios, que se ven privados de cuantiosos ingresos por regalías, afecta negativamente la imagen del país por el incumplimiento en las ventas pactadas y podría perjudicar a los trabajadores. ¡Vaya manera de ser ‘ejemplarizante’!

“Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”.

Guillermo Perry