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Expediente de la Brigada 20, el as bajo la manga del sargento Garzón

Dos generales han sido salpicados por el 'eslabón clave' en caso Palacio de Justicia.

REDACCIÓN JUSTICIA
Los secretos de la cuestionada Brigada XX del Ejército, salpicada en decenas de casos de violación de derechos humanos y que fue eliminada a finales de los 90 por presión de los Estados Unidos, son la carta que tiene para negociar rebajas de penas y hasta un eventual perdón judicial el recién capturado sargento (r) Bernardo Alfonso Garzón Garzón. (Lea también: A indagatoria 'eslabón' del Palacio de Justicia)
El 20 de febrero de 1991, el sargento Garzón le entregó a la Procuraduría una declaración de 12 páginas en las que describió con detalle las operaciones encubiertas que llevaron a la desaparición, tortura y muerte de personas consideradas blancos y que tendrían información sobre actividades de la guerrilla. (Fiscalía negociaría con el 'eslabón perdido' del Palacio de Justicia)
En esa declaración mencionó a una docena de uniformados, entre ellos el general Álvaro Velandia, quien fue comandante de la Brigada.
De él dijo que conocía y había autorizado operaciones como la que llevó al secuestro, en 1987, de la guerrillera Nydia Érika Bautista Arellano, quien –aseguró– fue torturada en una finca durante dos días y “posteriormente la llevaron hacia el sector de Quebradablanca. Allí le dieron muerte”.
El sargento Garzón dijo que el oficial también estuvo enterado del caso de Irma Franco, también guerrillera del M-19 y una de las desaparecidas del Palacio de Justicia.
El general Velandia, un reconocido hombre de Inteligencia que hace menos de un año logró que el Consejo de Estado tumbara su destitución por la desaparición de Bautista, sería uno de los primeros en tener que dar explicaciones ante la Fiscalía por los casos de violaciones de los derechos humanos cometidos durante los años 80.
El sargento Garzón declaró contra uniformados adscritos al Batallón Charry Solano y al Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici). El jefe de esta última unidad era para esa época el general Iván Ramírez, que hace dos años fue absuelto por duda razonable en el caso del Palacio de Justicia. El caso está en apelación en el Tribunal Superior de Bogotá.
Aunque Garzón se retractó en 1996 y dijo que su declaración era parte de un ‘libreto’, la Fiscalía espera que con los beneficios que le está ofreciendo al exmilitar este acceda a declarar de nuevo.
Pero, señalan los fiscales que conocen su caso, hay varias pruebas claves de que Garzón sabía de los hechos: la principal de ellas, que fue su declaración la que sirvió para ubicar en 1990 los restos de Bautista.
REDACCIÓN JUSTICIA
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