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Foro del lector

29 de mayo 2013 , 08:15 p.m.

La Guajira, estratégica

Señor Director:
Advierte en momento apropiado su editorial ‘¿Qué pasa en La Guajira?’ (29-5-2013) que la zona norte del país, departamento de La Guajira, está desatendida. Ahora es el crimen organizado, en la que hace más de treinta años era zona de contrabando, el que hace de las suyas. Es una región privilegiada, con una de las explotaciones de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, con regalías embolatadas, atentados contra líneas férreas, secuestro de turistas, ataque contra la Fuerza Pública, menosprecio de la ley y el orden, que, si no se atiende y se margina del progreso, nos trae consecuencias nefastas a la nación entera.
Diego Casabianca Escallón

‘La justicia, de crucero’

Señor Director:
El caso de la presidenta de la Corte Suprema no debería quedarse en la simple explicación legal. Debe hacerse desde el punto de vista de la valoración de los cargos, para poder enfrentar el que usted llama “polémico régimen de privilegios” y “matar muchos pájaros de un solo tiro”: cortes, maestros, parlamentarios, concejales, diputados, FF. MM., Policía, Ecopetrol... La valoración de un cargo contempla los requisitos académicos (estudios, títulos, especializaciones), experiencia, funciones, condiciones laborales (riesgos, condiciones inseguras, jornada) y, de acuerdo con todo ello, se fija el salario (y el vehículo, y la escolta, y personal auxiliar). Por algo los magistrados pertenecen al grupo privilegiado con los mejores salarios del país. La señora Díaz no puede sacar a relucir que solo duerme cuatro horas, que no tiene tiempo para atender al novio... Absolutamente todas las condiciones en que se desenvuelve su empleo están contempladas en el salario asignado a su cargo. ¿Por qué una ley para establecer privilegios? ¿Por qué no una para acabarlos?
Vicente Cardona Grajales
Neiva

Las afirmaciones del Fiscal

Señor Director:
No sabe uno qué pensar ante las afirmaciones heréticas de quien ha sido procurador encargado, constitucionalista, penalista, como el fiscal Montealegre, al decir que la Procuraduría pierde el tiempo en los procesos penales. Además de ignorar olímpicamente el mandato constitucional del Ministerio Público, también lo hace con el capítulo V de la Constitución, que ordena a TODOS los ciudadanos colaborar en la administración de justicia, que es el sustento del Modelo Penal Acusatorio, pues, si la ciudadanía no denuncia, ¿cómo se puede iniciar un proceso judicial? La Procuraduría representa el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para que la ciudadanía pueda ejercer un efectivo control y exigir. No podemos dejar que ese derecho se politice por las circunstancias coyunturales de los alineamientos políticos de Procurador y Fiscal, en donde quieren situar estos intereses en contra del bien común.
Pedro Aja Castaño
Bogotá

¿No se ha hecho nada?

Señor Director:
El robo de celulares continúa y se hace cada vez más frecuente; quizás esto obedezca a que el mercado negro de estos sigue siendo atractivo y lucrativo para sus gestores (ladrones y comerciantes informales). Si hace cerca de dos años se anunció con bombos y platillos la implementación por el Gobierno de medidas legales y técnicas, además de acuerdos con otros países para frenar el mercado negro más allá de las fronteras, ¿por qué entonces este fenómeno subsiste?
Jaime Delgado Hernández
Bogotá