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La ley de tierras y la paz

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29 de mayo 2013 , 06:45 p.m.

En medio del frente frío que nos visita, el fin de semana pasado los colombianos despertamos con una excelente noticia: la mesa de negociación en La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc acaba de firmar el primer punto de la agenda sobre el tema agrario.

Sin demeritar el peso que tienen los otros puntos de la hoja de ruta, este quizás era el más complejo, debido a que la violencia política del país ha estado estrechamente ligada al problema de la tierra.

Al escuchar la noticia, no pude dejar de recordar la famosa ley de tierras (Ley 200 de 1936) que impulsó el presidente Alfonso López Pumarejo, y que planteaba la necesidad de otorgarles la tierra a los campesinos, así como la de facilitarles los recursos necesarios con el objetivo de elevar sus condiciones de vida y equilibrar las distancias odiosas que siempre han existido entre el campo y la ciudad. A esta ley se opusieron los terratenientes conservadores y liberales de la época, lo que generó en el país un estado de violencia permanente que aún no termina.

La ley de tierras de López Pumarejo, así como el paquete de leyes –entre las que figuraban la educación gratuita y obligatoria para los niños, el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, la reforma y autonomía universitaria y la ciudadanía a la mujer, periodo que se conoce como la Revolución en marcha–, era una ley reformista, que respetaba la propiedad privada de los terratenientes, dándole oportunidad al campesino pobre para que hiciera parte activa del proceso de modernización del país.

Esta reforma, que la hicieron desde el siglo antepasado países como Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra, en Colombia y América Latina, infortunadamente, se frustró, lo cual trajo como consecuencias la profundización del latifundio, el monopolio de la ganadería sobre la producción de alimentos, la explotación sin control del suelo y el subsuelo, la apropiación de la tierra en manos ‘non sanctas’, la venta indiscriminada de tierra a manos extranjeras y, por lo tanto, el despojo y pauperización del campesinado.

Si la ley de tierras de 1936 se hubiera aplicado a fondo en el país y no hubiera tenido la oposición cerril de la Asociación Patriótica Económica Nacional (Apen), liderada por los Uribe Vélez, los Lafaurie y los Ordóñez de la época, el país se hubiera ahorrado setenta años de violencia, un millón de muertos y por lo menos diez millones de víctimas.

El acuerdo sobre el primer punto de la Agenda de La Habana es histórico, y con seguridad abrirá el camino para que los otros cuatro temas de la hoja de ruta se diluciden con sabiduría e inteligencia, en aras de que Colombia se modernice y pueda ser en el siglo XXI un país en paz y con futuro.

Nota bene. La Universidad de Granada, de España, en convenio con la Universidad del Valle, de Colombia, en aras de contribuir desde la academia a la paz, creó el Doctorado Iberoamericano en Paz y Conflictos.

fabiomartinez2002@yahoo.com

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