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¿Por qué no hay ministros negros?

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28 de mayo 2013 , 05:11 p.m.

Uno de los aspectos que más me llamó la atención al leer el libro Esclavitud, abolición y racismo de José Ángel Carreras, un destacado historiador de la Universidad de La Habana, es el análisis que hace sobre los debates políticos que se dieron en la década de los años 30 del siglo XX acerca de las leyes contra el racismo y la discriminación en Cuba.

Debates que duraron un decenio y en la Constitución Política cubana de 1940 se declaró ilegal y punible toda discriminación por motivos de sexo, raza, color o clase, y otras manifestaciones en contra de la dignidad humana. Además, se consagró una serie de las sanciones para los infractores, y de paso se prohibieron las prácticas discriminatorias en la distribución de oportunidades de trabajo en la industria y en el comercio, una especie de reglamentación de lo que actualmente llamamos ley de cuotas en Colombia.

El caso cubano sirve para ilustrar cómo en un país como Colombia, donde nos ufanamos de ir a la vanguardia de los cambios mundiales, solo 71 años después de que una nación como Cuba legislara contra el racismo y la discriminación de la población negra, aprobamos una norma que penaliza estas prácticas, lo cual sucedió hace dos años.

Con el triunfo de la revolución hubo un cambio en la sociedad cubana que aceleró aún más estas prohibiciones. Este caso sirve para demostrar cómo Cuba, que fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud en América, fue a la vez uno de los primeros en abordar este tipo de legislación contra el racismo y la discriminación de la población negra.

Existieron, en aquella época en la sociedad cubana, sectores políticos y sociales progresistas que luchaban por una sociedad incluyente y para quienes la población negra era parte integral del tejido social del país. De allí se desprenden los interesantes estudios sociales que hay sobre la población negra y que son referentes de estudios similares en otros países de América Latina y el Caribe.

Soy de los que creen que el racismo y la discriminación no se combaten con leyes sino con educación y políticas estatales integrales de inclusión y equidad. Porque a veces, algunas normas, en lugar de integrar a determinados grupos sociales lo que se logra es fomentar más segregación y otras modalidades de racismos. Por eso no soy partidario de algunos proyectos de ley relacionados con asuntos étnicos, ya que más allá de los simbolismos y de las buenas intenciones que se expresan en ellos, lo que se requiere es voluntad política del Estado para desarrollar políticas de inclusión en beneficio de todos los segmentos de una sociedad, independiente de sus condiciones étnicas, religiosas o de otra índole.

La ley antidiscriminación que se aprobó en el 2011 se ha convertido en letra muerta, ni los jueces ni los fiscales saben cómo aplicarla y el proyecto de ley de igualdad de oportunidades que anunció hace dos años el presidente Juan Manuel Santos, similar al de la pigmentocracia que impulsó el exvicepresidente Francisco Santos, terminó archivado por petición del Gobierno.

Para nombrar un ministro negro, para otorgarles créditos a individuos afro, becas a estudiantes afro o construir una obra en un pueblo habitado por negros no se requieren leyes sino voluntad política. Sin voluntad política de los que controlan el régimen pueden existir miles de leyes y la situación económica, política y social de los negros seguirá siendo difícil en una sociedad desigual, clasista y excluyente como lo es la colombiana.

Porque en la conciencia de la mayoría de la población colombiana que se cree ‘blanca’ y superior, sobre todo en las élites que gobiernan y controlan el poder, siguen los rezagos de la herencia colonial donde a los negros y los indios se les mira como seres inferiores e incapaces, y por esos prejuicios étnicos no encontramos ni negros ni indios en altas dignidades del Estado y el sector privado.

jemosquera@une.net.co