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Más vale tarde que nunca

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26 de mayo 2013 , 02:43 p.m.

He dado lora en esta columna con la lentitud del gobierno de Juan Manuel Santos en la ejecución de obras públicas, en especial en infraestructura. Durante los dos primeros años de su mandato, esa locomotora era la más varada de todas. A mediados del año pasado, el Ministerio de Transportes y sus dos entidades claves, la Agencia Nacional de Infraestructura –que se ocupa de las concesiones– y el Invías –que ejecuta inversión pública vía licitaciones–, concluyeron un largo proceso de ajustes y lucían listos para arrancar.

Aun así, el balance del 2012 resultó lánguido: los proyectos heredados de la administración de Álvaro Uribe apenas recuperaban su ritmo, y las nuevas adjudicaciones solo ocurrían a finales del año. Para el 2013, las cosas lucen mejor. Más de 300 kilómetros de dobles calzadas están en marcha, de los cuales cerca de 60 estaban ejecutados al cierre del primer trimestre. En mantenimiento y rehabilitación, donde poco se venía haciendo, los contratistas van cumpliendo las metas para dejar reparados casi 900 kilómetros de carreteras. Y en cuanto a los corredores de la Prosperidad, buena parte de los contratos marcha a tiempo y es muy probable que, a finales del año, los constructores alcancen la meta de 140 kilómetros.

Poco a poco, la ANI ha ido desenredando los procedimientos para las alianzas público-privadas (APP): de 23 presentadas, 12 fueron rechazadas por insuficiente sustento, ocho están en estudio y tres avanzan en etapa de prefactibilidad. Hay además 900 kilómetros de trenes en licitación, tres nuevos puertos en construcción y media docena más a punto de arrancar.

En 2011, la inversión pública en infraestructura fue inferior al 1% del PIB. En el 2012, apenas fue del 1,16%. Si el ritmo del 2013 continúa, y gracias al impulso de las obras del Fondo de Adaptación –que al fin arrancaron– y de los proyectos de concesión en vías, puertos y aeropuertos, la cifra subirá por encima del 2%. Esta cifra sigue siendo insuficiente: los expertos consideran que ese indicador debe pasar del 3% y sostenerse así por décadas. Pero al menos la tendencia es buena.

La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, que tiene sobre sus hombros esta responsabilidad, enfrenta tres grandes obstáculos: la lentitud de los procesos de aprobación de licencias ambientales, un tema que viene mejorando; los líos en la adquisición de predios, que deben resolverse en gran medida con un proyecto de ley que avanza en el Congreso; y las consultas a las comunidades cercanas a una obra, un asunto muy grueso que obstaculiza algunos de los grandes proyectos y no tiene solución a la vista. De hecho, algunas interpretaciones jurídicas de los tribunales han ido al extremo de que las comunidades tengan que ser consultadas para el simple reparcheo de una vía.

Detrás de muchas de estas consultas hay avivatos que en cuestión de semanas aparecen con una comunidad antes inexistente, y consiguen el apoyo de alguna ONG urgida de fondos y de abogados listos a quedarse con su tajada. Al final, y después de muchas demoras, el Estado debe girar sumas significativas que se reparten sobre todo abogados y ONG, antes de dejarles unas migajas a las comunidades. Urge una reforma legal que agilice estos procesos y que, en todo caso, también debe ser consultada con las comunidades.

La economía no marcha del todo bien este año: la industria va en caída libre, el comercio avanza lentamente y las exportaciones están en descenso. Ojalá que los indicios de que la locomotora de la infraestructura por fin arrancó se confirmen, porque ese frente serviría para recuperar parte de lo que la economía pierda en otros campos, tanto en materia de crecimiento como de empleo. Es un tema tan crítico que el presidente Santos debería preocuparse por él tanto o más que por lo que ocurra en La Habana.

Mauricio Vargas
mvargaslina@hotmail.com