Archivo

La lucha de una madre para que su hijo drogadicto reciba tratamiento

Aunque por ley, las EPS deben garantizarlo, ese derecho parece quedar solo en el papel.

notitle
19 de mayo 2013 , 10:55 p.m.

Patricia Padilla sabe que su hijo menor, Dani, es drogadicto. Lo descubrió hace dos años, cuando él tenía trece. Una llamada del colegio en el que el niño estudiaba la alertó. Desde entonces, ni Dani pisa un aula de clase, ni Patricia volvió a trabajar. Ambos, empezaron a andar el camino de la rehabilitación. Él, reconociendo su enfermedad y ella, buscando la forma de remediarla. En eso han estado los dos últimos años.

“Siempre les dije a mis tres hijos que a la droga le dijeran que no, que ni por juego la probaran porque se podían hundir, quedar ahí”, cuenta. Pero Dani no escuchó. Y cuando apenas estaba iniciando el bachillerato, su adicción reventó. “Me llamaron del colegio, me dijeron que el asunto ya era grave, que lo encontraban en el baño consumiendo. Estaba mal académicamente, me recomendaron sacarlo”, relata Patricia. Y lo hizo. Decidió dedicarse a su hijo y buscar la manera de sacarlo del hueco en el que se estaba metiendo. “Preferí que perdiera un año de estudio y no toda su vida. Dejé mi trabajo y me concentré en estar con él”.

Dani estuvo encerrado en su casa durante un mes después de que su familia descubrió su adicción. “Si no lo dejaba salir, no podía consumir”, dice Patricia. Pero con el paso de los días, la ansiedad creció. Patricia sabía que tenía que buscar ayuda profesional.

“Fui a la Alcaldía. Allí se limitaron a decirme que mirara ofertas sobre el tema que había en una cartelera”, relata. Pero no era lo que ella esperaba. “Nos remitían a una casa llena de rejas, oscura, triste. Valía 700 mil pesos mensuales”. La familia de Dani no tenía con qué pagar. Patricia y su esposo trabajaron por cerca de 20 años en el Instituto de Seguros Sociales (ISS). Cuando lo liquidaron, él se dedicó a manejar un camión y ella a atender en un local de cabinas telefónicas, pero cuando descubrió la adicción de su hijo, se dedicó exclusivamente a él.

Patricia anda con una carpeta repleta de papeles. Va de arriba abajo con derechos de peticiones, tutelas, formatos, fórmulas. Lleva también la historia clínica de su hijo, al que no le duele un pelo, pero está diagnosticado con una enfermedad que exige un tratamiento integral a la farmacodependencia múltiple que padece y que, hasta ahora, pese al papeleo y los trámites que Patricia hace casi a diario, aún no logra recibir lo que la ley ordena.

“Antes de que por ley se incluyera en el Plan Obligatorio de Salud (POS) el tratamiento a adictos, visité muchos lugares, pero siempre me encontraba con lo mismo”, cuenta. Patricia se refiere a que siempre se encontraba con precios altos, altísimos. “Algunos llegan a los 30 millones de pesos”. Impagable. Imposible. Por eso creyó que con la Ley 1566 de 2012, acabaría su agonía y podría lograr que su hijo fuera atendido por su Entidad Promotora de Salud (EPS). Pero no fue así, pese a que la ley fue calificada en su momento de “histórica”, Dani aún no recibe tratamiento.

La espera ha sido larga. Cuando Patricia supo que por su EPS podría de una buena vez salir del calvario que había vivido tratando de encontrar un lugar donde su hijo recibiera tratamiento, se encontró con un camino difícil.

“Pedí cita con un sicólogo. Me la dieron para dentro de un mes. Cuando por fin llegó el día, la médica dijo que lo que tenía Dani no era tan grave, que era ‘una locura de estudiante’, que volviera a pedir una cita”, recuerda. Pero el asunto no era tan sencillo. A Dani ya le habían detectado una adicción. La próxima vez que volvió a ser visto por un médico fue por una intoxicación.

“Fue en una de sus recaídas. Estuvo grave. Lo llevamos a urgencias. El médico que lo vio, lo medicó con pastillas”. La IPS que lo atendió le formuló 60, la EPS le autorizó 10. “Y ahí hubo otra lucha”, cuenta.

Patricia recurrió a un derecho de petición en febrero pasado para exigir atención integral para su Pasaron doce días (tiempo que por ley debe ser contestado) y no hubo respuesta. “Mi motivación para hacer la solicitud se basó en que en diciembre, ante la intoxicación, le dieron la orden de ser internado y recibir un tratamiento integral intramural por tener farmacodependencia múltiple”.

En todo el proceso que la mamá de Dani lleva buscando que le cumplan los derechos a su hijo, este ha recibido un tratamiento de forma gratuita de una fundación que decidió ayudarlo. “Si no fuera por ellos, no sé qué habría pasado. Esto es muy duro, nadie sabe lo que se vive con un adicto que quiere salir de eso, pero que al que las ganas a veces no es suficiente”, cuenta Patricia, que insiste en decir que no se va a cansar hasta que, como debe ser, Dani sea atendido sin contratiempos. Decidió instaurar una tutela. “La adicción que presenta mi hijo lo ha llevado incluso a ingresar a las tenebrosas calles del cartucho lo que me motivó a buscar otras soluciones distintas a la de una consulta por siquiatría cada tres meses”, se lee el documento.

El 15 de abril se conoció el fallo de la tutela. “Por ser este tratamiento de alto costo, la accionante y su familia no se encuentran en condiciones de sufragar los gastos correspondientes, razón por la que solicita a través de este amparo constitucional que se tutelen los derechos fundamentales, ordenando a la accionada que se le brinde un cien por cuento de cobertura en el tratamiento de rehabilitación de su hijo, que fue prescrito por su médico tratante”, dice el fallo, que no tuvo respuesta de la EPS y que motivó a que el 26 de abril Patricia volviera a radicar un derecho de petición para exigir nuevamente atención. Hasta ahora, no ha tenido respuesta. Patricia insiste en pedir que no se mencione el nombre de la EPS. Dice que teme que se prolongue el proceso. Lo cierto es que como la de ella, decenas de familias siguen recurriendo a la vía judicial para garantizar el respeto a sus derechos.

¿Desconocimiento o negligencia?

Juan Manuel Galán (senador- Partido Liberal), quien empujó la ley que permitió la entrada al POS de los tratamientos, entre otros, a los adictos a las drogas, reconoce que falta pedagogía en el tema. “Hemos estado muy insistentes con el Ministerio de Protección Social para que este realice una reglamentación que ordena la ley y que está en mora. Con un decreto o con una resolución se reduciría la posibilidad de que nieguen el servicio”, dice Galán. Con esto, no quiere decir que hoy como está la ley no sea una obligación brindar el tratamiento integral, sino que “agilizaría más el trámite”.

Galán asegura que se está trabajando en una cartilla, que permita dar a conocer la ley, que beneficia principalmente a los menores de edad adictos. “Y no solo se trata de la atención a casos de intoxicación. También se incluye la rehabilitación integral”. No muy diferente piensa Aldemar Parra, coordinador del grupo de salud mental y droga del Ministerio de Protección Social. Según él “la principal razón que obstaculiza el proceso es el desconocimiento (…) las EPS tienen un discurso aprendido y es el que niega ese tratamiento dentro del POS, como ocurría antes de que ser aprobada la ley y donde no había una directriz que permitiera garantizar el tratamiento”, sentencia.

El balance, sin embargo, según Parra es positivo. “Colombia es uno de los pocos países de la región que reconoce que los problemas derivados del consumo de droga corresponden a un problema de salud pública”, dice. Asegura además que en el país se calcula que existen 300 mil personas con problemas de consumo de drogas, de las cuales menos el 10 por ciento demanda el servicio de tratamientos. “Hay que recordar que la ley es clara en decir que solo serán atendidas los pacientes que de manera voluntaria quieran someterse al tratamiento”, advierte.

Según el representante del ministerio, el monto que exigiría el cubrimiento está garantizado de acuerdo a cuántas personas demandarían el servicio durante todo el año. Es decir, esa tampoco sería una excusa válida para la EPS negaran el cubrimiento.

“Debe ser garantizado, pero en caso de que no lo sea, las personas pueden acudir a la acción de tutela, poner una queja en la Superintendencia Nacional de Salud o acudir a los comités de usuarios que existen en las EPS”, señala Parra.

Patricia Padilla sigue esperando respuesta de la EPS. Mientras tanto, va y viene tratando de buscar cómo recuperar lo que la droga se alcanzó a llevar de Dani, su hijo menor.

Sally Palomino C.
salpal@eltiempo.com
Redacción ELTIEMPO.COM