Archivo

Garanticemos que cada joven cuente

notitle
11 de mayo 2013 , 09:30 p.m.

El Banco Mundial indica que la falta de atención a la realidad juvenil en los países de América Latina genera una incidencia negativa en la productividad nacional que corresponde en promedio al -1,4% del PIB.

Esta es una de las discusiones más profundas que requiere darse en el país. ¿Qué están pensando nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo, reconociendo que si bien pueden existir esfuerzos, estos no son los suficientes y, como lo muestran las cifras de delincuencia juvenil en varios casos, está llegando primero la oferta ilegal que la legal? ¿Quiénes y cómo asumimos esta responsabilidad?

El 50% de muertes violentas en el país corresponden a jóvenes entre 15 y 29 años. Únicamente las que fueron por suicidio corresponden al 10 %; casos recientes como los suicidios en la Universidad de los Andes, el de jóvenes indígenas en la Amazonia o los suicidios inducidos (donde se les entierra vivos) por la negativa ante el reclutamiento forzado, como han denunciado en Buenaventura, son preocupantes.

En materia de homicidios, en centros urbanos como Bogotá, Cali, Medellín o Cartagena, el mayor porcentaje (55-60%) corresponde a jóvenes, muchos que se habían denominado la generación sin cédula, porque sabían que su vida iba a terminar antes de los 18 años.

Los informes recientes sobre las redes ilegales urbanas muestran el crecimiento de la delincuencia juvenil. En Medellín, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social informa que existen 350 ‘combos’ que involucran entre 8.000 y 10.000 miembros, el 40% menores de edad. En Cali, la Personería informa que existe una tendencia creciente en el surgimiento de pandillas: en 1992 existían 10, hoy 134 (algunas de ellas correspondientes a los estratos 5 y 6), y de seguir esta tendencia, para el año 2022 existirían 201.

Por otra parte, el caso del sistema penitenciario y los centros de reclusión de adolescentes son alarmantes. Según el Inpec, casi el 50% de las 117.000 personas en el sistema penitenciario están en el rango de edad comprendido entre los 18 y los 29 años.

El Observatorio del Bienestar de la Niñez informa que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en septiembre del 2012 registraba 24.005 adolescentes, con un incremento promedio anual del 13,8%.


Los dos casos muestran la pérdida en la productividad del país (e.g. cada adolescente en un centro de reclusión cuesta 1’200.000 pesos al mes), no solo por no prevenir, sino por no reducir y corregir con un enfoque integral el rumbo de quienes delinquen.

No solo son las condiciones del hacinamiento en los centros de reclusión, sino las debilidades estructurales en las políticas sociales que acompañan un proceso de rehabilitación y reintegración. ¿Cuáles son las oportunidades para que esta masa de jóvenes, tanto en el sistema penal adolescente como en los centros carcelarios, cambie el rumbo en la mitad de su vida y se conviertan en los ciudadanos que necesitamos?

Las transformaciones sociales no se dan por ósmosis, o son solo temas relativos a la pobreza o al control militar. Si bien la infancia es muy importante, la juventud es el periodo crítico donde se definen el proyecto de vida y la ciudadanía activa. Sin una juventud formada, empoderada y ocupada en construir el país que queremos, no hay paz sostenible ni prosperidad equitativa.

Así como el país le ha apostado al tema de infancia, hoy, con sentido de emergencia, debe apostarle también a la renovación de su apuesta por sus jóvenes, uno a uno. Necesitamos garantizar que cada joven cuente.

Paula Moreno Zapata
Presidenta de la Corporación Manos Visibles
info@manosvisibles.org