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Reforma política territorial

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03 de mayo 2013 , 06:50 p.m.

No es fórmula única, pero es parte importante de lo que debemos hacer, porque el conflicto que padecemos hunde sus raíces en la tierra: el inequitativo reparto de la propiedad agraria y la lucha por el ejercicio del poder a nivel regional y local.

Por ello, el ejercicio territorial del poder político y administrativo del Estado por quienes se reinserten y ganen democráticamente alcaldías y gobernaciones es tema obligado de todo proceso de paz.

Para que buen número de subversivos se reincorporen a la vida ordinaria de la nación cuentan las posibilidades ciertas y reales que se ofrezcan a quienes tengan vocación política y quieran presentar sus ideas y propuestas sobre el servicio público y la manera de lograr el bienestar colectivo.

Para conseguirlo, es necesario crear las condiciones que les permitan defender, dentro de la ley, sus proyectos y de tentar al menos parte del poder público.

Como no hay puestos en el Gobierno ni curules en el Congreso para todos los que se reinserten, deben crearse y consolidarse espacios, distintos de los nacionales, verdaderos centros de poder, que faciliten la realización de las aspiraciones políticas que hayan contado con el favor popular.

Que antiguos comandantes y militantes de la guerrilla, después de desmovilizarse, sean elegidos alcaldes y gobernadores, particularmente en las regiones que de hecho han controlado y que, por ello, consideran históricamente suyas, tiene que hacer parte del postconflicto. Si es el “precio” que el país debe pagar para lograr la esquiva paz, puede decirse que “la sacaríamos barata”.

Infortunadamente, los municipios y departamentos que hoy tenemos no son escenario válido para los efectos anotados, porque buen número de ellos han caído en manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como mafias políticas, a tal punto que para vastos sectores de opinión la descentralización se volvió sinónimo de politiquería y corrupción.

El remedio para esta anómala situación no es de carácter administrativo ni fiscal, porque municipios y departamentos, mal que bien, tienen competencias y recursos que les permiten cumplir aceptable y positiva gestión en favor de las comunidades que gobiernan. El problema que tienen es político.

Los empoderamos administrativa y fiscalmente, pero no cambiamos las reglas de juego para acceder al poder, ejercerlo y controlarlo. Lo que se necesita, entonces, son reglas de juego que garanticen a nivel regional y local que el poder se gana en competencia libre y transparente, se ejerce de manera honesta y eficiente y se controla por organismos y sociedad civil organizada, mediante instrumentos que efectivamente evitan y sancionan los abusos de los elegidos.
Reglas que le pongan pueblo a la descentralización, porque, por los desencantos que produce, cada día es más pobre la participación ciudadana en la vida pública de las entidades territoriales.

Con otras palabras, la reforma política territorial que se requiere con urgencia debe ser puente de plata para la consecución de la paz. Como el Congreso no la ha hecho, porque no puede comprometer cacicazgos y baronatos electorales que son mayoría en las cámaras, debe incluirse en la agenda de La Habana, que no puede reducirse, en razón de lo anotado, a la definición de la suerte judicial y las posibilidades políticas de los negociadores de las Farc.

También tienen derecho a tratamiento especial sus cuadros medios y sus combatientes rasos, ¿o es que estos últimos no se desmovilizarán?