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No descuidar la actividad económica

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02 de mayo 2013 , 04:45 p.m.

Las indicaciones que existen de que durante el primer trimestre del año se ha acentuado la desaceleración de la economía hacen necesario que el Gobierno abra un frente de atención a la actividad económica y de preservación de las condiciones favorables a la inversión y a la generación de empleo, más allá del plan de impulso (Pipe), que no va a un acelerador suficiente.

La variable que tendría el mayor impacto en estas circunstancias de baja inflación y abundancia de crédito relativamente barato sería poner vigorosamente en marcha el plan ya establecido de inversión pública en infraestructura.

El Gobierno tiene en sus manos la herramienta anticíclica más efectiva para contrarrestar las tendencias que apuntan a un menor crecimiento, pero no ha logrado o decidido remover los elementos que impiden un mayor nivel de ejecución de la inversión pública con la que se conseguiría inducir un aumento más rápido de la productividad y del producto, dos frentes en los que se debe actuar sin demora.

El Gobierno controla dos de los tres factores que se oponen hoy en día a hacer realidad el plan de inversión de infraestructura, que son el exceso de celo de las autoridades ambientales y el perfeccionismo de la Agencia Nacional de Infraestructura, en donde por razones válidas, pero no necesariamente oportunas, se prefiere lo mejor a lo que solamente es bueno.

El respeto a lo ambiental es algo que en el pasado se subordinaba excesivamente a los argumentos utilitarios y por eso se cometieron costosísimos errores, pero hoy se ha movido el péndulo en la dirección opuesta y prima lo ambiental sobre cualquier consideración práctica.

Un modelo menos radical es indispensable para hacer las obras públicas que se tienen que concluir con urgencia, y esto solamente parece posible en las actuales circunstancias si desde el más alto nivel se establecen ciertas prioridades y se da la orden de echar para adelante proyectos que hay que terminar, como la carretera al Pacífico y la Ruta del Sol.

Algo similar ocurre con los conceptos favorables de las comunidades nativas. Son derechos consagrados en la Constitución que hay que respetar, pero que no necesariamente implican que todo el país quede subordinado a sus prejuicios o a sus valores o que esos derechos sean utilizados como elementos de chantaje.

Hay que garantizarles a la minorías estos derechos, pero en forma razonable y sin que para hacerlo haya que sacrificar los de los demás habitantes y la satisfacción de las necesidades básicas más urgentes.

En el campo de la infraestructura, la minería y la generación de energía también parece haber problemas regulatorios y ausencia o exceso de gobierno. Guillermo Perry dice en su artículo del domingo pasado en este diario que la locomotora minero-energética, la única que alcanzó a funcionar, se está parando por culpa de la Creg y de la indecisión del Gobierno. Por ahí ronda la idea de expedir una ley que le daría poder al Gobierno para cancelar los contratos de concesiones vigentes y que pararía en seco cualquier concesión nueva.

Las alianzas público-privadas para realizar proyectos de inversión en infraestructura no progresan porque el Gobierno no utiliza los diseños propuestos por los privados, que es una de la ventajas de este sistema, sino que está esperando a desarrollar sus propios diseños.

Es muy decepcionante observar cómo los sectores más promisorios para generar riqueza y desarrollo económico a corto plazo, como son el de infraestructura, la minería y la ampliación de la frontera agropecuaria, han sido objeto de violenta oposición, mala prensa o de desatención y ausencia de iniciativa del sector público.