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Editorial: Frente a los menores infractores

22 de febrero 2013 , 08:00 p.m.

El asesinato de un joven de 13 años a manos de otro de 16 hace pocos días en Bogotá, según versiones por haberse negado a darle 200 pesos, se ha sumado a episodios similares ocurridos en los últimos meses y ha servido para volver a poner en la palestra el siempre sensible y complejo asunto de los menores delincuentes.
Como es bien conocido, a comienzos de la década pasada el país se enfrentó a un aumento de los índices de criminalidad juvenil, situación que obligó a replantear los mecanismos legales entonces existentes. Fue así como en el 2006 se dio un giro a la política criminal en este campo por cuenta de la Ley 1098, que introdujo el Código de Infancia y Adolescencia. El nuevo marco normativo estableció, entre otros, que, salvo en casos de homicidio, extorsión y secuestro, ningún menor de edad pudiera ser privado de su libertad. Con esto se pretendía restarle énfasis al castigo y abrirle las puertas a una política protectora, educativa y restaurativa que permitiera darles una nueva oportunidad a niños y adolescentes ante la sociedad.

Ha transcurrido más de un lustro después de su aprobación y son numerosas las señales que invitan, por lo menos, a discutir si las herramientas que incluye son las adecuadas.

No es difícil constatar el aumento de los casos de organizaciones criminales de distinto perfil que recurren a menores como carne de cañón en fechorías que pueden ir desde el hurto simple hasta acciones terroristas, como el atentado contra el exministro Fernando Londoño. Aquí, por cierto, poco efecto parece haber tenido la reciente reforma del Código Penal, que les endurece las penas a quienes recurran a menores para la comisión de delitos. Pero no todos los niños y adolescentes que ingresan al mundo del crimen están bajo la directa coacción de un mayor.

Una investigación reciente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes llevó a cabo un riguroso análisis de estadísticas de delitos de los últimos años en Colombia y arrojó elementos que deben ser incorporados a la discusión.
Los resultados señalan que, en el caso de los hurtos, estos aumentaron luego de entrar en vigencia la mencionada ley, en particular en aquellas ciudades donde es más grande la población entre los 14 y los 18 años y por debajo de este rango. Algo que no ocurrió con los homicidios, que siguieron siendo objeto de castigo con privación de la libertad.

También muestran una disminución del número de los menores pertenecientes a este rango de edad detenidos por la Policía. Las estadísticas les permiten plantear a los autores que la ley pudo haber tenido un efecto no esperado: reducirles los costos de involucrarse en actividades al margen de la ley. Tal panorama habría hecho que las autoridades bajaran la guardia en la persecución de quienes se encuentran en este rango de edad, conscientes de la laxitud de las normas.

De otro lado, llama la atención que las cifras presentadas indiquen un cierto aumento de la deserción escolar justo entre estas edades, que coincide con la entrada en vigor de la ley, lo que sugiere una posible relación entre ambos factores.

Son conclusiones que, sin duda, generarán controversia. Es de recalcar que, al tiempo que sugieren sanciones más severas, subrayan la importancia de la educación. Por eso, el debate, que sin lugar a dudas necesita darse, debe considerar que los bajos costos a la hora de enrolarse en el crimen son una realidad tan palpable como la de que de nada sirve una resocialización si, al terminar, los menores regresarán al mismo contexto conflictivo que los llevó al delito.