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Los contratos que enredan a las cúpulas del Acueducto y la Uaesp

Claves de la investigación de Procuraduría contra 5 funcionarios por el esquema de aseo de Bogotá.

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
En nueve folios, la procuradora delegada para la Moralidad Pública, María Consuelo Cruz, sustentó la apertura de investigación disciplinaria contra el gerente del Acueducto de Bogotá, Diego Bravo; y al menos tres directores de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp): Guillermo Asprilla, Henry Romero y Nelly Mogollón, vinculados a la aplicación del esquema de basura que el Distrito implementó a partir del 18 de diciembre del año pasado.
En la decisión, que conoció ELTIEMPO.COM, se evaluará la actuación de Asprilla, quien emitió urgencia manifiesta y celebró, el 7 de marzo del 2012, contratos de concesión por seis meses con los operadores privados Lime, Aseo Capital, Ciudad Limpia y Atesa para la recolección de basura en Bogotá.
Estos contratos de concesión fueron prorrogados el 16 de agosto del 2012 por Carolina Abusaid, directora (e.) de la Uaesp, por un término de tres meses contados a partir del 18 de septiembre del 2012. En el auto se ordena abrir otro proceso para determinar si dichas ampliaciones están ajustadas a la ley.
Después de esto aparece Henry Romero, quien firmó el 11 de octubre del 2012 un contrato interadministrativo con el Acueducto, cuyo gerente es Diego Bravo, en el que entrega “la gestión y la operación de nuevo servicio público de aseo en Bogotá”, así como garantizar la inclusión de la comunidad recicladora en el esquema, tal como lo ordenó la Corte Constitucional.
Por su parte, el Ministerio Público evaluará las actuaciones de Nelly Mogollón cuando, después del 18 de diciembre, el Distrito volvió a contratar con los operadores privados para garantizar la recolección de basura en Bogotá. Básicamente, se estudiará si fue legal o no la declaración de urgencia manifiesta para firmar contratos con las operadoras Lime, Ciudad Limpia, Atesa y Aseo Capital entre el 18 y 22 de diciembre pasados.
En el caso del gerente del Acueducto, Diego Bravo, la Procuraduría analizará la invitación pública que hizo por 80.000 millones de pesos para la adquisición de maquinaria y equipos de la prestación de servicio de aseo. De hecho, se ordenó abrir otra investigación para determinar si esa contratación cumple con las normas.
Así mismo, se evaluará el contrato, tasado en 116.000 millones de pesos, que firmó Bravo el 4 de diciembre con Aguas Capital para prestar el servicio de recolección por cuatro meses y 14 días.
Con todo, el Ministerio Público evaluará la legalidad de la contratación que se dio en el último año y si todas las medidas que se tomaron por el Distrito estaban dirigidas a cumplir, a corto plazo, la inclusión de la población recicladora.
Las pruebas que se ordenaron
Para llevar a cabo la investigación se solicitó a la Uaesp, entre otros puntos, que informe sobre todos los contratos y los convenios desde marzo del 2012 que estaban dirigidos a la inclusión de la población recicladora, así como el cumplimiento de metas del esquema.
De igual manera, se solicitó que se informe todas las acciones de publicidad para “que el 100 por ciento de la población de Bogotá conozca el programa de Basura Cero”. También, cuál ha sido el cumplimiento de las metas de sostenibilidad del esquema.
Finalmente se le solicitó al Grupo de Asesores Anticorrupción para que revisen las actas de nombramiento, las hojas de vida y el salario devengado por el gerente del Acueducto y los diferentes directores de la Uaesp, y a la Procuraduría de la Función Pública se les solicitó los tres informes de seguimiento al esquema que ha enviado a la Corte Constitucional.
La Procuraduría aclara que por los mismos hechos hay dos procesos abiertos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y a Aguas de Bogotá.
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
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