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Controlarán sobrecostos en predios comprados para el plan río Bogotá

Así lo anunció este lunes el director de la CAR de Cundinamarca, Alfred Ignacio Ballesteros.

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18 de febrero 2013 , 08:03 p.m.

Según el director de esa Corporación Autónoma Regional, el organismo tomó varias medidas para evitar que sigan presentándose posibles irregularidades en la construcción de unidades sanitarias y compra de predios para el plan de descontaminación del río Bogotá.

Para frenar esos hechos, que estableció la Contraloría General y los informó EL TIEMPO, Ballesteros dijo que los alcaldes municipales tendrán dos requisitos obligatorios para que la CAR apruebe la compra de los terrenos.

La Corporación les exigirá que los avalúos sean hechos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Y así los alcaldes lleven esa certificación, la CAR verificará el precio con un ingeniero catastral inscrito en la Lonja de Propiedad Raíz.

"Con los hallazgos fiscales que hizo la Contraloría no se va a aceptar cualquier avalúo", manifestó.

En cuanto a las unidades sanitarias, por las cuales la Contraloría dijo que la CAR estaría incurriendo en un detrimento patrimonial por 2.327 millones de pesos, Ballesteros dijo que la Corporación no construirá ni una obra más de ese tipo.

La Contraloría evaluó que algunas unidades sanitarias, como las hechas en Villapinzón, La Mesa y Chocontá, tuvieron "incrementos injustificados" hasta del 91 por ciento.

"En el plan de acción quedó claro que no se harán esas unidades, porque solo benefician a unas pocas familias. En cambio, es más prioritario construir plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar) para los municipios", expresó Ballesteros.

De 104 municipios en Cundinamarca, solo 45 tienen estas plantas para tratar las aguas residuales que caen al río Bogotá.

Ballesteros agregó que la CAR viene investigando los presuntos sobrecostos hallados por la Contraloría en esas unidades y los terrenos.

Por otro lado, el director de la CAR afirmó que ya no opera ninguna Ptar en el departamento, al responder también señalamientos de la Contraloría en el sentido de que la Corporación operó ilegalmente 21 plantas de tratamiento por cuatro años, lo que habría generado un detrimento patrimonial por 19.011 millones de pesos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

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