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Abren indagación por polémica compra de 100 motos eléctricas

Proceso en contra de Manrique Soacha fue abierto el pasado 21 de enero, según Distrito.

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17 de febrero 2013 , 09:18 p.m.

César Augusto Manrique Soacha, exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito (FVS), afronta una indagación preliminar por cuenta de la polémica compra de 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana, cuestionada por la Contraloría Distrital y por la actual gerente del FVS, Natalia de la Vega Sinisterra, quien busca tumbar dicha adquisición.

Así lo informó Augusto Ocampo Camacho, jefe de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor, quien señaló que el proceso en contra de Manrique Soacha fue abierto el pasado 21 de enero.

El funcionario -que en la actualidad ocupa el cargo de director del Servicio Civil Distrital- rindió una versión libre de los hechos, el pasado 15 de febrero.

EL TIEMPO reveló presuntos sobrecostos y una supuesta adjudicación a dedo del millonario contrato, suscrito con la firma Northbound Technologies S. A., el 27 de agosto del año pasado, por 4.357 millones de pesos, cuando Manrique Soacha era el gerente encargado del FVS.

Ocampo Camacho señaló que este proceso es uno de los 20 que su oficina ha abierto en el último año en contra de toda clase de funcionarios y exfuncionarios de la Administración Distrital. En el listado figuran actuales secretarios de despacho, gerentes de hospitales, de entidades y funcionarios del gobierno de Samuel Moreno Rojas.

'Este ejercicio no era usual'

Uno de los casos que están en etapa de investigación, según pudo establecer este diario, tiene que ver con presuntas irregularidades cometidas por Henry Romero Trujillo, exdirector de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), que aún trabaja en dicha entidad.

Ocampo Camacho explicó que "no era usual" que la propia Administración Distrital adelantara investigaciones internas sobre los comportamientos de al menos 800 empleados sobre los que él tiene competencia. "Posiblemente estos procesos no sean bien recibidos por parte de algunos empleados, pero el objetivo es cumplir con un mandato constitucional", agregó.

En el despacho de Ocampo Camacho también se proyectan las decisiones disciplinarias sobre los miembros del gabinete, que en primera instancia llevan la firma del alcalde Gustavo Petro y que, posteriormente, podrán ser apeladas ante la Procuraduría General. No obstante, el funcionario sostuvo que "no todos los casos que se investigan conducen necesariamente a sanciones".

REDACCIÓN BOGOTÁ

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