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Así se mueve el 'carrusel' de la contratación en Bogotá

Indagan nexo de Julio Gómez con un miembro de junta de la Cámara de Comercio.

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09 de febrero 2013 , 11:00 p.m.

Las autoridades echaron a andar la segunda fase dentro del llamado expediente del ‘carrusel de la contratación’ en el Distrito que apunta a ampliar el foco de la investigación a más de 25 personas.

Ahora se quiere establecer si el saqueo al IDU, a través de contratos direccionados que terminaron en manos del Grupo Nule, se calcó con otros constructores en las alcaldías locales, en los hospitales y, particularmente, en el proyecto San Victorino Cielos Abiertos y en la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Testimonios en poder de la Fiscalía señalan que un grueso grupo de personas –entre ellos 15 cabildantes y excabildantes– se confabularon para aprobar normas en el Concejo y millonarias vigencias futuras que estaban amarradas a obras ya asignadas a un ‘cartel’ de firmas amigas.

El contratista Julio Gómez, preso hace 26 días por este escándalo, empezó a confirmar parte de esa información, en un intento por obtener beneficios judiciales. (Lea: Julio Gómez no irá a La Modelo y permanecerá en búnker de la Fiscalía).

A él ya se le preguntó si es cierto que, para obtener los contratos de construcción de los hospitales de Meissen, Centro Oriente y Tintal, contó con la bendición y participación del exconcejal Hipólito Moreno y del cabildante liberal Jorge Salamanca, como señalan algunos implicados.

“En esos contratos figura Carlos Augusto Ramírez Gómez, miembro principal de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá”, dice uno de ellos.

Ramírez es un joven constructor, representante de Obras y Diseños S.A. Esa empresa aparece en los consorcios con los que Julio Gómez se ganó varios contratos, bajo la lupa de las autoridades.

EL TIEMPO intentó hablar insistentemente con Ramírez, pero no respondió los mensajes que se le dejaron para que aclarara esa versión.

Los políticos Moreno y Salamanca también son mencionados en una supuesta aprobación concertada de las vigencias futuras que se usaron para ejecutar la malla vial de Bogotá, cuyos contratos ya tendrían dueño, entre ellos los Nule.

“Moreno, junto con los concejales Orlando Parada, Andrés Camacho y Severo Correa, también controlaban la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento de Malla Vial y beneficiaron a los contratistas Julio Gómez y Manuel Sánchez”, dice uno de los testimonios que la Fiscalía confronta.

Salamanca le admitió a EL TIEMPO que los investigadores ya le preguntaron por las supuestas votaciones amarradas en el Concejo. Pero negó cualquier concertación. Igual hicieron en los interrogatorios los demás concejales mencionados, aunque algunos admitieron conocer a los contratistas beneficiados.

Orlado Parada, por ejemplo, le admitió a este diario ser amigo de Manuel Sánchez, a quien se le atribuye participación en la torta de los contratos.

Pero negó haber ubicado a sus hermanos (Nubia y Marcelino Sánchez) en contralorías locales y en la Personería. También negó la influencia y control que le atribuyen en el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito y que Sánchez sea un gran contratista.

Acueducto, en la mira

Pero algunos exconcejales terminaron entregando información clave sobre otro ‘carrusel’ en el Acueducto de Bogotá.

Uno de ellos es el excabildante Rafael Escrucería, del PIN, quien dijo que fue en esa entidad donde se concentró principalmente la corrupción, que aún no se ha destapado.

El gran negocio se concentra en la compra de predios y en la asignación de contratos de obra. Una ficha de un grupo de concejales habría sido ubicado en la Dirección de Predios para inflar los precios de los bienes que el Acueducto necesitaba y para repartir las ganancias. El otro foco corrupto lo explicó Escrucería.

El Acueducto contrata más de 70.000 millones de pesos cada tres días, en obras directas e indirectas. Y todos esos contratos son a dedo. Aunque son pequeños, si una empresa obtiene 50, estamos hablando de 25.000 millones de pesos, que ya son una suma jugosa”, dijo en la Fiscalía.

Después de esa declaración, en su partido nadie volvió a saber de él, no responde llamadas y no se sabe si seguirá entregando datos sobre el tema.

San Victorino

Por ahora, Julio Gómez está ofreciendo dar detalles de cómo se asignaron los contratos para la construcción del Megaproyecto San Victorino Cielos Abiertos, en el que aparecen mencionados el exdirector del IDU y de la Empresa de Renovación Urbana, Néstor Eugenio Ramírez, y el contratista Emilio Tapia.

“Julio Gómez ha bautizado ese capítulo como ‘la murga de Panamá’ porque dice que al menos un implicado está en ese país”, asegura una persona enterada del caso.

Si el acuerdo con Gómez se consolida y si el contratista Emilio Tapia y el abogado de los Nule, Álvaro Davila (también presos), siguen el mismo camino, la Fiscalía tomaría decisiones de fondo en los próximos días.

Concejales niegan nexos

Parada y Salamanca rechazan señalamientos

Jorge Salamanca negó que Martha Orostegui (excontralora delegada en salud) y Carlos H. Ibáñez (exsubdirector para fiscalización en localidades) fueran cuotas suyas, aunque dijo que le sonaban sus nombres. Orlando Parada dice que los señalamientos en su contra son simples especulaciones y que no conoce al 80 por ciento de las personas por las que la Fiscalía le preguntó. Ni Hipólito Moreno ni Eugenio Ramírez respondieron las llamadas de EL TIEMPO.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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