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Editorial: Sobre un impedimento

01 de febrero 2013 , 07:29 p.m.

Como si en la discusión en la Corte Constitucional sobre el espinoso tema de las pensiones millonarias a cargo del erario público faltaran más polémicas, un conjuez deberá definir si existen o no motivos para que el magistrado auxiliar Alexei Julio se aparte del debate. ¿La razón? Él aspira a estar en la terna del Consejo de Estado de la que debe ser elegido por el Congreso el reemplazo de su exjefe, el magistrado Humberto Sierra Porto.

Y si la Corte Constitucional, como lo esperan el Gobierno, la Contraloría y la mayoría del país, decide imponerles el techo de 25 salarios mínimos a las megapensiones, incluso a las ya concedidas, se produciría un reversazo de fondo frente a la línea que marcó en los últimos años, precisamente, el Consejo de Estado.

El magistrado Julio le planteó a la Sala Plena de la Corte el eventual impedimento, adelantándose por minutos a una recusación que ya le venía en camino. Y aunque su trayectoria profesional y académica -fue uno de los mejores bachilleres del país y alumno aventajado de Derecho en el Externado- lo pone a salvo de toda duda, sí es un hecho que su interés de ser uno de los candidatos del Consejo de Estado ha terminado por ser un ruido en el trascendental debate jurídico. Incluso, en la audiencia pública convocada para escuchar las diferentes posiciones sobre las jubilaciones millonarias hubo alusiones al tema.

En estricto derecho, tal impedimento no está llamado a prosperar. No podría pensarse que un hombre que ha dedicado su vida a las leyes pueda ceder a esas presiones y, menos aún, que en el Consejo de Estado se pensara en aprovechar la situación para mantener a salvo una línea jurisprudencial. De hecho, el mismo Consejo de Estado acaba de negarse a aumentar las pensiones pedidas por un excongresista y la viuda de otro más, apartándose de posiciones como las del exmagistrado y hoy procurador Alejandro Ordóñez y la del actual consejero Víctor Alvarado, que terminaron dejando en firme beneficios aún más amplios en el ventajoso régimen de pensiones de exmagistrados y excongresistas.

Así, lo que procede es que la Corte siga adelante y tome cuanto antes una decisión que podría ser histórica en materia de defensa del interés general y de la equidad social.

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