Vida

Supersalud acepta a regañadientes fallo a favor de Manexka

El superintendente dijo que respeta pero no comparte el amparo que brindaron a la cuestionada EPS.

El superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz Araújo

El Superintendente Nacional de Salud, Luis Fernando Cruz Araújo, comenzó ayer la entrega de los bienes a los representantes del Cabildo Mayor Regional del pueblo Zenú y Embera Katío.

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Supersalud

20 de noviembre 2017 , 06:25 p.m.

Un nuevo capítulo de la intervención a la EPS indígena Manexka se presentó ayer luego de que la Superintendencia Nacional de Salud revelara que acata el fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba, que ordenó iniciar el proceso de entrega a líderes de la comunidad Zenú y Embera Katío los bienes de la cuestionada aseguradora.

El superintendente encargado, Luis Fernando Cruz Araújo, aseguró que si bien es respetuoso del ordenamiento jurídico y, en ese sentido, comenzó ayer la entrega de los bienes a los representantes del Cabildo Mayor Regional del pueblo Zenú y Embera Katío, desde la entidad continuarán “realizando una estricta supervisión a la red de prestación de servicios para la población afiliada y el uso de recursos”.

Esta EPS, que cuenta con 210.000 afiliados en 18 municipios de Córdoba y Sucre, fue intervenida con fines de liquidación el 27 de marzo por la Supersalud después de los hallazgos obtenidos a través de una auditoría forense, en donde se evidenció una defraudación a los recursos públicos.

Según argumentó en su momento el entonces superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, entre los principales hallazgos que motivaron la decisión estaban la venta de inmuebles de propiedad de la EPS Manexka a la IPS indígena del mismo nombre por 600 millones, sin que el valor de dicha transacción se evidenciara en los registros contables. A estos inmuebles se les realizaron mejoras por valor de 240 millones existiendo únicamente una promesa de compraventa entre las dos entidades.

Dicha EPS, de acuerdo con la Superintendencia, tampoco entregó información sobre el origen de financiamiento para la adquisición de la sede en la que actualmente funciona y que, de acuerdo con los libros contables, asciende a 2.900 millones de pesos.

Sin embargo, la aseguradora acudió a los tribunales y presentó una acción de tutela que fue fallada a su favor y que le ordenó a la Superintendencia suspender los efectos de la resolución de liquidación. Por el desacato, el superintendente Muñoz estuvo incluso a punto de ser enviado a la cárcel.

Cruz Araujo apuntó, no obstante, que presentó una solicitud a la Corte Constitucional para que revisara en última instancia el fallo que ampara a la EPS y esta será estudiada para decretar un último capítulo en la novela.

“Pedimos que mientras se resuelva de fondo se suspenda el cumplimiento de lo ordenado por el tribunal, que es el traslado de regreso de los pacientes, porque seguimos haciendo hallazgos e irregularidades en temas administrativos, financieros y técnico científicos”, explicó el superintendente (e).

REDACCIÓN SALUD

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