Salud

El Gobierno ya tiene dientes para excluir a colados del sistema

Planeación Nacional puede sacar directamente a quienes le hacen trampa a la herramienta.

Sisbén

La depuración de la base de datos permitió detectar 457.000 fallecidos no reportados, cifra que se redujo a 120.000 en 2016.

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Jaiver Nieto / EL TIEMPO

08 de mayo 2017 , 05:13 p.m.

La expedición de un nuevo decreto, el 441 de marzo del 2017, le entregó al Sisbén valiosas herramientas para la solución de algunos puntos de su problemática actual.

Así las cosas, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), esta norma presenta varias ventajas, entre ellas que hace explícitas las responsabilidades de los niveles de Gobierno, lo que ayuda a ordenar el proceso del Sisbén y mitiga el riesgo de que la información de la base de datos sea manipulable. De igual manera define unos procedimientos de control de calidad.
Si bien el decreto también crea la obligación de mantener la información actualizada, impone un límite a las solicitudes de reencuesta, para evitar lo que ha venido sucediendo de que si alguien la requería se la hacían cuantas veces la pidiera.

En esa práctica, si al usuario no le convencía el puntaje alcanzado, iba y solicitaba una nueva encuesta, y así sucesivamente todas las semanas, hasta lograr el puntaje que quería. Eso, según el DNP, genera costos importantes y es un desgaste operacional innecesario.

Ahora, Planeación Nacional tiene la posibilidad de depurar directamente casos como los de los fallecidos que no son reportados.


En este caso, hoy, la entidad solo puede hacer el cruce con la base de datos del Ministerio de Salud –que identifica a quienes están reportados como fallecidos– y reflejar esa información en su base, que luego es enviada a la alcaldía correspondiente, la cual debe verificar la información.

Si es así, tiene que retirar los fallecidos de la base de datos local y después devolverla al DNP. Todo este proceso supone un trámite largo, puesto Planeación no puede tocar la información que está en el Sisbén.

No obstante, el nuevo decreto agiliza el proceso al permitirle al DNP, si el cruce con el Minsalud confirma que la persona está reportada como fallecida, hacer el retiro de inmediato y notificarlo al ente territorial.

Otro punto clave de la norma es la obligación a las entidades del Estado de utilizar solo los registros validados del Sisbén; hoy es discrecional del programa social respectivo decidir si usa los registros validados o los invalidados.

Cruce con otras bases

En la actualidad, la información del Sisbén se cruza apenas con dos bases externas: el Fosyga (manejada por el Ministerio de Salud) y la Unidad General de Pensiones y Parafiscales (UGPP).

Pero, el nuevo decreto abre la posibilidad de intercambiar información con otras bases de datos sin necesidad de un convenio, con lo que se facilita la consulta de 24 bases de datos.

Esto permite confrontar información clave, como la reportada por el sector financiero y los ministerios de Educación, Salud, Trabajo, Vivienda y entidades como Prosperidad Social, Registraduría, Colpensiones y el Igac, entre otros.

En general, ese cruce de datos se realizará con todas las entidades del Estado, lo que amplía exponencialmente la información a la que el Sisbén tiene acceso.

Con herramientas como las mencionadas será más fácil y acertada la detección de quiénes les hacen trampa a la encuesta del Sisbén, para poder retirarlos
directamente.

En septiembre del 2015, Planeación Nacional contabilizaba 650.000 personas con inconsistencias de información en la base de datos del Sisbén, la mayoría de ellas reportadas como fallecidas, pero luego del trabajo conjunto con las entidades, dichas inconsistencias se redujeron a 283.000, con corte a diciembre del 2016. En el caso de los fallecidos no reportados se pasó de 457.000 a 120.000.

El contrato social

Otro asunto que la gente tiene la idea de que por el hecho de actualizar la información del Sisbén, puede quedar por fuera de esta base de datos. Pero eso no es así, pues se trata de una encuesta y no de un programa social.

Pensando en eso, se propuso en el Conpes 3877 del 2016 crear la figura del ‘contrato social’, que es un acuerdo entre los programas sociales y las personas para garantizar la permanencia por un tiempo fijo, sin importar los cambios de puntaje que se puedan presentar durante ese periodo, siempre y cuando no exista fraude.

Por ejemplo, si una persona va a ser beneficiaria de un programa, se debe acercar a él y allí se verifica el cumplimiento de los criterios de selección. Si los reúne, entra a este. Es en ese momento cuando se acuerda un periodo de atención, que se cumplirá independiente de que en ese lapso el beneficiario mejore su casa y eso le suba el puntaje en el Sisbén.Al término del plazo, se vuelve a evaluar a la persona para ver si aún requiere de la atención, pero si no es así se le da paso a alguien que lo necesite más.

Habrá sanción para el fraude y la politiquería

La nueva versión del Sisbén, a diferencia de las tres anteriores, no solo busca la consolidación de una plataforma en la que la verificación de la información de los encuestados sea totalmente confiable, sino que además puede acarrear duras consecuencias para quienes manipulen irregularmente la base de datos o suministren información falsa.

Incluso, el ‘castigo’ puede ir más allá de la simple exclusión del sistema de la persona que intente burlar la base de datos.

De hecho, la reforma establece que los casos más graves sean llevados ante la Fiscalía o la Procuraduría, si se trata de un servidor público.


Así, las personas implicadas enfrentarían cargos por falsedad en documento público, un delito que según el Código Penal da penas de 16 a 108 meses de prisión para los ciudadanos. Para los funcionarios públicos involucrados, la pena estaría entre 80 y 180 meses de prisión.

Las inconsistencias con la información empezaron a registrarse desde los inicios del Sisbén, en 1995. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no tenían mecanismos para procesar a los responsables.

Los casos más frecuentes en los que los ciudadanos suministran información falsa es sobre la situación económica, el tipo de vivienda en la que residen, los ingresos y el nivel de escolaridad.

También han sido varias las situaciones en las que políticos prometían incluir personas en el Sisbén, con un puntaje muy bajo, para que pudieran beneficiarse de programas sociales; incluso, se detectó que algunos funcionarios cobraban por disminuir dichos puntajes.

Eso llenó de colados al Sisbén. Por ejemplo, en el 2016, Planeación Nacional detectó 135.756 casos de personas que devengaban más de 3,8 millones de pesos al mes y aún así tenían puntajes bajos en la base de datos. Ese año se identificaron 384.000 colados en total.

¿Cuándo alguien puede ser excluido de la base?

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) puede sacar directamente de la base de datos del Sistema de identificación de potenciales beneficiarios (Sisbén) a las personas que fallecieron y no fueron reportadas a la misma por sus familiares.
Y si una persona aparece en las bases del Sisbén de varias ciudades, esta también podrá ser retirada directamente. Solo debe quedar en una de ellas.

Otro de los casos en los que se puede retirar a las personas son los que presentan inconsistencias en la información sobre el tipo de vivienda, los ingresos, entre otros, siempre y cuando se realice previamente un proceso de verificación de la información.

En los casos en que se sospeche que hubo fraude en la información, la persona o el hogar involucrados pueden ser suspendidos del Sisbén y el caso se remitirá a la Fiscalía, para la respectiva investigación por el delito de falsedad en documento público. Mientras se resuelve la situación jurídica, estas personas no podrán acceder a ninguno de los beneficios de los programas sociales que ofrece el Estado.

De llegarse a comprobar el fraude por la autoridad judicial o administrativa, la persona responsable quedará excluida del Sisbén por un tiempo determinado –que dependerá de la gravedad de los hechos–, y con ello perderá la posibilidad de beneficiarse de los programas sociales.

Cabe recordar que la norma exige a las entidades estatales utilizar solamente los registros validados para establecer a los potenciales beneficiarios de sus programas.

EL TIEMPO

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