Religión

Arzobispo de Medellín enredado por recomendación a sacerdote pederasta

La recomendación a un sacerdote pederasta que enreda al arzobispo de Medellín

Ricardo Tobón

Ricardo Tobón, actual Arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín.

Foto:

Javier Agudelo / Archivo EL TIEMPO

15 de junio 2018 , 06:41 a.m.

El 18 de mayo renunciaron ante el papa Francisco 34 obispos chilenos por el caso del obispo José Barros, quien encubrió y protegió por años al sacerdote pederasta Fernando Karadima.

Este escándalo tiene similitudes con el caso del padre Roberto Cadavid, de la Arquidiócesis de Medellín, quien después de pasar de una a otra parroquia abusando de niños terminó trabajando en dos parroquias en Estados Unidos con el permiso y la recomendación de su arzobispo, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, luego de que este mismo lo suspendió de su ministerio, en 2012, por denuncias de pederastia. En la Diócesis de Brooklyn aún no salen del asombro por esa recomendación del arzobispo, más cuando en Estados Unidos, tras los escándalos del 2002, no se dan el lujo de cometer errores.

¿Qué pasó en Chile?

El padre Fernando Karadima (87 años) abusó de menores de edad desde 1980 en uno de los barrios más exclusivos de Santiago. En 2003, el cardenal Francisco Errázuriz recibió los primeros señalamientos públicos, pero disuadió al denunciante de la queja contra el sacerdote y solo tres años más tarde, tras la insistencia de la víctima, envió el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Ciudad del Vaticano.

En 2010, cuatro hombres denunciaron al sacerdote, por lo que fue condenado por el derecho canónico a “una vida en oración y penitencia”.
Aunque la justicia penal reconoce que el sacerdote cometió delitos, decidió no condenarlo porque los hechos ya habían prescrito.

Sin embargo, el problema para Francisco no fue Karadima, sino el obispo de Osorno, Juan Barros, de 61 años, quien tenía estrechos vínculos con este —fue su seminarista y su dirigido espiritual por más de 40 años— y encubrió sus abusos sexuales. Siendo secretario del cardenal Juan Francisco Fresno, Barros recibió, en 1984, las primeras denuncias, las cuales “rompía”, como le dijo a BBC Mundo Juan Carlos Cruz. Incluso va más allá el denunciante al asegurar: “Juan Barros estaba parado ahí cuando me abusaban a mí. No me lo contaron, me pasó”.

Juan Barros estaba parado ahí cuando me abusaban a mí. No me lo contaron, me pasó

El papa Francisco visitó Chile en enero de 2018, y el obispo Barros estuvo presente en tres de sus ceremonias. El prelado ha defendido su inocencia y el papa, en aquel momento, lo apoyó públicamente desafiando a las víctimas: “El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia”.

Al llegar al Vaticano y después de conocer “nueva información”, el sumo pontífice envió una comisión a Chile para investigar a fondo las acusaciones contra el obispo Juan Barros, que por años habían sido tratadas como rumores. Al finalizar la pesquisa, en abril, el papa invitó a la Santa Sede a los denunciantes de Karadima y Barros y les reconoció haber cometido “graves equivocaciones de valoración” frente a los señalamientos contra el obispo.

En mayo, Francisco invitó a todos los obispos chilenos a un retiro en Roma en el que les presentó los resultados de la investigación que hizo el Vaticano. Fue tan devastador el informe de diez páginas que, al otro día, los 34 obispos renunciaron para dejar que el papa “decida libremente por cada uno de nosotros”.

Luego de conocerse las primeras denuncias públicas contra Karadima, en 2010, el obispo Juan Barros se convirtió en su principal defensor y les pidió ayuda a otros obispos para que lo respaldaran ante la opinión pública. Lo hicieron. Su episcopado y el de los obispos de Puerto Montt, Cristian Caro, y de Valparaíso, Gonzalo Duarte, terminó este 11 de junio cuando el papa les aceptó la renuncia.

Un caso similar en Medellín

El padre Roberto Cadavid es un sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín de 57 años, 29 de los cuales han sido dedicados al sacerdocio. En 1998 fue nombrado párroco de la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Bello, y rector del colegio parroquial que lleva el mismo nombre. Allí estuvo hasta 2005, cuando tuvo que salir custodiado por la policía por denuncias de pederastia. Una de las dos familias de los menores, según una fuente de la investigación ‘Dejad que los niños vengan a mí’, de La W, negoció una millonaria conciliación con el sacerdote para acallar la denuncia ante las autoridades civiles.

A pesar de las graves acusaciones y de la escandalosa salida del padre Cadavid de Bello, el arzobispo Alberto Giraldo lo nombró párroco en Santa Ana, en la comuna 3 de Medellín, y rector del colegio parroquial Pablo VI. De allí salió en 2012 por lo mismo: denuncias por pederastia, las cuales no impidieron que fuera nombrado en una de las parroquias más codiciadas en Medellín, donde agregó más nombres a su lista de víctimas.

¿Qué opinan el alcalde de Medellín y su secretario de Educación sobre la forma como se usan los recursos públicos, desde un colegio privado, para acallar a víctimas de sacerdotes pederastas?

Monseñor Ricardo Tobón llegó a Medellín en 2010. Mantuvo el nombramiento del padre Cadavid Arroyave en Santa Ana, a pesar de que tuvo que haber sido informado del caso al posesionarse. Al conocer nuevas denuncias contra el sacerdote en 2012, lo retiró de la parroquia y lo suspendió. Meses más tarde, le dio permiso y lo recomendó para trabajar en la Diócesis de Brooklyn. El sacerdote aterrizó en noviembre de 2012 en Nueva York.

En entrevista con La W, el primero de marzo de 2018, el arzobispo Tobón reconoció que suspendió al sacerdote una vez le llegaron denuncias por pederastia. Aseguró también que no sabía que Cadavid estaba en Estados Unidos y que de saberlo le habría informado al obispo de la diócesis en la que el sacerdote estuviera que estaba suspendido de su ministerio.

El obispo de Brooklyn, monseñor Nicholas Anthony DiMarzio, se quedó esperando esa advertencia y, por el contrario, le envió a La W el contenido de las dos cartas, una de 2012 y otra de 2015, en las que monseñor Tobón recomendó y autorizó al padre Roberto Cadavid, ya suspendido por acusaciones de pederastia en dos parroquias de Medellín, para trabajar en esa diócesis. Solo el año pasado, el arzobispo Tobón le contó a su colega estadounidense que el sacerdote había sido expulsado de la iglesia. De inmediato, monseñor DiMarzio lo devolvió a Colombia. Ahora, Cadavid vive en una de sus cómodas fincas.

El 28 de marzo de 2018, EL TIEMPO publicó uno de los cheques con los que el padre Cadavid concilió con una de sus víctimas. El dinero salió de la chequera del colegio Pablo VI, donde fue rector. Según el monaguillo, con 88 millones compraron su silencio.

Este colegio es privado, pero recibe recursos públicos al ser de cobertura estudiantil. Esto significa que la alcaldía le paga al colegio por educar a cientos de niños de bajos recursos económicos de la comuna 3.

Del escandaloso caso quedan varios interrogantes: ¿Qué opinan el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y su secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, sobre la forma como se usan los recursos públicos, desde un colegio privado, para acallar a víctimas de sacerdotes pederastas?

¿Por qué dijo el arzobispo Tobón en una entrevista que no sabía que Cadavid estaba en Estados Unidos, cuando en verdad lo recomendó y lo autorizó para trabajar en ese país? ¿Y por qué el único sacerdote de Medellín condenado por la justicia por acceso carnal y abuso a menores de 14 años, el padre Mario Castrillón, fue encontrado inocente por el derecho canónico y después de pagar su condena fue enviado a una cómoda parroquia y a un lujoso hospital de El Poblado, en Medellín?

Contra Roberto Antonio Cadavid Arroyave existió un proceso en la Fiscalía que fue archivado, como tantos otros. Factores como el dinero, las presiones y la dificultad de las víctimas para pagar un abogado, pues todas son de escasos recursos económicos, hacen que las denuncias no lleguen a un juez de la República y que sean resueltas por el derecho canónico. El archivo de una investigación por pederastia en la Fiscalía, como lo demuestra el caso del padre Cadavid, no prueba la inocencia de un sacerdote, sino la inoperancia del sistema judicial colombiano para investigar a presuntos religiosos pederastas, quienes, apelando al Concordato de 1973 y a la fidelidad de sus feligreses, evaden la justicia penal y siguen ejerciendo su ministerio con la venia de sus superiores.

Siguiendo el ejemplo de los obispos chilenos, ¿renunciará el arzobispo de Medellín, tras encubrir y proteger al sacerdote pederasta Roberto Cadavid?

JUAN PABLO BARRIENTOS
Especial para EL TIEMPO

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