Religión

El ‘viacrucis’ de la Iglesia católica chilena por los curas pederastas

Los últimos casos de abusos sexuales reabrieron la herida que dejó el caso del sacerdote Karadima.

Iglesia católica chilena

Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago, anuncia renuncia de 34 obispos en la Catedral de la capital chilena tras regresar de la reunión urgente en el Vaticano.

Foto:

Claudio Reyes / AFP

02 de junio 2018 , 10:07 p.m.

A mediados de 2015, hace casi tres años, se estrenó ‘Spotlight’ en el festival de Venecia (Italia), una película sobre una investigación periodística real del diario ‘Boston Globe’ que sacó a la luz 249 casos de curas pedófilos en la arquidiócesis de Boston (Estados Unidos).

Ahora, la historia se repite en Chile. Gracias a las pesquisas de unos periodistas del Canal 13 que la semana pasada denunciaron supuestos abusos sexuales de curas a menores de edad en la Diócesis de Rancagua, en el centro del país. El reportaje implica a más de una decena de sus clérigos, varios de los cuales hacían uso de las redes sociales para acercarse a niños y jóvenes, y dio cuenta de la existencia de una red de encubrimiento meticulosamente fraguada, llamada ‘La familia’.

La retransmisión del reportaje generó la suspensión de 14 sacerdotes, aunque solo uno por supuestos delitos sexuales contra menores (el padre Luis Rubio). La Fiscalía, por su parte, inició una investigación penal por eventuales delitos sexuales contra menores, indicaron las autoridades en rueda de prensa.

‘La familia’ operaba desde hacía 10 años valiéndose de la relación de confianza que fraguaba con los feligreses más jóvenes, entre los 15 y los 29 años. De acuerdo con la investigación, algunos sacerdotes llegaron incluso a pagar a los menores para mantener relaciones sexuales con ellos.

Los curas se apoyaban en una estructura jerárquica bien definida para encubrirse los unos a los otros. A la cabeza de esta red de pederastas estaba ‘la abuela’, cuya identidad no ha trascendido; por debajo le seguían ‘las tías’, ‘las sobrinas’, ‘las hijas’ y ‘las nietas’.

La situación no era desconocida para los altos mandos de la Diócesis. Alejandro Goic, obispo de la zona y presidente del Consejo de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal desde 2011, reconoció ante las cámaras de Canal 13 que conocía los hechos desde hacía un año. “Quizá no hemos sido lo suficientemente diligentes para resolver situaciones que ahora empezamos a conocer”, dijo. Debido a las presiones, Goic terminó renunciando a su cargo al frente del Consejo el sábado 26 de mayo.

Para el gobierno de Sebastián Piñera, en palabras de su portavoz Cecilia Pérez, estas denuncias “son de máxima gravedad”. La funcionaria hizo un llamado al papa Francisco para inaugurar una “nueva etapa” en la Iglesia católica de Chile perseguida por las acusaciones de pederastia desde hace años.

Sin embargo, y a pesar del llamado de las autoridades chilenas, lo más probable es que el Vaticano opte por medidas poco drásticas en relación con el futuro de estos 14 curas: “mantenerlos en el cargo, trasladarlos de parroquia o retirarlos de por vida”, indica un experto en historia de la Iglesia católica que pidió que su nombre no apareciera en este artículo. Según le dijo a EL TIEMPO, la suspensión de los sacerdotes de Rancagua es una medida cautelar que les impide desempeñar cualquier actividad religiosa de cara al público, como la confesión o la ceremonia de la eucaristía. Eso, subraya, mientras la Santa Sede en el Vaticano decide qué hacer con ellos, y añade que en el derecho canónico los delitos prescriben a los 20 años.

Quizá no hemos sido lo suficientemente diligentes para resolver situaciones que ahora empezamos a conocer

Años de escándalos

Pero el caso de Rancagua es solo una gota más en un vaso que hace rato se rebosó. La sociedad chilena lleva años escuchando sobre escándalos de abusos sexuales a menores –y posterior encubrimiento– que involucran a miembros de su Iglesia católica.

Días antes de la suspensión de los 14 curas de Rancagua, el 18 de mayo, 34 obispos chilenos –31 en funciones– presentaron su renuncia en bloque tras ser llamados personalmente por el papa Francisco a una reunión de urgencia de tres días en el Vaticano.

Las razones que llevaron a esta depuración del episcopado chileno tienen nombre y apellido: el obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir los abusos sexuales a menores de Fernando Karadima, expárroco del Sagrado Corazón de Jesús El Bosque, en el área metropolitana de Santiago de Chile.

Karadima fue uno de los hombres más influyentes de la fe católica en el país: a él acudían personalidades de la élite chilena para confesarse o en busca de guía espiritual. Fue, además, el mentor de una vasta generación de obispos y curas durante décadas.

El sacerdote fue condenado en 2011 por la justicia canónica a retirarse de por vida de sus funciones, acusado de la violación sistemática de al menos tres jóvenes feligreses provenientes de familias conservadoras de Santiago. Karadima no pasó un solo día en prisión porque sus crímenes, cometidos entre 1981 y 1995, prescribieron ante la justicia ordinaria chilena. A sus 87 años, vive recluido en un hogar de la congregación Santa Teresa Jornet, ubicado en Lo Barnechea, en la provincia de Santiago.

Barros, el intocable

Durante su visita a Chile, en enero de 2018, el papa Francisco defendió a ultranza a Barros. Incluso llegó a tachar las acusaciones de encubrimiento en su contra de “calumnias” en diferentes actos públicos y misas. “No hay una sola prueba en su contra”, declaró a medios locales.

Las palabras del Pontífice no calaron bien en la sociedad chilena, que organizó protestas masivas que se extendieron durante toda la visita papal. Las tres víctimas más conocidas de Karadima –James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz–, que llevan años reclamando justicia, exigieron la destitución inmediata de Barros y la retractación del Pontífice.

Finalmente, gracias en parte a la presión que ejerció la opinión pública en las calles de Chile, el papa Francisco tuvo que rectificar. Lo hizo en el avión de vuelta a Roma, donde pidió perdón por “las graves equivocaciones de valoración de la situación”.

Ya en el Vaticano, Francisco dio un paso más para esclarecer la implicación de Juan Barros en el caso Karadima. Primero, invitó a Hamilton, Murillo y Cruz a reunirse con él en la Santa Sede. Después, dio órdenes de iniciar un proceso de investigación sobre los abusos sexuales cometidos por los representantes de la Iglesia católica en Chile.

Charles Scicluna, arzobispo de Malta, fue el encargado de la tarea. Considerado el mayor experto en crímenes sexuales al seno de la Iglesia católica, fue quien dirigió la investigación que condujo a Benedicto XVI a sancionar al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, por sus crímenes de pederastia.

Scicluna viajó en febrero de este año al país andino acompañado del sacerdote español Jordi Bertomeu para reunirse con víctimas de abuso sexual de Karadima y esclarecer si, efectivamente, el obispo de Osorno era conocedor de los delitos del expárroco.

La investigación del arzobispo de Malta fue recogida en un informe de 2.300 páginas –contaba con 64 testimonios–, cuyo contenido ha desembocado en la purga de los 34 obispos chilenos, entre ellos Barros, casi cuatro meses después.

“Ahora creo poder afirmar que todos los testimonios recogidos hablan en modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas y les confieso que ello me causa dolor y vergüenza”, indicó el Papa en una carta tras conocer el informe de Charles Scicluna que no se ha hecho público.

“Ojalá el Papa les acepte las renuncias a todos porque ninguno, durante mucho tiempo, fue capaz de golpear la mesa. Todos entraron en un juego narcisista del poder que se mira a sí mismo”, declaró a un periódico chileno José Andrés Murillo tras conocer la noticia de la renuncia de los 34 obispos. Este diario se puso en contacto con él y con Juan Carlos Cruz, pero ninguno quiso hacer declaraciones al respecto.

Según la AFP, que cita a fuentes religiosas, lo más probable es que, de los 34 presbíteros que renunciaron, el pontífice sustituya a Juan Barros, obispo de Osorno; Horacio Valenzuela, obispo de Talca; Tomislav Koljatic, obispo de Linares, y el auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga. Los cuatros son discípulos del influyente Karadima.

El Vaticano informó este miércoles que Scicluna y Bertomeu viajarán de nuevo a Chile, pero esta vez solo a la diócesis de Osorno, la de Barros, para “avanzar en el proceso de reparación y sanación de las víctimas de abusos”. Quizá después de ese viaje –y de las nuevas pruebas recabadas–, el Papa tome una decisión frente al futuro de Juan Barros.

los menores de edad callan por vergüenza y cuando deciden hablar, ya de adultos, el delito ha prescrito.

Iglesia en crisis

Dicen los expertos consultados que la renovación de la Iglesia católica chilena es inevitable y debe ser inminente, si no quiere seguir perdiendo adeptos y credibilidad. La renuncia de los 34 obispos podría entendida como un gesto para lograr este fin.

Según el último sondeo de Latinobarómetro (enero, 2018), Chile es el país de América Latina que más desconfía de la institución –un 64 por ciento de la población–. En 21 años, desde 1996 a 2017, la credibilidad de la Iglesia cayó un 44 por ciento. También es la nación de Latinoamérica que tiene la peor valoración del papa Francisco, con un promedio de 5,3 de un máximo de 10.

Para Marta Lagos, directora de la organización detrás del sondeo, los casos de abusos sexuales a menores han tenido un fuerte impacto en la valoración negativa de la institución, indicó durante la presentación del informe. De hecho, solo el 44 por ciento de la población chilena se declara católica, de acuerdo con la encuesta, frente al alto porcentaje de fieles que suman países de la región como Colombia (73 por ciento) o México (80 por ciento).

Gerardo Barbosa, abogado penalista y profesor de la Universidad Externado de Colombia, indica que este tipo de crímenes generan mucho malestar social por ser los perpetradores religiosos de quien se espera un comportamiento ejemplar.

“Son delitos meticulosamente planeados por los abusadores, que suelen escoger niños con perfiles frágiles y algún tipo de dependencia, ya sea por edad, por condición social o familiar”. Y añade que se realizan en circunstancia de clandestinidad absoluta, donde el único testigo suele ser la víctima, por lo que probar el hecho se vuelve también muy complejo. Otro de los problemas, asegura, es que, los menores de edad callan por vergüenza y cuando deciden hablar, ya de adultos, el delito ha prescrito. “Posiblemente estemos ante la punta del iceberg”, concluye.

JULIA ALEGRE BARRIENTOS
Redacción Domingo
En Twitter: @JuliaAlegre1

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