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Medio Ambiente

‘Hay que prohibir que eleven solicitudes de exploración en Amazonia’

Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente.

Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente.

Foto:Claudia Rubio / ELTIEMPO

El ministro Luis G. Murillo está convencido de que Colombia debe apostarle a la economía verde.

Son tiempos complejos para la cartera ambiental, de eso no hay duda. En un caldero se están cocinando temas que van desde la deforestación y el cambio climático hasta el posconflicto y el auge de las consultas populares a lo largo y ancho de Colombia.
Sin embargo, al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, le toca cumplir con los compromisos internacionales a los que nos suscribimos como nación y poner como prioridad la misión de su despacho: “Proteger los recursos naturales renovables, asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano”.
La tarea no es sencilla. Por un lado, el Gobierno propone para el próximo año una reducción en el presupuesto ambiental, pasando de 632.000 millones de pesos a tan solo 232.000 millones para todos los retos que se vienen. Y, por el otro, el acaparamiento de tierras, los cultivos de uso ilícito, la infraestructura, los incendios forestales, la minería ilegal y la ganadería extensiva siguen arrasando el bosque. El año pasado tuvimos la cifra más preocupante en los últimos seis años: perdimos 178.597 hectáreas (ha).
Lo cierto es que Murillo tiene muchos planes y varios programas que ya están marchando, como Visión Amazonia, Banco2, Bosques de Paz y Pago por Servicios Ambientales. El ministro, según dice, le quiere apostar a un futuro amigable con los ecosistemas y la gente que vive de ellos.
Le voy a ser sincera. A mí me impactaron las cifras de deforestación que arrojó el Ideam, pero me preocupó más la foto que usted mostró sobre solicitudes de exploración en la Amazonia. Es un escenario desalentador...
Esa imagen es impactante, tiene razón. Sabía que alguien se iba a fijar en eso (risas) e iba a causar revuelo.
La verdad es que nosotros, como país y como Gobierno, tenemos que tomar decisiones. La primera es simple: tomamos la decisión de conservar la Amazonia, es un compromiso con Colombia y con la comunidad internacional que nos está financiando y compensando de acuerdo con los resultados que tenemos; y también nos comprometimos en el acuerdo de paz con las Farc a estabilizar la frontera agrícola.
Si eso es así, no podemos permitir que se generen actividades o de infraestructura, o de extracción de recursos naturales que nos profundicen frentes de colonización dentro de la Amazonia. Entonces, el país tiene que pensar seriamente en prohibir y no permitir que ni siquiera se eleven solicitudes, porque tendrán que ser negadas; de lo contrario, es la fórmula perfecta para no poder cumplir ninguno de los compromisos que adquirimos.
Ahora, si el país dice que no quiere cumplir con eso, que en realidad prefiere otra estrategia, pues nos vamos a la estrategia de Brasil, que les apuesta a frentes de colonización controlados. Pero hay que decidirlo, entonces.
Mapa del MInisterio de Ambiente sobre el número de solicitudes de exploración en la Amazonía, región más deforestada del país.

Mapa del MInisterio de Ambiente sobre el número de solicitudes de exploración en la Amazonía, región más deforestada del país.

Foto:Minambiente

¿Cuáles son las otras decisiones que habría que tomar?
En materia de transporte, se tiene que pensar en modelos multimodales para la conexión de la Amazonia. El modelo tradicional de la vía terciaria ya no nos funciona, y esto también se aplica a la región del Pacífico. En esa zona del país, de conservación de bosque natural, las actividades tienen que ser para generar crecimiento económico verde, enfocadas en la protección y restauración; cualquier otro proyecto no se podrá hacer. Es así de sencillo.
Los gobernadores tienen que asumir el papel de jefes de la lucha contra la deforestación y la conservación. Pero ellos tienen que tener incentivos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ya nos clasifica cuáles son los municipios y departamentos más vulnerables y amenazados. Así que podríamos hacer con ellos lo mismo que hacen países como Alemania, Noruega e Inglaterra con nosotros: si demuestran que están disminuyendo la deforestación, estas gobernaciones y alcaldías deberían recibir dinero.
También hay que mejorar mucho nuestra capacidad de investigación, judicialización y castigo de las redes criminales y personas que se dedican a la deforestación. La tesis que tenemos es que hay unas redes criminales, sobre todo en Guaviare, que están acostumbradas al lavado de activos. Por un lado hacen ganadería, pagan para talar el bosque, y al mismo tiempo avanzan en los frentes de colonización con toda la expectativa de quedarse con esas tierras.

También hay que mejorar mucho nuestra capacidad de investigación, judicialización y castigo de las redes criminales y personas que se dedican a la deforestación

La gente está pidiendo, a través de las consultas populares, otro tipo de modelos de desarrollo económico diferentes a la minería. Más allá de lo jurídico, ¿a usted qué mensaje le envían estos procesos?
El primer mensaje es que las comunidades han tomado muy en serio la protección de sus recursos naturales vitales, especialmente el del agua. Segundo, las comunidades quieren que su voz sea escuchada y quieren participar en la toma de decisiones de manera legítima. Y tercero, que estamos en deuda de dar un debate nacional sobre el papel que juega la industria extractiva en lo que se refiere al equilibrio entre las necesidades de crecimiento económico y las necesidades de desarrollo social y protección de nuestro patrimonio natural.
Sin embargo, estas consultas populares deben hacerse con información y evidencia técnica que refleje el mejor conocimiento sobre estos temas, pues muchas veces son debates emocionales.
Hay que hacerlas muy bien para que no sean usadas por personas que realmente no tienen intereses en la conservación del recurso hídrico, sino, más bien, intereses político-electorales. Después, las comunidades pueden lamentar sus decisiones, pues la minería legal y bien hecha es posible en el marco del ordenamiento del territorio, donde, con base en las determinantes ambientales y la estructura ecológica principal, se decide dónde se puede y dónde no hacer minería.
Gracias al monitoreo del Ideam, pudimos corroborar que la Ciénaga Grande de Santa Marta está mal y perdió 3.000 hectáreas de manglar. ¿Por qué se demoraron tanto en ingresarla a la lista de Montreux?
Lo que determinamos es que, por su estado crítico, porque prácticamente está en la sala de cuidados intensivos, las respuestas y soluciones sobrepasan la capacidad regional y se requiere un liderazgo del orden nacional, en un espacio interinstitucional de coordinación.
Hay una confusión ahí. En el 2015 pedimos una comisión para que evaluara lo que nosotros ya habíamos descubierto; ellos revisaron nuestra información, hicieron tres sobrevuelos y validaron lo que siempre hemos dicho: la ciénaga está mal, eso nadie tiene que repetirlo. Lo sabemos.
En ese sentido, nos hicieron nueve recomendaciones, las cuales ya estamos implementando y a las que tenemos que ponerles acelerador. La incluimos en la lista de Montreux porque les da tranquilidad a nuestros aliados, porque tenemos el acompañamiento y la experticia de los expertos Ramsar y porque garantiza cierta continuidad en los procesos que adelantemos.
¿En cuánto tiempo aspira a que esté recuperada?
Yo le apunto a tres años. Sin embargo, es un plan al 2030.
¿Las obras de la doble calzada Ciénaga-Barranquilla no la podrían afectar? Los expertos dicen que sí...
Esa obra es muy importante para la región. La mayor posibilidad de adaptación que tiene la comunidad global frente al cambio climático es la inmensa inversión en infraestructura, por eso tenemos que lograr que las obras que va a desarrollar el país durante los próximos años apunten a las metas de adaptación.
Aquí hay varias tendencias, incluso ideológicas, de aquellos que creen que los ecosistemas ni siquiera deberían tocarse, pero ese es un debate de país que tenemos que dar. La ciénaga ya está intervenida y disminuyó su capacidad de resiliencia. La doble calzada hay que hacerla adaptada a las condiciones de la ciénaga y a los escenarios de cambio climático.
¿Cómo va el decreto que busca trazar la hoja de ruta para el desarrollo del ecoturismo dentro de las áreas protegidas?
Me reuní con varias personas que me dieron una propuesta, pero la dejé ahí. No la he movido mucho porque aparecieron otras prioridades.
¿Entonces todavía no tiene la contrapropuesta?
Tengo una. La estoy revisando.
¿Y cuándo la presenta?
No sé.
Parece incomodarle el tema...
TATIANA PARDO IBARRA
@Tatipardo2
Redactora de EL TIEMPO
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